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«Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento»

El Gobierno recusará a los miembros de la Corte Suprema en la causa de los fondos coparticipables. Dijo además que la resolución de la Corte Suprema es un fallo «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento».

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El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

En ese comunicado -difundido por la portavoz de la Presidencia de la Nación, titulado «Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento» y firmado por el Presidente Alberto Fernández y Gobernadores- señaló que «en la actualidad, según la ley 2 7 .6 0 6 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1 ,4 % del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016».

«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2 ,95 ; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», amplió el texto.

«Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación», resaltó.

Agregó: «En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2 0 2 3 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad».

«Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada», sostuvo el texto.

«Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma», concluyó.

El comunicado lleva las firmas de Alberto Fernández, y los siguientes gobernadores:

Prov. de Buenos Aires, Axel Kicillof
Prov. de Catamarca, Raul Jalil
Prov. de Chaco, Jorge Capitanich
Prov. de Chubut, Mariano Arcioni
Prov. de Entre Ríos, Gustavo Bordet
Prov. de Formosa, Gildo Insfrán
Prov. de La Pampa, Sergio Ziliotto
Prov. de La Rioja, Ricardo Quintela
Prov. de San Juan, Sergio Uñac
Prov. de San Luis, Alberto Rodríguez Saá
Prov. de Santa Cruz, Alicia Kirchner
Prov. de Santiago del Estero, Gerardo Zamora
Prov. de Tierra del Fuego, Gustavo Melella
Prov. de Tucumán, Osvaldo Jaldo

Geopolítica 🌎

Fuerte acusación de EEUU al fiscal del caso Cerimedo: Bolivia exige pruebas

Washington acusó de sobornos y vínculos con el narcotráfico a Roger Mariaca. El fiscal rechazó los cargos, denunció presiones y aseguró que la investigación sobre el asesor argentino continuará.

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El Argentino Diario-Fernando Cerimedo.
Washington acusó al fiscal del caso Cerimedo, que denunció presiones en torno a la investigación.

Estados Unidos revocó la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y lo acusó de pedir y recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia. La acusación del Departamento de Estado es una imputación de Washington, no una condena judicial. Mariaca la rechazó y advirtió que continuará con las investigaciones a su cargo.

La decisión alcanzó al jefe del Ministerio Público boliviano, que supervisa la causa contra el consultor argentino Fernando Cerimedo. El fiscal sostuvo que la medida migratoria estadounidense no modifica sus atribuciones constitucionales. El gobierno de Rodrigo Paz anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios para examinar las acusaciones en Bolivia.

La acusación de Washington y la respuesta del fiscal

El Departamento de Estado atribuyó a Mariaca un presunto abuso de sus cargos públicos para favorecer el tráfico de drogas y proteger a personas acusadas de delitos violentos. La restricción se inscribe en una serie de medidas de visa contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú señalados por Washington por corrupción o por afectar a gobiernos electos. La comunicación estadounidense no expuso públicamente pruebas específicas que permitan evaluar la acusación contra el fiscal.

Mariaca respondió en una conferencia de prensa que la cooperación entre Estados debe respetar la autonomía de las instituciones bolivianas. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó. También sostuvo: “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”.

La causa Cerimedo en el trasfondo

El fiscal mencionó expresamente el expediente que involucra a Cerimedo, exoperador digital vinculado al espacio de Javier Milei y colaborador de la campaña de Paz en Bolivia. El Argentino Diario siguió la investigación por el ataque a Nadia Beller, expareja del consultor, así como los procesos por presunto enriquecimiento ilícito. Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia por la causa vinculada al ataque; las responsabilidades penales todavía deben determinarse en sede judicial.

La coincidencia temporal entre la sanción estadounidense y la investigación de Cerimedo no demuestra por sí sola que exista una relación causal entre ambas. Mariaca denunció presiones políticas y afirmó que el expediente seguirá su curso. El gobierno boliviano, por su parte, pidió elementos concretos para investigar los señalamientos de Washington.

Lo que tenés que saber:

  • Estados Unidos revocó la visa de Roger Mariaca y lo acusó de presuntos sobornos relacionados con el narcotráfico.
  • El fiscal general de Bolivia rechazó los cargos y aseguró que mantendrá las investigaciones a su cargo.
  • El gobierno boliviano anunció un pedido de información y pruebas a Washington.
  • Mariaca mencionó el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo entre las causas que seguirán adelante.
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