Judiciales ⚖️
Gatillo fácil: apelarán polémico fallo
Un agente de la Policía bonaerense fue condenado a 18 años de prisión, pero beneficiado con arresto domiciliario, por el crimen del adolescente Matías Banuera. La querella ya adelantó que va a recurrir la sentencia, ya que había pedido perpetua, al igual que la Fiscalía.
Por Néstor Llidó
Tras haber sido declarados culpables durante el juicio, al dar conocer su veredicto, el Tribunal Oral Criminal Nro. 2 de Quilmes condenó a 18 años de prisión al agente Cristian Mariano Alejos como autor del asesinato del chico Matías Banuera, al que ejecutó de un balazo en la cabeza en un caso de gatillo fácil ocurrido en julio de 2017 en la localidad de Ezpeleta.
En el mismo fallo, los oficiales Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa recibieron tres años de prisión por el delito de “encubrimiento agravado” y un cuarto policía, Manuel Argañaraz, había acordado una pena de dos años y ocho en un juicio abreviado.
Además, de recibir condenas inferiores a las pedidas por el fiscal Sebastián Videla y la querella (representada por la abogada Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria), ninguno irá a la cárcel, al ser beneficiados con el arresto domiciliario.
Tras el repudio de los familiares de la víctima y organizaciones sociales, ya se anticipó que una vez que se den a conocer los fundamentos, se presentará la apelación al escandaloso fallo y las condiciones de morigeración del cumplimiento de la pena para el caso del autor material del asesinato de Matías Banuera, un adolescente de entonces 14 años.
Alejos, quien integraba el grupo de élite d la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, resultó condenado por el delito de “homicidio simple por el uso de arma de fuego”, sin contemplar algunos de los agravantes que habían planteado la Fiscalía y la querella.
Mundo 🌐
Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores
El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.
Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.
Qué incluye el decreto
El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.
«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».
Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal
Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.
Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.
El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.
Lo que tenés que saber
- El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
- Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
- Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
- Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
- Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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