Dos de los integrantes del entonces Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Mar del Plata, que en primera instancia absolvieron a los acusados por el abuso sexual y femicidio de la adolescente Lucía Pérez y quienes ahora volverán a ser juzgados, será sometidos a jury por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”.

Los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (el tercero Aldo Carnevale se jubiló y eludió esta posibilidad al ser beneficiado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal) afrontarán el juicio político, a partir del 14 de marzo de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Ante el Senado bonaerense ambos serán sometidos a este proceso, impulsado por la familia de Lucía Pérez, tras haber firmado aquel veredicto, que fuera calificado como “misógino y machista”, en el que se absolvió a Juan Pablo Offidani, Cristian Matías Farías y Alejandro Maciel (ya fallecido) por la violación y asesinato de la chica, ocurrido en octubre de 2016 en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, para solo condenarlos por comercialización de drogas.

Ese fallo, dictado en 2018, fue apelado por la querella y dos años más tarde, el Tribunal de Casación Penal bonaerense lo anuló y ordenó la realización de un nuevo juicio, que se iniciará el próximo 7 de febrero, en un debate oral y público, al rechazarse la pretensión de los acusados de que actúe un Jurado Popular.

En consecuencia, una vez que se conozca el veredicto del denominado juicio Lucía Pérez II se iniciará el jury contra Viñas y Gómez Urso, solicitado por la familia de la víctima y que fue acompañado en su presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense por miles de firmas que adhirieron a ese pedido durante la muestra itinerante El Cuarto de Lucía.

Ya en noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad el jury por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” y desde entonces, los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron preventivamente destituidos de sus cargos.