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Belgrano Cargas: 50 años de concesión, US$ 1.000 millones y la cláusula que excluye a China
Luis Caputo firmó la resolución que habilita la licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red de 15.822 km pasará a manos privadas por medio siglo, con acceso al RIGI y una cláusula que veda la participación de empresas controladas por Estados extranjeros. Los grandes grupos agroexportadores ya se posicionan para quedarse con la infraestructura.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el inicio del proceso de privatización del sistema ferroviario de cargas estatal: el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que habilita el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza que opera Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL). El texto será publicado este jueves en el Boletín Oficial. La red que entra en juego conecta 16 provincias y los principales puertos del país, con acceso también a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
El diagnóstico que justifica la entrega
Caputo eligió su cuenta en la red social X para anunciar la medida y fijar el marco político del proceso. «Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces», escribió el ministro. La conclusión que extrajo fue directa: «el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló».
El argumento de Caputo omite que el propio Estado durante las gestiones kirchneristas realizó inversiones significativas en material rodante y recuperación de ramales, y que parte de ese equipamiento, incluyendo 40 locomotoras y 1.180 vagones prendados a China Machinery Engineering Corporation (CMEC), permanece como garantía de financiamiento chino que el Gobierno actual deberá resolver dentro del proceso licitatorio. El deterioro fue real, pero la narrativa que culpa exclusivamente al Estado gestiona la historia con selectividad.
Una red histórica en manos privadas por medio siglo
Belgrano Cargas y Logística opera actualmente las líneas Belgrano (7.712 km), San Martín (5.368 km) y Urquiza (2.742 km), que suman 15.822 kilómetros de vías en total, de los cuales 7.594 km están hoy en operación. La primera etapa comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños. Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre. Las licitaciones correspondientes a las restantes unidades de negocio, entre ellas los talleres, quedarán para comienzos del año próximo.
El mecanismo elegido tiene una particularidad que revela la lógica del proceso: no habrá una puja por quién le paga más dinero al Estado para quedarse con la concesión. Los oferentes competirán mediante una fórmula que combina el peaje máximo que pretenden cobrar a las formaciones que transiten por las vías y las inversiones que se comprometan a realizar. En términos simples, tendrá ventaja quien ofrezca cobrar menos e invertir más. El Estado resigna la recaudación directa; el costo recae sobre los usuarios del sistema.
Las obras previstas: Santa Fe, el ramal azucarero y el San Martín
Desde la Secretaría de Transporte precisaron que entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza. Las obras obligatorias deberán completarse durante los primeros cinco años, mientras que los compromisos opcionales podrán extenderse hasta un máximo de 15 años. El Gobierno proyecta que el esquema movilizará inversiones por alrededor de US$ 1.000 millones para las tres líneas.
El RIGI como gancho para el capital privado
Para atraer inversores, el esquema contempla la posibilidad de que los adjudicatarios encuadren sus proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión piso de US$ 200 millones. Los beneficios no alcanzarán a toda la operación: los pliegos establecen un mecanismo para imputarlos únicamente a la actividad incremental generada por las nuevas inversiones, medida por la carga adicional que pueda transportarse por encima de una línea base fijada para cada ferrocarril.
En cuanto a las bandas tarifarias, los pliegos fijan que en el Belgrano el peaje máximo propuesto deberá estar entre US$ 0,00755 y US$ 0,02163 por tonelada-kilómetro. Para el San Martín, el rango va de US$ 0,00708 a US$ 0,02034. La tarifa resultante funcionará como techo y se actualizará anualmente; una vez habilitadas las obras obligatorias, aumentará un 15% por única vez.
La cláusula anti-China y sus implicancias soberanas
Entre los requisitos para participar aparece una restricción de enorme peso geopolítico: no podrán competir empresas estatales nacionales ni provinciales, ni compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. La prohibición alcanza a Estados soberanos, sus subdivisiones y empresas de titularidad estatal de cualquier país. La consecuencia más inmediata es que quedan fuera las compañías estatales chinas, protagonistas durante años del financiamiento y la provisión de material ferroviario en Argentina.
La decisión de excluir al capital estatal chino cierra una puerta de inversión que durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández fue central para la recuperación y expansión de la red. El entramado de esa relación se refleja en el problema de los bienes prendados a CMEC: su situación era uno de los nudos que el Gobierno debía resolver al diseñar la venta del parque ferroviario y que aún no tiene resolución pública.
Los grandes agroexportadores, en el podio de largada
El proceso llega a esta instancia con al menos dos grupos que hicieron público su interés. Por un lado está Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente. Por otro, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company (LDC) y el Grupo Roggio; empresas que concentran buena parte de la carga que actualmente circula por el sistema. La composición del consorcio cerealero no es casual: son las mismas firmas que extraen y exportan la producción agropecuaria argentina, y que ahora aspiran a controlar también la infraestructura que la transporta.
Los interesados podrán optar entre presentarse solo por la concesión de las vías o hacerlo junto con la compra del material rodante asignado a cada línea, aunque los pliegos aclaran que incluir esa adquisición no otorgará preferencia alguna en el orden de mérito. Los valores del material fueron determinados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación: el lote del Belgrano fue valuado en US$ 94,4 millones y el del San Martín en US$ 131,7 millones; entre ambos, US$ 226,1 millones. El producido de esa venta irá a un fideicomiso destinado a financiar las obras obligatorias.
Un modelo que preserva el acceso abierto
El esquema mantiene el régimen de acceso abierto, que permite que diferentes operadores ingresen a la red con sus propios trenes mediante el pago de un peaje, bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Se trata de uno de los puntos que había generado objeciones durante el diseño de la privatización, por parte de empresas que reclamaban mayor integración entre la administración de la infraestructura y la operación de las formaciones. El Gobierno decidió no ceder en ese punto. El futuro concesionario administrará y mantendrá las vías y tendrá a su cargo la gestión del tráfico, pero deberá garantizar el acceso de terceros operadores.
El 11 de noviembre, cuando se abran las ofertas, comenzará a definirse quiénes administrarán durante medio siglo una de las principales redes ferroviarias de cargas del país; una infraestructura construida con fondos públicos a lo largo de décadas, que el Estado entrega ahora a privados bajo la promesa de inversiones que el propio Gobierno califica de «módicas para semejante red». La fecha cierra un ciclo: la misma producción agropecuaria que, según Caputo, el Estado no supo servir, se prepara para administrar la red que la transporta.
Puntos clave
- Caputo lanzó la licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza por 50 años; la resolución se publica este jueves en el Boletín Oficial.
- La red suma 15.822 km en total y 7.594 km operativos en 16 provincias, con conexión a cinco países limítrofes.
- Desde 1970 la producción agropecuaria se sextuplicó, pero el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces, según reconoció el propio Gobierno.
- Una cláusula específica excluye a empresas controladas por Estados extranjeros, cerrando la puerta a las estatales chinas que históricamente financiaron y equiparon el sistema.
- El Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano (Bunge, Cargill, AGD, ACA, LDC, Grupo Roggio) y el Grupo México son los principales interesados; las ofertas se abren el 11 de noviembre.
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El riesgo país superó los 1.000 puntos y cerró en 1.070 con bonos a la baja
El indicador subió casi 15% frente a los 931 del jueves, en una rueda de caídas de los bonos soberanos en dólares. Los inversores miran las reservas del Banco Central y el financiamiento futuro.
El riesgo país de la Argentina volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre y cerró en 1.070, un salto del 15% frente a los 931 de la jornada anterior. La suba fue de 140 puntos en una sola rueda.
Según la información de Noticias Argentinas, el movimiento marcó el regreso del indicador a valores de cuatro cifras tras más de un año.
Qué empujó la suba
Los bonos soberanos argentinos en dólares atravesaron una nueva rueda de caídas y los inversores mostraron mayor cautela sobre la deuda local. En el plano externo, la volatilidad en Wall Street, las correcciones en los índices bursátiles y el nivel de las tasas internacionales redujeron el apetito por activos de mercados emergentes.
A esos factores se sumaron variables locales: el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y las dudas sobre el financiamiento futuro.
Qué mide el indicador
El riesgo país compara el rendimiento de los títulos públicos con el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y sirve para medir el costo del crédito y la percepción de riesgo. Este diario había informado que el indicador cerró en 931 puntos en la rueda anterior.
Qué mirar en las próximas ruedas
La evolución de los mercados globales, la dinámica de las reservas y las señales de política económica marcarán si la deuda soberana logra estabilizarse o si persiste la volatilidad.
Lo que tenés que saber
- El riesgo país cerró el viernes en 1.070 puntos básicos.
- El jueves había cerrado en 931.
- Los bonos soberanos en dólares volvieron a caer.
- Pesan la volatilidad externa, las reservas del Banco Central y las dudas de financiamiento.
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