Judiciales ⚖️
Ex policía de San Luis condenada a perpetua por asesinar a sus dos hijos
La Fiscalía y la querella coincidieron en que la acusada planificó y ejecutó el crimen con alevosía.
El Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial dictó este miércoles prisión perpetua para Marina Silva, ex policía acusada de asesinar a sus dos hijos menores. La decisión fue tomada por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras los alegatos finales y la audiencia de cesura de juicio.
El debate se inició el 13 de octubre de 2025, en el que Silva llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes.
Alegatos de las partes
La Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que Silva planificó el crimen y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, aprovechando la indefensión de los menores. Según la fiscal, la evidencia —pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— acreditó la secuencia de hechos y la responsabilidad penal de la acusada, por lo que solicitó prisión perpetua.
La querella, a cargo del abogado Esteban Bustos, coincidió con la Fiscalía y subrayó que el juicio demostró alevosía y plena conciencia de Silva al cometer los homicidios, respaldando la solicitud de la misma pena.
Por su parte, la defensa, encabezada por Agustina Tobares, pidió al Tribunal considerar la historia vital de Silva desde una perspectiva de género, mencionando episodios de violencia en relaciones previas, endeudamiento y situaciones que habrían afectado su estabilidad emocional.
Metodología del crimen
Los asesinatos ocurrieron el 1° de octubre de 2024 mientras los niños dormían en una cama matrimonial. Las autopsias confirmaron que cada menor recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, provocando la muerte inmediata.
La investigación determinó que Silva intoxicó a los niños con gas de una garrafa, probó su arma disparando al colchón, cubrió sus rostros con almohadas y luego les disparó a quemarropa. Posteriormente, dejó una carta de despedida mencionando sus deudas y justificando el acto al afirmar que no quería que sus hijos “fueran una carga”.
Además, colocó carteles de advertencia en la vivienda: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres” y en la trasera “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.
Judiciales ⚖️
Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.
Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.
La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.
Quiénes recurrieron
Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.
Los pedidos de reparación integral
En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El voto de Petrone
En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.
El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.
La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar
Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
- La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
- El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
- Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
- Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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