Más de 25 millones de pesos facturados entre 2009 y 2016 por una inmobiliaria familiar: esa es la cifra con la que la Unidad de Información Financiera (UIF) sostiene que los pagos por obra pública habrían vuelto a la familia presidencial disfrazados de alquileres.

La UIF, organismo del Poder Ejecutivo que interviene como querellante, expuso su acusación el viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N.° 5, que integran José Michilini (presidente), Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, en el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, siguen las audiencias por Zoom; ella lo hace desde su domicilio, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. Ambos están acusados de asociación ilícita, ella como jefa y él como organizador, además de lavado de activos.

Qué sostiene la UIF

Para la querella, Los Sauces tuvo como única finalidad canalizar fondos que los empresarios entregaban como retorno a la familia Kirchner. El mecanismo habría sido una serie de contratos de locación presuntamente simulados con empresas de los grupos Báez e Indalo, que funcionarían como contraprestación de obra pública, concesiones, juegos de azar y licencias para la explotación petrolera.

Entre 2009 y 2016, según la acusación, Los Sauces facturó poco más de 25 millones de pesos a empresas de esos grupos: el 65% correspondió al Grupo Indalo y el 23% al Grupo Báez. La querella detalló que Indalo pagó 18 millones de pesos por alquileres de propiedades de Puerto Madero; que Kank y Costilla, entre otras firmas del Grupo Báez, canalizaron 4 millones por el alquiler de edificios en Río Gallegos; y que el alquiler de La Aldea, en El Chaltén, sumó poco más de 3 millones.

La UIF situó el origen de la maniobra en la constitución de Los Sauces, el 7 de noviembre de 2006, por parte de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, y señaló que hasta ese año la familia no tenía propiedades destinadas a alojar pasajeros. Según la acusación, la sociedad compró en 2008 un dúplex y cinco cocheras en Madero Center por poco más de un millón de dólares y luego otro departamento por 943.000 dólares. En 2012 adquirió un inmueble en Río Gallegos para uso de Cristina Fernández y en 2015 un departamento en San José 1111 para uso de Florencia Kirchner, en ambos casos sin contraprestación, según la querella.

La UIF resumió el planteo como “un esquema de corrupción sin precedentes” que se extendió durante más de doce años, con participación de personas de extrema confianza de los expresidentes.

Un caso con historia judicial

El expediente tuvo un recorrido accidentado. En 2021, el mismo Tribunal Oral Federal N.° 5, con otra integración, sobreseyó a Cristina y Máximo Kirchner, a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a Fabián De Sousa, entre otros. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y abrió el camino al juicio. Los abogados de los Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían sostenido ante Casación que los hechos no configuraban ningún delito. En octubre de 2026, Casación ordenó además que Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único debate, que comenzó el 23 de octubre.

La imputación es un planteo de la acusación y no un hecho probado: hasta que no exista una sentencia firme, rige la presunción de inocencia de todos los acusados. La defensa todavía no expuso su posición, porque la etapa actual es la lectura de los requerimientos.

Lo que viene

Tras la primera parte del requerimiento de la UIF, Michilini dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre y anticipó que el tribunal evalúa sumar audiencias los miércoles, además de los lunes y viernes, para no retrasar la lectura. Cristina y Máximo Kirchner deberán asistir a Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Lo que tenés que saber

• La UIF, querellante, acusa a la familia Kirchner de asociación ilícita y lavado de dinero a través de la inmobiliaria Los Sauces.
• Según la acusación, Los Sauces facturó poco más de 25 millones de pesos entre 2009 y 2016 a empresas de los grupos Báez e Indalo.
• Cristina Kirchner es acusada como jefa de la asociación ilícita y Máximo Kirchner como organizador.
• El mismo tribunal los había sobreseído en 2021, y Casación revocó esa decisión en 2023.
• La lectura continúa el viernes 13 de noviembre y los acusados gozan de presunción de inocencia.