Amnistía Internacional presentó el informe titulado «Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina», en el que documenta cómo la administración de Javier Milei amplió de manera sistemática las capacidades estatales de monitoreo y control social desde diciembre de 2023 hasta finales de 2025. El documento se elaboró a partir de 21 entrevistas a periodistas, activistas, jubilados y defensores de derechos humanos, además del análisis de contratos de adquisición pública e información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información.

Un Estado que vigila: reformas por decreto y compras millonarias

El informe documenta que el Ministerio de Seguridad destinó al menos 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025 a la adquisición de tecnologías de vigilancia, en llamativa contradicción con el discurso de austeridad que el gobierno libertario esgrimió para justificar el desmantelamiento de programas sociales, la reducción de salarios docentes y el recorte al financiamiento universitario. Entre las adquisiciones detectadas figuran plataformas capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales, sitios web, la web oscura y bases de datos públicas; software de reconocimiento facial; drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres con rastreo automatizado y transmisión de imágenes en tiempo real. Una de las empresas proveedoras identificadas en el informe es Clearview AI, una firma cuestionada a nivel internacional por su tecnología de reconocimiento facial masivo y no consentido.

Además de las compras, Amnistía Internacional documentó una serie de reformas institucionales impulsadas mediante resoluciones y decretos ejecutivos que ampliaron la capacidad del Estado para recopilar información sin los controles democráticos que históricamente regulaban la actividad de inteligencia. Entre esos cambios se incluyen modificaciones al funcionamiento del servicio de inteligencia y la habilitación legal para que las fuerzas de seguridad realicen ciberpatrullaje en internet y redes sociales sin requerir autorización judicial previa.

El dron sobre la cabeza: jubilados y activistas bajo vigilancia

El informe no se limita a registrar las adquisiciones tecnológicas; también da cuenta de su uso efectivo sobre la ciudadanía. Amnistía Internacional documentó el despliegue de drones directamente sobre manifestantes y jubilados, pese a que el gobierno había afirmado que no se utilizarían en contextos de protesta. Ana Tapia, del colectivo Jubilados Insurgentes, relató su experiencia ante los investigadores: «Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo. Cuando caminas, de repente ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?»

La organización advirtió que estas herramientas tuvieron un impacto especialmente grave sobre periodistas, activistas y migrantes. Varios de los entrevistados reconocieron haber comenzado a autocensurarse en redes sociales o a dejar de asistir a manifestaciones por temor a ser identificados y sufrir represalias. Este fenómeno, que Amnistía Internacional denomina «efecto inhibidor», representa una amenaza estructural para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación, sin que medie condena judicial ni siquiera sospecha fundada alguna.

El tecnoautoritarismo como proyecto de gobierno

Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, fue categórico en su diagnóstico: «Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias.» La caracterización no es menor: lejos de tratarse de adquisiciones aisladas o decisiones burocráticas de bajo impacto, el informe plantea que el conjunto de reformas y tecnologías configura un sistema cohesionado de vigilancia y disciplinamiento social.

Este diagnóstico resulta coherente con el patrón de comportamiento del gobierno libertario frente a la disidencia y la protesta: la represión de jubilados frente al Congreso, la criminalización de referentes sociales, el hostigamiento a periodistas críticos y el uso de redes sociales oficiales para señalar adversarios políticos. La expansión tecnológica de la capacidad represiva del Estado no es una anomalía, sino la extensión digital de una lógica de gobierno que trata a quien protesta como un enemigo a identificar y neutralizar.

Las exigencias de Amnistía: regulación urgente y rendición de cuentas

Frente a este cuadro, Amnistía Internacional formuló exigencias concretas al Estado argentino. La organización pidió la prohibición del desarrollo, producción, venta y uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para vigilancia discriminatoria, así como el establecimiento de mecanismos efectivos de regulación, supervisión y rendición de cuentas sobre estas herramientas. Mahmoudi subrayó que «Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos.»

La ausencia de legislación específica que regule el uso estatal de inteligencia artificial y biometría en Argentina no es una omisión casual. Mientras otros países avanzan en marcos normativos que ponen límites al uso de estas tecnologías, el gobierno de Milei las expandió por vía de decreto y resolución, esquivando el debate parlamentario y la deliberación pública. El resultado es un Estado que sabe cada vez más sobre sus ciudadanos, y ciudadanos que saben cada vez menos sobre qué hace el Estado con esa información.

Puntos clave

• Amnistía Internacional publicó el informe «Estado de vigilancia» el 19 de agosto de 2026, documentando la expansión de tecnologías de control social bajo el gobierno de Milei.
• El Ministerio de Seguridad invirtió al menos 1,2 millones de dólares en herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, en contradicción con el discurso de austeridad oficial.
• Las adquisiciones incluyen software de reconocimiento facial de Clearview AI, drones con cámaras térmicas y plataformas de rastreo masivo de redes sociales.
• Activistas, periodistas y jubilados manifestaron haber modificado sus conductas por temor a ser identificados, lo que Amnistía denomina «efecto inhibidor» sobre los derechos fundamentales.
• La organización exigió la prohibición del uso discriminatorio de biometría remota y la creación de marcos legales de regulación y rendición de cuentas.