Jujuy
Aníbal Fernández llegó a Jujuy para intervenir el PJ
El ministro de Seguridad de la Nación arribó a la provincia de Morales pero no accionará contra la escalada represiva y de violencia institucional.
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, destacó este lunes «la capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño» para trabajar en la recomposición del partido a nivel local, al arribar a la provincia junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, ambos designados interventores del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy.

«No somos ni magos ni genios, somos compañeros y en este caso nos invitaron a ayudar a recomponer la estructura en cuanto a capacidad competitiva y otras posibilidades ciertas», expresó Fernández tras arribar esta tarde a Jujuy.
El ministro estuvo acompañado por los precandidatos de las dos listas de Unión por la Patria (UXP) que competirán por cargos legislativos nacionales en las elecciones del 13 de agosto con la fórmula Massa-Rossi y en la tarde se reunió con dirigentes peronistas, entre ellos, el expresidente del PJ jujeño Rubén Rivarola, actual diputado provincial y precandidato a senador nacional por UxP, para la entrega de los atributos.
A Rivarola recientemente se lo cuestionó de haber acompañado al oficialismo provincial de Gerardo Morales en la aprobación de la nueva constitución de Jujuy.
En diálogo con la prensa local, Fernández comentó que «lo primero fue reconocer lo que tenemos y cómo hacer para trabajar en conjunto para lo que se viene hasta el 13 de agosto y el 22 de octubre, para los que sean electos» y afirmó que «el objetivo» es ganar la elección «como se merece el peronismo jujeño».
En tal sentido, confió en la «capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño» para trabajar en la recomposición del partido a nivel local y «ojalá sea la última vez que Jujuy pase por ello».
Destacó la disposición de Menéndez quien «está de campaña porque es intendente en Merlo y tiene que competir (por su reelección), sin embargo, cuando lo convocaron acá está conmigo».
Fernández tiene previsto reunirse con autoridades del juzgado federal de Jujuy, «por razones obvias de la intervención en la que tenemos que ser reconocidos como tales».
El 14 de julio pasado, el presidente y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino el PJ de la provincia de Jujuy para «ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas», según comunicó en esa oportunidad desde Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
El ministro Fernández no descartó recorrer la ruta nacional 9 donde continúan varios cortes de ruta que llevan adelante las comunidades originarias que exigen la anulación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales.
«En esos lugares está mi gente, tengo a la Gendarmería a mi cargo», dijo y manifestó su anhelo de «poder hablar con las comunidades, conocer sus inquietudes y ayudarlas» a la vez que recordó que la justicia federal los autorizó a intervenir «pero no nos obliga a actuar y mucho menos a reprimir».
Judiciales ⚖️
Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo
El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.
Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.
El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.
La hipótesis fiscal
De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.
Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.
En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.
Ocho años prófugo y una identificación por ADN
El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.
Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.
La prueba y lo que sigue
Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.
El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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