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Chubut

Escándalo judicial: anularon una condena porque el juez usó ChatGPT para redactar la sentencia

La Cámara Penal de Esquel revocó un fallo de dos años y medio de prisión tras descubrir que el magistrado Carlos Rogelio Richeri utilizó inteligencia artificial para escribir la resolución. La frase «listo para copiar y pegar» quedó registrada en el documento oficial y desató la investigación.

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⬛ La justicia de Chubut anuló este miércoles 15 de octubre una sentencia condenatoria después de comprobar que el juez que la dictó utilizó ChatGPT para redactar partes sustanciales del fallo. El caso, que afecta a Raúl Amelio Payalef —condenado en junio pasado a dos años y seis meses de prisión efectiva por robo simple—, expone las tensiones entre el uso de tecnología y las garantías del debido proceso judicial.

La Cámara en lo Penal de Esquel, integrada por los jueces Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, determinó que el juez Carlos Rogelio Richeri no ejerció el control humano obligatorio sobre la sentencia y suscribió un texto generado por inteligencia artificial sin advertirlo explícitamente.

La prueba: una conversación con la IA que quedó en el expediente

La evidencia más contundente del uso de ChatGPT surgió de la propia sentencia. En el cuerpo del documento judicial apareció una frase que pertenecía claramente a una conversación entre el juez y el asistente artificial: «Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar:».

Esa instrucción, destinada al magistrado pero incluida accidentalmente en el texto oficial, reveló que el juez no solo había consultado la herramienta, sino que había incorporado contenido generado automáticamente sin revisión adecuada.

Para la Cámara, este error dejó una «brecha demasiado amplia» que impide determinar cuánto del razonamiento judicial es atribuible al juez y cuánto fue producido por el sistema de IA generativa. Esa imposibilidad de distinguir, señalaron los magistrados, tensiona directamente la prohibición de delegar decisiones judiciales en sistemas automáticos.

Falta de trazabilidad y motivación del fallo

Según destacó el Ministerio Público Fiscal de Chubut en su publicación oficial, la Cámara consideró que «el error demostró, a los ojos del tribunal revisor, que el juez no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio, suscribiendo la sentencia con la cita de la IA».

Los jueces remarcaron que la omisión de dejar constancia del uso de inteligencia artificial, así como de lo que se le requirió al asistente digital, impide controlar la trazabilidad del razonamiento judicial. En consecuencia, la decisión «se puede equiparar a una respuesta meramente dogmática o inmotivada», lo que vulnera el derecho del condenado a conocer los fundamentos de la sentencia que lo afecta.

Nuevo juicio con otro magistrado

Como consecuencia de la anulación, el caso de Raúl Amelio Payalef deberá ser juzgado nuevamente, pero esta vez por un juez diferente. La decisión de la Cámara invalida no solo la sentencia condenatoria de junio pasado, sino todo el juicio que la precedió.

La resolución advierte sobre las «graves consecuencias» que el uso incorrecto de la IA produjo en el proceso, tanto para los justiciables como para la ciudadanía y el Estado, responsable de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Investigan al juez ante el Superior Tribunal

La Cámara Penal ordenó remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, organismo que ejerce la superintendencia sobre la actividad jurisdiccional. Será esa instancia la encargada de investigar y determinar el alcance de las consecuencias producidas por el uso inadecuado de la inteligencia artificial por parte del juez Richeri.

El caso sienta un precedente inquietante sobre los límites y controles necesarios cuando la tecnología se incorpora a la función judicial, especialmente en decisiones que afectan derechos fundamentales como la libertad de las personas.

Puntos clave:

• La Cámara Penal de Esquel anuló una sentencia condenatoria de dos años y medio de prisión por robo simple dictada en junio de 2024
• El juez Carlos Rogelio Richeri utilizó ChatGPT para redactar la resolución, lo que se comprobó por una frase de la IA que quedó registrada en el documento oficial
• La frase «listo para copiar y pegar» reveló que el magistrado no ejerció control adecuado sobre el contenido generado por inteligencia artificial
• El Superior Tribunal de Justicia de Chubut investigará al juez por el uso incorrecto de IA en una decisión judicial
• El condenado, Raúl Amelio Payalef, será juzgado nuevamente por un magistrado diferente

Chubut

Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries

La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.

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Caso Sofía Devries: imputaron al instructor de buceo por homicidio culposo.

La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.

La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.

La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar

La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.

Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.

La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.

Una certificación básica para una salida de aguas profundas

Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.

La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.

Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa

Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.

El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.

Puntos clave

  • Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
  • La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
  • La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
  • La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
  • Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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