El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, expresó hoy que la confirmación por la Corte Suprema de la sentencia a la dirigente social Milagro Sala dejó «firme una condena ilegítima» y convalidó la «actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías».

«La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó hoy el lawfare contra la dirigente social de Jujuy Milagro Sala al rechazar un recurso extraordinario federal presentado por su defensa por violaciones al debido proceso durante el juicio en el que fue condenada a 13 años», dijo el funcionario en Twitter.

Sobre el fallo de la Corte que dejó firme la condena a 13 años de cárcel a Sala en la causa «Pibes Villeros», Pietragalla consideró que el máximo tribunal «utilizó argumentos formalistas» para desestimar la presentación y «evitó así expedirse sobre la cuestión de fondo».

«Con esta decisión, la Corte Suprema dejó firme una condena ilegítima a (Milagro) Sala y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional», denunció.

Para Pietragalla el caso de Sala representó «el laboratorio del lawfare que se instaló en nuestro país para perseguir a opositores políticos mediante la utilización del sistema penal y mediático, como se comprobó días atrás con la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández».

«A pesar de esta decisión, Milagro Sala debe seguir en prisión domiciliaria por estar vigentes las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica, y poner fin a la persecución penal arbitraria», remarcó.

Además, la Secretaría agregó que «no deja de indignar que la Corte Suprema vuelva a demostrar su falta de compromiso institucional con la Constitución Nacional».

«Las violaciones groseras de las garantías judiciales que sufrió Milagro Sala en este proceso penal, en el que fue condenada por los tribunales jujeños por asociación ilícita, como líder de la organización social Tupac Amaru, demuestran que el verdadero objetivo era la proscripción política y la desmovilización social, y no la lucha contra la corrupción», sostuvo en un comunicado.