El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en un plazo de 24 horas todas las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas en la provincia. La medida judicial alcanza también el pago inmediato de los haberes retenidos a los beneficiarios.

La resolución se enmarca en una acción de amparo colectivo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, el Defensor del Pueblo de Catamarca y un grupo de ciudadanos afectados.

El decreto de Milei bajo la lupa

El fallo cuestiona directamente el decreto 843/24 firmado por el presidente Javier Milei, que modificó los requisitos de acceso a las pensiones por discapacidad. Para los demandantes, la norma es inconstitucional, ya que viola los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, reconocidos en tratados internacionales incorporados a la Constitución.

En Catamarca, la suspensión de pensiones comenzó en julio. Numerosos beneficiarios se enteraron de la baja cuando dejaron de percibir los haberes, sin ninguna notificación clara. En otros casos, recibieron cartas documento con tecnicismos jurídicos, difíciles de comprender y con serias fallas formales.

Auditorías “irregulares y lesivas”

El juez Díaz Martínez también ordenó detener las auditorías discrecionales que la ANDIS aplicaba como justificación para las bajas. Según la presentación judicial, estos procedimientos se realizaron de manera “irregular y lesiva”, vulnerando derechos adquiridos y desconociendo la situación de vulnerabilidad de los titulares.

Ajuste y corrupción en la Agencia

La medida judicial se suma a un contexto de fuerte cuestionamiento a la gestión de la ANDIS, que en paralelo atraviesa un escándalo de corrupción. El consultor libertario Fernando Cerimedo y su esposa fueron denunciados por encubrimiento en maniobras vinculadas a la agencia, lo que expone cómo el discurso de austeridad y “motosierra” del Gobierno convive con la utilización discrecional de recursos públicos.

La contradicción es evidente: mientras Milei justificaba las bajas de pensiones con el argumento de “eliminar privilegios”, su hermana Karina Milei y parte de su entorno político y mediático se beneficiaba de negocios con el Estado.

Una victoria judicial parcial

El fallo de Catamarca constituye un freno judicial al ajuste sobre los sectores más vulnerables, pero su alcance inmediato es provincial.

El desenlace final dependerá de la sentencia definitiva y de la reacción del Ejecutivo, que ya había anunciado la suspensión temporal de las auditorías la semana pasada tras el fuerte rechazo social.

La decisión, sin embargo, sienta un precedente clave en la pelea por los derechos de las personas con discapacidad, al poner en cuestión el uso del ajuste como herramienta para recortar beneficios sociales esenciales.