Chaco
Acuña comparó su situación con «la dictadura genocida militar»
La detenida por el crimen de Cecilia Strzyzowski dijo que está «cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro».
Marcela Acuña, detenida junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César por el crimen de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, acusó en una nueva carta dirigida a la fiscalía a cargo de la causa que está «cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro» y comparó su situación con «la dictadura genocida militar», informaron fuentes judiciales.
«Me dirijo a ustedes para insistir en el pedido que realizaron tanto mi abogada, como los abogados de mi marido y mi hijo, de poder acceder a ver a mi familia considerando que hace un mes no he tenido contacto con ellos y, si bien estoy privada de mi libertad, no estoy vulnerada en mis otros derechos que al parecer parece que así es ya que a comparación de otros detenidos, sigo cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro», escribió la mujer desde la comisaría 6ta. de la capital chaqueña.
La carta con fecha de este viernes fue dirigida al fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien confirmó a Télam que fue recibida este viernes por la mañana, y es una más de una serie que en los últimos días difundió la acusada.
«El derecho a ver a mi marido que se halla enfermo es un derecho humano universal, como el de ver a mi hijo, solo la dictadura militar genocida del ’76 ha actuado de esa manera en momentos donde la Constitución fue avasallada. Hoy estamos en ‘democracia’ pero al parecer no llega a la fiscalía 4, que actúa dando órdenes de reducirnos a ‘cosas’, no tratarnos como ‘personas’ que simplemente atravesamos un proceso investigativo», acusó.
Acuña insistió como en otras oportunidades en que tanto ella como su esposo son «inocentes».
«Si bien tanto Emerenciano como yo somos inocentes, a las pruebas me remito, el trato que recibimos no solo es inadecuado sino que no es acorde a derecho», expresó la imputada, quien aseguró que su marido «está enfermo».
Por último, Acuña señaló que a los «fiscales no les interesa tener inocentes que se están muriendo encerrados y alejados de sus afectos por un capricho».
«Bajo la aparente búsqueda de la verdad, ustedes, con su accionar, desconociendo los derechos planteados, reconocen en la tortura un mecanismo reglamentado toman nuestros cuerpos para la aplicación de suplicios al punto de aplicar castigos en lugar de la obtención de la verdad, el sufrimiento que me genera como mujer, madre, persona, usted lo implementa como un tormento», concluyó.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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