Los jueces, fiscales, funcionarios del gobierno porteño, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia que participaron del vuelo privado y la estadía VIP en Lago Escondido «deberían ser citados a declaración indagatoria y procesados», aseguró a Télam el abogado denunciante Marcelo Hertzriken Velasco.

Se refirió así a los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; al fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; al exagente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo, quienes se encuentran imputados en la causa «Ercolini y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas».

El expediente se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche a cargo de la jueza subrogante Silvina Domínguez, donde se inició la causa a partir de la denuncia presentada por Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado.

El letrado de la ciudad de General Roca, en el Alto Valle rionegrino, basó su presentación en la publicación realizada por el diario Página/12 el 17 de octubre, en la que se informó por primera vez sobre un viaje realizado a Bariloche el jueves 13 de octubre por un grupo de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno porteño que llegaron en un avión privado de la empresa Flyzar.

La jueza Domínguez no aceptó a Hertzriken Velasco como querellante en la causa, decisión que el abogado apeló ante la Cámara Federal de General Roca. «Esperemos que resuelva antes de la feria (judicial del mes de enero)», sostuvo el letrado en diálogo con esta agencia.

En referencia a los cuatro jueces involucrados en el escándalo, Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials, el abogado denunciante reclamó que el Consejo de la Magistratura los «aparte de sus cargos» para que sean citados a indagatoria y «procesados».

«Es imposible pensar que algún ciudadano argentino sea juzgado por estas personas«, subrayó sobre las implicancias legales que el viaje y la estadía en Lago Escondido deberían tener en las causas en las que intervienen esos magistrados, como Ercolini y Mahiques -por citar un caso- en el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Además, dijo que el ministro D’Alessandro, los directivos de Clarín Rendo y Casey, el empresario Reinke y el administrador de Lago Escondido Van Ditmar deberían ser «detenidos» para «evitar que entorpezcan la marcha del expediente».

Ese planteo se conoció en los últimos años como ‘doctrina Irurzun’, al atribuírsele al juez de la Cámara Federal Martín Irurzun la tesis de que determinadas personas -por sus relaciones, por un presunto ‘poder residual’- tienen capacidades de impedir o bloquear el accionar de la justicia.

En ese sentido, Hertzriken Velasco advirtió que en los chats que se enviaban los pasajeros del vuelo privado a través de la aplicación Telegram «quedó demostrado» que los implicados en el viaje VIP «tienen intención de organizar una estrategia de defensa que oculte el otorgamiento y aceptación de dádivas».

Por otro lado, el letrado recordó que uno de los imputados, Carlos Mahiques, fue precisamente el juez que escribió el voto rector del fallo que cerró, por efecto de la prescripción, la causa que investigaba la compra fraudulenta de las tierras de la empresa Hidden Lake (Lago Escondido).

El 15 de septiembre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de Mahiques, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, rechazó el recurso presentado por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, José Luis Agüero Iturbe, y ratificó de esa forma la prescripción del expediente y el sobreseimiento de todos los involucrados, entre ellos funcionarios públicos y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate inglés Joe Lewis.

La causa se había iniciado en 2010 a raíz de una denuncia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas e involucró el proceso de compra de dos lotes por un total de casi 11 mil hectáreas que rodean el lago Escondido.

La investigación permitió determinar que el 19 de junio de 1996 la firma «H.R. Properties Bs As» -de mayoría accionaria en manos de argentinos- solicitó a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad una autorización para la adquisición de 8063 hectáreas en la zona de el paraje rionegrino El Foyel, y en inmediaciones del lago.

La empresa sumó luego otras 2760 hectáreas: las tierras se encuentran en un área de seguridad de frontera, por lo que están protegidas por un régimen especial derivado del Decreto Ley 15.385/44 y de la Ley 12.913 que determinan que las tierras de zonas limítrofes y de seguridad no pueden estar en manos extranjeras.

Pocos meses después de conseguir la autorización de la Comisión Nacional de Zona de Seguridad para proceder a la compra, la firma «H.R. Properties Bs As» se transformó en «Hidden Lake S.A.», con Charles Lewis como principal accionista y con ese nombre inscribió a su favor las tierras en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro.

Inicialmente, fueron imputados Charles Lewis y exfuncionarios nacionales y de la provincia de Río Negro, como la escribana actuante y el titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro.

Desde 2010 la causa avanzó lentamente, sumó algunos testimonios y pruebas, hasta que el exProcurador del Tesoro Carlos Balbín -durante el comienzo de la gestión del expresidente Mauricio Macri- dio impulso a la investigación.

Esa acción selló la suerte del funcionario: fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien frenó el cuestionamiento judicial a la venta de las tierras.

El paso del tiempo jugó a favor de los imputados. En 2019, el Juzgado Federal 6 emitió la primera resolución de prescripción del delito investigado.

A pesar de los intentos del Ministerio Público Fiscal, que apeló en tres oportunidades el cierre del expediente por prescripción, la suerte quedó definitivamente echada en septiembre de 2021 cuando Mahiques -exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal- firmó el voto rector del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

Mahiques fue uno de los «huemules» que el 13 de octubre viajó a Bariloche y a la estancia de Lago Escondido, presuntamente invitado por el Grupo Clarín.

Como «huemules» (ciervos del sur de la Patagonia, especie en extinción) se autodenominaban los participantes del viaje VIP, según los mensajes filtrados que posteriormente fueron difundidos en distintos artículos periodísticos por El Cohete a la luna, Tiempo Argentino y Perfil.

En el pedido de imputación por esta excursión de lujo, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare hizo hincapié en la «clara discordancia» entre las fechas de alojamiento de los involucrados y la de las facturas presentadas por Van Ditmar, el administrador de Lago Escondido.

La fiscal apunta a determinar si existió el delito de aceptación de dádivas por parte de los magistrados y funcionarios públicos que habrían sido invitados por el Grupo Clarín.

Etchepare también recibió facturas emitidas por la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA -la empresa de transporte aéreo cuyo nombre de fantasía es Flyzar-, propietaria del avión en el que viajaron hasta Bariloche Ercolini, Bergroth, Reinke, Juan Bautista Mahiques, D’Alesandro, Carlos Mahiques, Yadarola y Cayssials.

La firma presentó facturas «muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de 120.000 pesos, a excepción de las que corresponden a Bergroth, de fecha 17 y 19 del mismo mes, por la suma de 120.000 y 60.000 pesos, respectivamente», según se desprende del pedido de imputación firmado por la fiscal.