Leonardo Cositorto reapareció en el juicio oral que se lleva a cabo en Salta por múltiples estafas vinculadas a Generación Zoe, la estructura financiera piramidal que lideró hasta su detención. Frente al tribunal, el empresario afirmó que la Justicia le impidió pagar las deudas y acusó directamente a una fiscal por el bloqueo de fondos que, según su relato, podrían haber sido destinados a compensar a los damnificados.

“Se podrían haberse devuelto 170 mil dólares en Goya y otros 250 mil en Buenos Aires, porque el dinero ya estaba incautado”, declaró. También aseguró que “había 612 bitcoins disponibles”, aunque no se pudo acceder a ellos por las trabas judiciales.

La causa contra Cositorto lo involucra por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita en concurso ideal. Las investigaciones judiciales en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Salta y otras provincias acreditaron que Generación Zoe funcionaba bajo un esquema piramidal de captación de fondos con promesas de ganancias extraordinarias, que nunca se cumplieron.

Responsabilizó a las víctimas y minimizó la deuda

Cositorto también aprovechó su declaración para cuestionar la conducta de los inversores que lo denunciaron: “Muchos creen que cuando finalice el juicio, habrá una ventanilla donde les reintegrarán la plata, por eso defienden tanto lo que invirtieron y borran lo que cobraron”.

Negó tener intenciones de fuga —a pesar de haber sido arrestado en República Dominicana con documentación falsa— y dijo que “puso la cara todos los días”. En su versión de los hechos, la interrupción de los pagos no fue consecuencia de un modelo insostenible, sino del accionar judicial: “Nos impidieron seguir pagando”, repitió.

En ese sentido, consideró “ridículo” el proceso judicial y minimizó el daño económico causado. “La deuda es pequeña comparada con el capital total que manejaba la empresa”, dijo, sin aportar documentación que respalde sus dichos.

Criptomonedas, prisión y desvío de responsabilidades

El autodenominado coach ontológico sostuvo que las criptomonedas de Generación Zoe “están en billeteras de Finance”, en alusión a la plataforma Binance, aunque su acceso requiere autorizaciones biométricas que, según denunció, le fueron negadas por la Justicia. No presentó pruebas de que los 612 bitcoins mencionados estén efectivamente a nombre de la empresa ni de su trazabilidad legal.

Además, reclamó que no se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria —como sí ocurrió con otros imputados— y denunció que no puede ver a su hijo. “No me dejan defenderme como corresponde”, afirmó.

Una estructura criminal con alcance internacional

En febrero de este año, Cositorto ya había recibido una condena a 12 años de prisión en la provincia de Corrientes por fraude y asociación ilícita. La causa actual en Salta involucra también a otros cuatro acusados: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.

De acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), Generación Zoe captó dinero de al menos 90 mil personas en Argentina, Colombia, México, España y otros países. El modelo se basaba en el reclutamiento de nuevos inversores para pagar intereses exorbitantes a los anteriores, en un esquema clásico de Ponzi.

El juicio en Salta se enmarca en una red de procesos judiciales simultáneos en varias provincias. Los fiscales ya reunieron declaraciones de más de 400 víctimas y presentaron pruebas de movimientos financieros que no pueden ser justificados con ninguna actividad comercial real.