El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó este viernes , a dos años del crimen de Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas por efectivos de la Policía de la Ciudad en un caso de gatillo fácil en el que hay nueve efectivos de esa fuerza condenados, que el Gobierno porteño tiene pendiente regular la actividad de las “brigadas” policiales que actúan en la Capital Federal.

En un hilo de mensajes publicados en la red social X (antesTwitter), el CELS expresó: “Lucas González tenía 17 años. Fue asesinado por integrantes de la Brigada de la Comisaría 4C de la Policía de la Ciudad. Al salir de entrenar en Barracas, le cruzaron un vehículo sin identificación y comenzaron a disparar sin motivo. Hoy se cumplen 2 años de su muerte”.

La entidad recordó que “el Tribunal Oral 25 declaró culpables a los policías que asesinaron a Lucas e intentaron asesinar a los tres amigos que viajaban con él en el auto. También a los que quisieron encubrir el caso”.

“Los jueces entendieron que los policías actuaron motivados por odio racial. Los policías de la Brigada eligieron a sus víctimas basándose en un prejuicio: por su apariencia, los chicos representaban una amenaza para el resto de la sociedad”, agrega el comunicado.

Y finalmente, el CELS señala que “el Gobierno de la Ciudad tiene pendiente regular y controlar la actividad de las brigadas que, históricamente, intervienen de manera abusiva y son parte de dinámicas delictivas, en especial, en los barrios más empobrecidos. En este día abrazamos a la familia y amigues de Lucas”.

El caso Lucas González asesinado por la Policía de la Ciudad

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.

Los tres amigos de Lucas, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente tras determinarse que no se trataba de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

En julio pasado, el TOC 25, integrado por los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartomeu Romero, condenó a prisión perpetua a Gabriel Issasi (42), Juan José Nievas (38) y Fabián López (48), los tres integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que actuaron en el crimenSus condenas fueron por los delitos de «homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad», «tentativas de homicidio quíntuplemente agravado», «privación ilegítima de la libertad» y «falsedad ideológica».

En el mismo debate fueron condenados a penas de entre 4 y 10 años de prisión por otros delitos (encubrimiento, torturas y privación ilegal de la libertad) los policías Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos y Héctor Cuevas.Durante el debate oral, la confesión de uno de los imputados generó la detención de un nuevo imputado, el oficial Matías Torres, quien ya fue elevado a un nuevo juicio oral que se hará por el caso, como acusado de haber trasladado al condenado Issasi hasta una comisaría, presuntamente para buscar la pistola que luego fue “plantada” en la escena del hecho.

En su sentencia, los jueces del TOC 25 indicaron que tanto los cuatro menores como sus padres fueron víctimas de violencia institucional, al determinar que los acusados incurrieron en prácticas policiales discriminatorias y detenciones arbitrarias de personas «marrones».»Claramente ese era el objetivo y estaban guiados por odio racial.

Premeditadamente los seleccionaron por vestimenta, color de piel, por circular en un automóvil por una calle que permitía acceso a una zona carenciada», afirmaron.Para el tribunal, la acción de los policías «solo puede ser explicada a partir de la aplicación de estereotipos fundados en el color de su piel -marrón- y en sus rasgos físicos, que podrían corresponder con la población de ascendencia aborigen, es decir, en la atribuida pertenencia a un grupo racial odiado y a cuyos integrantes se pretende someter, a su vestimenta, a su posible pertenencia a un sector social que habita en un barrio de emergencia».»No había causa o motivo, solo prejuicio y el prejuicio conduce inexorablemente al odio», afirmaron los jueces.Imprimir