El Gobierno nacional lanzó este jueves el llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, un nuevo esquema que busca incentivar el uso de dólares no declarados dentro de la economía formal.

Presentado como una medida para “devolverle la libertad a la gente”, el anuncio generó preocupación entre especialistas por su potencial como mecanismo de lavado de dinero, evasión fiscal y blanqueo de capitales sin controles eficaces.

Un blanqueo sin castigo ni control

El plan incluye un decreto para eliminar “controles absurdos” y un proyecto de ley para garantizar que quienes ingresen al régimen no sean “perseguidos” por la AFIP ni por el sistema penal tributario.

El vocero presidencial Manuel Adorni definió la medida como una forma de “atraer a los argentinos de bien a la formalidad”. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la intención es “darle a la gente la libertad de manejar sus ahorros”.

Bajo la consigna “tus dólares, tu decisión”, el Gobierno plantea que los ciudadanos podrán usar sin restricciones las divisas que atesoran en cajas de seguridad o fuera del sistema bancario, sin necesidad de justificar su origen.

¿Una invitación al lavado?

La medida fue presentada como una “reparación histórica”, pero los expertos advierten que se trata de un blanqueo encubierto, que podría beneficiar a grandes evasores y alentar la circulación de dinero no declarado.

No hay, hasta el momento, mecanismos anunciados que garanticen que el dinero incorporado provenga de actividades lícitas. La eliminación de controles y la promesa de inmunidad fiscal pueden traducirse en una legalización de fondos provenientes de delitos económicos.

Además, el uso de términos como “argentinos de bien” genera suspicacias. ¿Quién decide qué ciudadano accede al “perdón” del Estado y cuál es el criterio? ¿Es suficiente con tener dólares en efectivo y declararlos de manera espontánea?

Riesgos fiscales y políticos

Este tipo de medidas ya tuvo antecedentes durante gobiernos anteriores, con blanqueos que generaron polémica por ser regresivos y por premiar a quienes incumplieron sus obligaciones tributarias.

En este contexto, la iniciativa del gobierno de Javier Milei aparece como una señal clara: el Estado renuncia a controlar el flujo de capitales, incluso a costa de la equidad fiscal.

Mientras desde el oficialismo se habla de “libertad económica”, desde sectores críticos se señala que se trata de una nueva amnistía impositiva que podría profundizar la desigualdad y erosionar aún más los recursos del Estado.