Economía 💲
Designan a Giordano al frente de Anses y a otros funcionarios de Economía
El Gobierno designó al economista cordobés Osvaldo Giordano como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y convalidó otros nombramientos en el Ministerio de Economía, en las áreas de Ingresos Públicos y Legal y Administrativa, a través de decretos publicados hoy en el Boletín Oficial.
Con el Decreto 47/2023 quedó formalmente designado Giordano, quien es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde es oriundo, y antes de asumir como titular de Anses fue ministro de Finanzas del gobierno provincial de Juan Schiaretti desde 2015.
También fue investigador en el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea.
A nivel nacional, ocupó los cargos de subsecretario de Economía Laboral y Social del Ministerio de Hacienda (1992-1996), secretario de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo (1996-1997), superintendente de Riesgo de Trabajo (1997-1998) y director general de Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (1998-2002)
Además, fue presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante más de 20 años (1992 a 2014).
En la gestión de la provincia de Córdoba, entre 2002 y 2003, ocupó el cargo de secretario de Ingresos Públicos; en 2007, el de secretario de Previsión Social, cuando tuvo a cargo la gestión de los reclamos a la Nación por los fondos adeudados para la Caja de Jubilaciones de Córdoba; y desde 2015, el de ministro de Finanzas.
«Las políticas de Estado durante estas décadas sostuvieron el desorden del sector público. De este modo, la solución a los problemas no pasa por el ajuste fiscal; las soluciones pasan por el ordenamiento del Estado», escribió Giordano en el libro «Una vacuna contra la decadencia», editado este año y que escribió junto con los economistas Jorge Colina y Carlos Seggiaro.
Allí se aborda la cuestión previsional y se presentan propuestas como 65 años de edad y 35 de aportes para hombres y mujeres, y el haber que resulte del 82% del promedio actualizado de la remuneración neta de toda la vida activa; que la pensión por fallecimiento sea para los hijos y no para el cónyuge si este ya tiene la propia; un haber máximo bajo, la posibilidad de ahorrar en regímenes complementarios y una movilidad periódica en función de los salarios de los activos.
Por otra parte, el decreto 42/2023 convalidó el nombramiento de Claudia Balestrini como subsecretaria de Ingresos Públicos, quien así continuará en un cargo que ostenta desde 2015 cuando ingresó al gobierno de Mauricio Macri, junto con el ministro de Economía de entonces, Alfonso Prat Gay, y continuó luego con las siguientes administraciones.
Balestrini es contadora pública por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Tributación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
Además, fue socia del Estudio Jurídico Contable Balestrini, desde 1994 hasta 2014.
En tanto, el decreto 43/2023 designó a Gabriel Crugeiras como subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa.
Contador público de la UBA, Crugeiras realizó un posgrado sobre Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Data Mining) en la Universidad Austral.
En 2016 ingresó a la función pública en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde primero fue jefe de Departamento de Monitoreo de Gestión, y luego jefe del Departamento de Inteligencia de Gestión, donde se desempeñó hasta ahora.
Por otra parte, por intermedio del decreto 40/2023 se aceptó la renuncia presentada por Flavia Royon al cargo de secretaria de Energía, cargo para el que fue designado Eduardo Rodríguez Chirillo, cuyo nombramiento se concretó días atrás con el decreto 14/2023.
Asimismo, Royon fue designada secretaria de Minería, para lo cual también se aguarda el decreto que la oficialice.
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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