Economía 💲
Guzmán y Zabaleta reafirmaron que el Gobierno apuesta a ampliar derechos a trabajadores populares
«Buscamos fortalecer la construcción de un futuro en donde la economía popular tiene un rol importante», afirmó Guzmán durante la recorrida junto a Zabaleta y referentes de movimientos sociales, entre los que estuvieron Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (del Movimiento Somos Barrios de Pie), ambos también funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, reafirmaron hoy el objetivo del Gobierno de «fortalecer la economía popular», durante una visita a la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (Funcat), en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde también defendieron proyectos de acceso al crédito para el sector y de «compre popular» por parte del Estado.
«Buscamos fortalecer la construcción de un futuro en donde la economía popular tiene un rol importante», afirmó Guzmán durante la recorrida junto a Zabaleta y referentes de movimientos sociales, entre los que estuvieron Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (del Movimiento Somos Barrios de Pie), ambos también funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro de Economía se refirió a la importancia de que el Estado garantice el acceso al crédito para el sector para «nivelar y generar condiciones» de mayor equidad y defendió las propuestas legislativas que impulsa el oficialismo para ampliar derechos de los trabajadores de la economía popular.
«En la Argentina históricamente hemos pasado distintos períodos en donde se pusieron intereses en el centro que no eran los de nuestra gente», en los que «los conflictos de intereses muchas veces se resuelven de una manera muy nociva para millones y millones de personas».
En esa línea, consideró que «al pasado hay que mirarlo, para que no vuelvan a ocurrir ciertas cosas» y subrayó: «Es muy importante trabajar en equipo para poder construir futuro» porque «al fin y al cabo todos queremos lo mismo».
«A veces tenemos diferencias en cómo llegar a esos objetivos, pero siempre tenemos que acordarnos que el conflicto de intereses pasa por otro lado. Cuenten con nosotros como compañeros de un equipo”, concluyó Guzmán.
En la misma línea, Zabaleta aseguró que «todos en esta fuerza política y en este Gobierno queremos lo mismo: distribuir la riqueza, fortalecer la economía popular y un Estado que siga brindando más derechos y mejores servicios, queremos un Estado que incluya».
«Somos una fuerza política que le vino a transformar la vida a los argentinos, con más o con menos tensiones, pero es con (el presidente) Alberto (Fernández), es con (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), es con (el titular de la Cámara de Diputados) Sergio (Massa), es con los trabajadores y las trabajadoras, es con todos los que estamos acá sin ningún tipo de dudas», enfatizó.
Funcat es una organización que busca generar trabajo colectivo para «fortalecer a las cooperativas asociadas», que trabajan junto al municipio de Almirante Brown «para fomentar el desarrollo productivo y cultual» de la comunidad, indicaron fuentes del ministerio que conduce Zabaleta.
Además, reúne asociaciones de otros municipios como Esteban Echevarría, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y Florencio Varela y tiene sedes en Córdoba, Mendoza y Santa Fe con cooperativas que trabajan de manera articulada con Buenos Aires.
La federación también creó la Mutual de liberados, liberadas y familiares «Mario Cafiero”, conformada en el marco del programa «Más Trabajo, Menos Reincidencia».
Se trata de un organismo de previsión social «gestionado y constituido por personas liberadas en el país que brinda servicios de salud y trabajo, capacitaciones, asistencia social y asesoramiento financiero y legal a familiares de personas liberadas y privadas de libertad», explicaron voceros del Ministerio de Economía.
Guzmán y Zabaleta, junto a Pérsico y Menéndez, recorrieron hoy el Centro de Producción de Bolsas de Material Reciclado, que nuclea a seis cooperativas de reciclado y genera 20 puestos de trabajo directo y 175 puestos de trabajo indirecto.
Allí dialogaron con el presidente de Funcat, Martín Villalba, y con los representantes de las cooperativas y Guzmán se refirió al Régimen de Promoción de la Economía Popular, en desarrollo a partir de un trabajo conjunto entre ambos ministerios.
Se trata de un proyecto que apunta a poner en valor al empleo popular mediante la formalización de los trabajadores y el acceso al crédito, además de profundizar el «compre popular» por parte del Estado para que «haya una valorización mayor de lo que se produce en la economía popular», explicó Guzmán.
Pérsico destacó el trabajo que realizan ambas carteras en beneficio de la economía popular y aseguró que los movimientos sociales conocen a Guzmán «desde antes de que fuera ministro» y saben que «él siempre se preocupó y asesoró a los movimientos sociales» porque «entiende» a las cooperativas.
Contó que, entre las demandas que le presentaron, figuró la necesidad de un «cambio de la matriz de la producción» en la Argentina.
«Eso es algo que la economía popular ya hizo de hecho, pero necesitamos que el Estado nos mire y reconozca ese trabajo», reflexionó Pérsico.
De igual manera, Menéndez expresó: «Valoramos lo que hoy hizo el ministro, valoramos que se acerque a conocer la problemática de los trabajadores excluidos» y abogó por avanzar en el proyecto de «renta inesperada».
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️1 díaLlega el clásico Argentina-Uruguay: el primero sin Messi
-
Gremiales7 díasATE anunció protestas en 27 aeropuertos el viernes 6: puede haber demoras y cancelaciones
-
Actualidad3 díasMisa del Papa en Palermo: horarios, accesos y qué se puede llevar el lunes 9
-
Fútbol & Goles!1 díaPlayoffs del fútbol argentino: los 16 clasificados, todos los cruces y las fechas
-
CABA6 díasSin clases, con DNI para entrar a tu barrio y cortes hasta el 16: el operativo por León XIV en CABA
-
CABA6 díasCacería a mujeres trans en Palermo: cómo fue coordinada, filmada y festejada en redes
-
CABA7 díasAgenda de León XIV: qué hará el Papa en su visita a la Argentina día por día
-
Géneros 🟣1 díaIcardi quedó eximido de prisión y allanaron su casa de Nordelta
