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Represión

Otro día de represión en Congreso: marcha de jubilados terminó con dos heridos

Al menos dos personas resultaron golpeadas: un trabajador de prensa y una jubilada que tuvo que ser asistida por sus compañeros.

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La tradicional protesta de los jubilados frente al Congreso volvió a ser reprimida. Como cada miércoles, el colectivo de adultos mayores se concentró para reclamar un aumento en los haberes y la continuidad del bono mensual, pero la jornada estuvo atravesada por la violencia de las fuerzas de seguridad.

Dos personas agredidas: un periodista y una mujer mayor

Al menos dos personas resultaron golpeadas: un trabajador de prensa y una jubilada que tuvo que ser asistida por sus compañeros.

Los manifestantes aseguraron que la mujer fue atacada con un casco y señalaron a un prefecto como el agresor. “Cuando estamos solos, se aprovechan de nosotros”, advirtió una de las participantes de la marcha.

Megaoperativo en el Congreso

Los alrededores del Palacio Legislativo estuvieron completamente vallados y el tránsito permaneció interrumpido. La protesta se encontró con un operativo “impresionante”, en palabras de Magnago, que incluyó efectivos de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Prefectura.

Lejos de garantizar la seguridad, el despliegue terminó con represión sobre adultos mayores que reclaman por derechos básicos.

Reclamos frente a jubilaciones de miseria

Los jubilados denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica. Actualmente, la mínima es de $320.277,17, más un bono extraordinario de $70.000. Desde octubre, el haber mínimo pasará a $326.262 y con el refuerzo alcanzará los $396.262.

En contraste, el haber máximo se elevará a $2.196.110,25, según la fórmula de movilidad que ajusta en base a los precios relevados por el INDEC. Este incremento también impactará en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en las asignaciones sociales.

La violencia institucional de todas las semanas

A pesar de la represión y el cerco policial, los jubilados adelantaron que seguirán movilizándose. “No pedimos lujos, pedimos vivir con dignidad”, resumió otro manifestante, que cuestionó la indiferencia oficial frente a los reclamos de los adultos mayores.

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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