La sentencia de US$16.100 millones que pendía sobre la Argentina por la estatización de YPF quedó formalmente anulada. La jueza Loretta Preska dejó sin efecto su propio fallo y dio por cerrada la etapa de primera instancia del litigio.

Preska, jueza federal de Nueva York, acató así lo resuelto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en la causa por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo que ahora quedó sin efecto, emitido en 2023, obligaba al país a pagar US$16.100 millones, monto que con intereses superaba los US$18.000 millones.

La Cámara le dio la razón a la defensa argentina

La Cámara dictó su fallo el 27 de marzo de 2026. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, concluyeron que Preska había interpretado de forma errónea la ley argentina. El tribunal sostuvo que la legislación de expropiación impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio. Agregó que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños.

La resolución también dejó sin efecto la orden que Preska había dictado en junio de 2025, por la cual la Argentina debía entregar a los demandantes su participación del 51% en YPF. En junio de este año, el pleno de la Cámara rechazó un pedido de revisión y la instancia de apelación ordinaria quedó agotada. La Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo entonces que ese rechazo respaldaba la solidez jurídica de la posición argentina.

Burford apuesta a la Corte Suprema y al CIADI

Burford Capital, el fondo de litigios que financió la demanda de los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su escrito, calificó la decisión de la Cámara como «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes».

La admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por año, concede la revisión de aproximadamente 80 expedientes y no tiene plazos fijados para expedirse.

En paralelo, Burford abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Tras el fallo de marzo, el propio fondo había señalado en un comunicado que el arbitraje de tratado de inversión seguía siendo una opción viable si no lograba revertir la decisión.

Un litigio que cambió de signo, pero no terminó

A lo largo del juicio, Burford buscó que se declarara al país en desacato, reclamó la transferencia de las acciones estatales en YPF e intentó probar que existía un «alter ego» entre la petrolera, otras empresas y el Estado, una vía que habría permitido ejecutar la condena contra otros activos públicos. Con la sentencia anulada, esas medidas de presión perdieron el sustento sobre el que se apoyaban.

La decisión de la Cámara respalda además una premisa central de la posición argentina: que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre los estatutos societarios, incluido el de YPF. Aun así, el expediente todavía no está cerrado de manera definitiva, porque la Corte Suprema debe decidir si lo toma y el reclamo ante el CIADI sigue abierto.

Lo que tenés que saber

• Preska dejó sin efecto formalmente su sentencia de 2023 por US$16.100 millones y cerró la primera instancia.
• La Cámara del Segundo Circuito la revocó el 27 de marzo de 2026 por una interpretación errónea de la ley argentina.
• El pleno de la Cámara rechazó revisar ese fallo en junio.
• Burford presentó a principios de octubre un certiorari ante la Corte Suprema, que acepta unos 80 casos entre 7.000 y 8.000 pedidos anuales.
• En paralelo, Burford abrió un reclamo en el CIADI en representación de las sociedades Petersen.