Sturzenegger apuntó contra los colegios inmobiliarios y prometió más desregulación

★ Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, volvió a poner en el centro de la escena la agenda desreguladora del Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el blanco fue el mercado inmobiliario y, en particular, los colegios profesionales del sector. «Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social», sentenció ante un auditorio de desarrolladores e inmobiliarios, en el evento «Real estate 2026: expectativas y realidad», organizado por Reporte Inmobiliario.

Las declaraciones del funcionario grafican el rumbo ideológico de una gestión que convirtió la desregulación en su bandera más visible, aunque los resultados concretos de esa agenda para los sectores más vulnerables de la sociedad siguen siendo materia de debate.

Los colegios profesionales en la mira

En su exposición, Sturzenegger distinguió entre la existencia de los colegios y el uso del poder estatal para fijar condiciones. «El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado», planteó. En esa línea, cuestionó tres aspectos concretos: la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que, según su visión, limitan la competencia.

El ministro anunció que en los próximos meses el Gobierno enviará al Congreso un paquete legislativo de desregulación orientado a «eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial». La meta declarada es avanzar hacia un mercado «más libre, dinámico y competitivo», donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales.

Lo que el ministro omitió en su diagnóstico es que los colegios profesionales no solo regulan precios: también garantizan estándares mínimos de idoneidad, habilitaciones y mecanismos de responsabilidad frente a los consumidores. La desregulación total de la intermediación inmobiliaria, sin un marco alternativo de protección al usuario, puede derivar en una mayor desprotección para quienes menos recursos tienen para litigar frente a una operación viciada.

La derogación de la ley de alquileres: un «éxito» con letra chica

Sturzenegger defendió con entusiasmo la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023, firmado por Milei a pocos días de asumir la presidencia. Según el ministro, la desregulación completa del mercado «permitió que el mercado vuelva a funcionar» y exhibió dos datos como evidencia: un aumento del 300% en la oferta de propiedades en alquiler y una caída real de precios cercana al 30%.

Lo que el funcionario no mencionó es que la derogación abrupta de la ley dejó a miles de inquilinos sin las protecciones mínimas que establecía la norma: plazos mínimos de contrato, mecanismos de actualización previsibles y limitaciones a los requisitos de garantía. El mercado efectivamente se movió, pero en condiciones donde los propietarios recuperaron todo el poder de negociación frente a inquilinos que, en la mayoría de los casos, no tienen margen para rechazar contratos desventajosos.

Crédito hipotecario: la promesa de una expansión que aún no llega

El funcionario proyectó una expansión significativa del crédito hipotecario en los próximos diez años. Señaló que hoy los bancos argentinos operan con recursos que representan apenas entre el 12% y el 15% del PBI, muy por debajo de países como Chile, donde ese ratio supera el 80%. El stock actual de hipotecas en Argentina ronda los 5.000 millones de dólares y, según Sturzenegger, podría multiplicarse por diez si los argentinos traen sus ahorros al sistema financiero local.

Para que eso ocurra, argumentó, los bancos deberán transformar su modelo de negocio: en un contexto de baja inflación, ya no podrán depender de instrumentos de corto plazo con tasas altas y tendrán que salir a captar el ahorro de largo plazo. El instrumento central seguirá siendo el crédito UVA, con tasas reales que podrían ubicarse en niveles similares a los internacionales, con un punto de partida de UVA + 8%.

Lo que la ecuación del ministro deja afuera es la situación de los trabajadores que hoy no califican para ningún crédito hipotecario, en un contexto donde el poder adquisitivo del salario real no recuperó los niveles previos a la gestión Milei y donde la informalidad laboral sigue siendo estructuralmente alta.

Costos de construcción y el modelo exportador

Sturzenegger completó su diagnóstico con dos ejes adicionales. Por un lado, afirmó que la construcción tiene margen para abaratarse por la vía de la apertura económica y la reducción de la carga impositiva y regulatoria sobre insumos. Por otro, trazó un horizonte macroeconómico basado en el crecimiento exportador, energético y minero, que en su lógica fortalecería el peso y elevaría los precios de los inmuebles medidos en dólares.

El funcionario mencionó a Neuquén y Vaca Muerta como ejemplo del tipo de geografía que podría atraer demanda inmobiliaria en el nuevo esquema. Cerró con una frase que sintetiza la filosofía del gabinete: «Lo ideal sería que no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio.»

La declaración, más que una promesa técnica, es un programa político: el Estado como obstáculo a eliminar, no como garante de derechos. Una visión que choca frontalmente con la realidad de millones de argentinos que necesitan precisamente de ese Estado para acceder a una vivienda digna.

Puntos clave

• Sturzenegger calificó de «aberración social» la fijación de honorarios mínimos por colegios inmobiliarios y anunció un paquete legislativo desregulador para los próximos meses.
• Defendió la derogación de la ley de alquileres vía DNU 70/2023, atribuyéndole un aumento del 300% en la oferta y una caída real del 30% en los precios.
• Proyectó que el crédito hipotecario podría multiplicarse por diez en diez años, con créditos UVA como instrumento central desde una tasa de UVA + 8%.
• Afirmó que la construcción tiene márgenes para bajar sus costos por vía de apertura económica y reducción impositiva.
• El discurso oficial omite sistemáticamente el impacto sobre los sectores con menor poder de negociación: inquilinos, trabajadores informales y familias sin acceso al crédito.