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Caputo recibió nueva revisión del FMI: qué quiere ahora
El próximo desembolso depende de esta evaluación, que se definirá en las próximas semanas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el inicio de una semana clave para el Gobierno. Se trata de la primera revisión técnica del nuevo acuerdo de facilidades extendidas alcanzado el 11 de abril, que contempló un crédito por US$ 20.000 millones y compromisos concretos en materia fiscal, monetaria y de reformas estructurales.
La delegación del FMI está liderada por Bikas Joshi, economista nepalés con trayectoria en América Latina, que ya mantuvo contactos previos con funcionarios de la administración Milei. La misión permanecerá toda la semana en Buenos Aires. “Se van a reunir toda la semana”, confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda.
Más allá del lenguaje técnico, el mensaje político fue claro: el Fondo vino a mirar de cerca si la promesa de ajuste sostenido es viable, tanto desde el punto de vista económico como desde la estabilidad política del proyecto libertario.
Superávit, reservas y reformas: el nuevo mantra del Fondo
El nuevo programa, sellado en abril, flexibilizó parcialmente el cepo cambiario e introdujo un sistema de tipo de cambio flotante con bandas, condicionado al cumplimiento de tres metas:
Superávit fiscal sostenido
Acumulación de reservas internacionales
Implementación de reformas estructurales
En ese marco, la visita del FMI tiene por objetivo evaluar no sólo los números del ajuste fiscal —que hasta ahora logró reducir drásticamente el déficit a costa de una fuerte recesión— sino también el compromiso político del Ejecutivo para llevar adelante las reformas incluidas en el llamado «Consejo de Mayo», conducido por Guillermo Francos.
Caputo llega a esta revisión con algunos avances: en lo que va del año, el Gobierno registró superávit primario, contuvo la emisión monetaria y mantuvo a raya el dólar oficial. Sin embargo, los analistas advierten que la recesión, el desplome del consumo y la caída de la recaudación impositiva amenazan con minar la sostenibilidad del ajuste.
Un Excel que ya no alcanza
Para el FMI, no alcanza con ver los balances. La misión también quiere garantías políticas: que Javier Milei mantenga el rumbo, que los socios legislativos no se diluyan y que las reformas prometidas —laborales, fiscales, del Estado— se transformen en leyes efectivas.
La demora en la aprobación de la Ley Bases, el desgaste del gobierno ante la Corte Suprema por el DNU 70/23 y las dificultades para contener el conflicto social encendieron luces amarillas. La inflación sigue alta —aunque en baja— y la acumulación de reservas no alcanzó el ritmo esperado, pese al incentivo de liquidación de exportaciones promovido por el BCRA.
En ese contexto, el Gobierno intenta mostrar compromiso. La idea es convencer al Fondo de que el “plan motosierra” no sólo es consistente en el Excel, sino también gobernable en la práctica. Por eso, la Casa Rosada busca mostrar al Consejo de Mayo como un nuevo consenso, aun sin haber logrado adhesiones clave entre los gobernadores opositores ni señales de respaldo firme en el Congreso.
Lo que está en juego
El acuerdo con el FMI permite a la Argentina acceder a desembolsos condicionados. El próximo, de alrededor de US$ 800 millones, depende de la aprobación de esta revisión. Pero más allá de los fondos, el Gobierno necesita al Fondo como respaldo internacional para avanzar con su hoja de ruta.
Desde que asumió Milei, el vínculo con Washington se fortaleció. En abril, el staff del FMI elogió el “giro decisivo de la política económica argentina” y destacó la recuperación del superávit. Sin embargo, en esta nueva etapa no hay cheques en blanco: la recesión, el conflicto social y el déficit cuasifiscal por las Leliq siguen siendo factores de alto riesgo.
Por eso, esta visita no es un trámite. Es una prueba de fuego para Caputo y, en última instancia, para la viabilidad del programa económico de Milei.
Catamarca
El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos
Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.
El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
Un triángulo del litio que beneficia al exterior
Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.
La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.
5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto
El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.
Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos
La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.
POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.
Lo que tenés que saber
- La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
- Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
- Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
- El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
- El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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