El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el inicio de una semana clave para el Gobierno. Se trata de la primera revisión técnica del nuevo acuerdo de facilidades extendidas alcanzado el 11 de abril, que contempló un crédito por US$ 20.000 millones y compromisos concretos en materia fiscal, monetaria y de reformas estructurales.

La delegación del FMI está liderada por Bikas Joshi, economista nepalés con trayectoria en América Latina, que ya mantuvo contactos previos con funcionarios de la administración Milei. La misión permanecerá toda la semana en Buenos Aires. “Se van a reunir toda la semana”, confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Más allá del lenguaje técnico, el mensaje político fue claro: el Fondo vino a mirar de cerca si la promesa de ajuste sostenido es viable, tanto desde el punto de vista económico como desde la estabilidad política del proyecto libertario.

Superávit, reservas y reformas: el nuevo mantra del Fondo

El nuevo programa, sellado en abril, flexibilizó parcialmente el cepo cambiario e introdujo un sistema de tipo de cambio flotante con bandas, condicionado al cumplimiento de tres metas:

Superávit fiscal sostenido

Acumulación de reservas internacionales

Implementación de reformas estructurales

En ese marco, la visita del FMI tiene por objetivo evaluar no sólo los números del ajuste fiscal —que hasta ahora logró reducir drásticamente el déficit a costa de una fuerte recesión— sino también el compromiso político del Ejecutivo para llevar adelante las reformas incluidas en el llamado «Consejo de Mayo», conducido por Guillermo Francos.

Caputo llega a esta revisión con algunos avances: en lo que va del año, el Gobierno registró superávit primario, contuvo la emisión monetaria y mantuvo a raya el dólar oficial. Sin embargo, los analistas advierten que la recesión, el desplome del consumo y la caída de la recaudación impositiva amenazan con minar la sostenibilidad del ajuste.

Un Excel que ya no alcanza

Para el FMI, no alcanza con ver los balances. La misión también quiere garantías políticas: que Javier Milei mantenga el rumbo, que los socios legislativos no se diluyan y que las reformas prometidas —laborales, fiscales, del Estado— se transformen en leyes efectivas.

La demora en la aprobación de la Ley Bases, el desgaste del gobierno ante la Corte Suprema por el DNU 70/23 y las dificultades para contener el conflicto social encendieron luces amarillas. La inflación sigue alta —aunque en baja— y la acumulación de reservas no alcanzó el ritmo esperado, pese al incentivo de liquidación de exportaciones promovido por el BCRA.

En ese contexto, el Gobierno intenta mostrar compromiso. La idea es convencer al Fondo de que el “plan motosierra” no sólo es consistente en el Excel, sino también gobernable en la práctica. Por eso, la Casa Rosada busca mostrar al Consejo de Mayo como un nuevo consenso, aun sin haber logrado adhesiones clave entre los gobernadores opositores ni señales de respaldo firme en el Congreso.

Lo que está en juego

El acuerdo con el FMI permite a la Argentina acceder a desembolsos condicionados. El próximo, de alrededor de US$ 800 millones, depende de la aprobación de esta revisión. Pero más allá de los fondos, el Gobierno necesita al Fondo como respaldo internacional para avanzar con su hoja de ruta.

Desde que asumió Milei, el vínculo con Washington se fortaleció. En abril, el staff del FMI elogió el “giro decisivo de la política económica argentina” y destacó la recuperación del superávit. Sin embargo, en esta nueva etapa no hay cheques en blanco: la recesión, el conflicto social y el déficit cuasifiscal por las Leliq siguen siendo factores de alto riesgo.

Por eso, esta visita no es un trámite. Es una prueba de fuego para Caputo y, en última instancia, para la viabilidad del programa económico de Milei.