Judiciales ⚖️
Megasecta: pidieron capturas internacionales y continúan detenidas 19 personas
A las 9 de la mañana fueron trasladados desde la Alcaidía de Madariaga a la sede del Juzgado Federal N°4 los detenidos Juan Percowicz -sindicado como el líder-, Mariano Krawickz, Gustavo Aníbal Rena, Mario Alberto Leonardo, Luis Mario Romero, Carlos Walter Barragán, Daniel Eloy Aguilar, Daniel Fryd Trepat, Federico David Sisrro y Horacio Vesce.
Las 19 personas detenidas en la causa conocida como «Secta S.A.» se negaron hoy a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py, ante el juez Ariel Lijo, y se emitió un pedido de captura sobre otras cuatro personas que residen en Estados Unidos, según fuentes gubernamentales.
A las 9 de la mañana fueron trasladados desde la Alcaidía de Madariaga a la sede del Juzgado Federal N°4 los detenidos Juan Percowicz -sindicado como el líder-, Mariano Krawickz, Gustavo Aníbal Rena, Mario Alberto Leonardo, Luis Mario Romero, Carlos Walter Barragán, Daniel Eloy Aguilar, Daniel Fryd Trepat, Federico David Sisrro y Horacio Vesce.
En todos los casos, sin excepción, se negaron a prestar declaración indagatoria, por lo que fueron devueltos a la alcaidía de Madariaga hacia las 14 de este lunes.
En tanto, las mujeres detenidas llegaron al juzgado hacia las 13 provenientes de la alcaidía Cavia, y adoptaron idéntica actitud.
Se trata de María del Carmen Giorgi, Georgina Hirschfelb, Susana Mendelievich, Alicia Arata, Silvia Herrero, Marcela Arguello, Ruth Viviana London, Susana Barneix y Marcela Alejandra Sorkin.
Voceros de la Justicia indicaron que, además de los actuales 19 detenidos, se solicitó que se ordene la captura internacional de Pablo Román Sinigaglia, María Beatriz Bugari, Verónica Angela Iaconno y Gabriel Sorkin, todos con residencia actual en los Estados Unidos.
Los delitos involucrados son trata de personas con fines de reducción a la servidumbre -agravado por coerción-, hurto agravado, lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio Irregular de medicamentos y tráfico de influencias, indicaron las fuentes policiales.
Las 19 personas fueron detenidas el viernes último en el marco de 50 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en el marco de una causa que investiga a la organización a la que pertenecen -BA GRoup y sus subsidiarias Escuela de Yoga Buenos Ares (EYBA) y Clínica CMI Abasto- por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, según informaron fuentes policiales y judiciales.
Además, se investigan otros delitos como hurto agravado, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, junto a la extensión de las actividades de la secta en Estados Unidos, de acuerdo a las fuentes.
El operativo fue realizado por detectives del Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina junto a personal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
En los procedimientos, los efectivos incautaron cerca de 500.000 dólares, una camioneta Ford Bronco, 30 monedas de plata, juguetes sexuales, videos pornográficos, computadoras y ordenadores portátiles, celulares, historias clínicas, títulos de propiedad y documentación de interés para la causa.
Las fuentes indicaron que al parecer la firma BA Group es «la cara visible» utilizada por una organización criminal trasnacional que se mueve en el mundo de las empresas, la salud y la política.
También fueron entrevistadas unas 66 personas, en su mayoría mayores de edad, que serían víctimas y fueron encontradas en un inmueble en Estado de Israel 4.457, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde funcionaba una de las sedes.
De acuerdo con la información que pudieron obtener los investigadores, la organización captaba a sus víctimas con la promesa terminar con enfermedades y adicciones, así como «buscar el desarrollo de la felicidad».
La coordinadora del programa nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) del Ministerio de Justicia, Zaida Gatti, relató que entre las personas halladas en los domicilios, algunas estaban desde «hace décadas rindiéndole culto al líder de la congregación, tiempo en que fue anulada su voluntad y autonomía» y explicó que a pesar de que las víctimas contaban con libertad ambulatoria, lo que se logra con este tipo de prácticas, es «obtener la dependencia absoluta».
Con esta metodología, tras incorporarlos lograban reducirlos a una situación de servidumbre, y utilizaban a sus adeptas para el ofrecimiento de relaciones sexuales a «personas de poder».
También se dedicarían a realizar «curas de sueño» consistentes en «empastillar» a los «fieles» de la organización para dormirlos durante días como forma de castigo, y a otras personas captadas en el extranjero a quienes daban un supuesto tratamiento contra las drogas, de acuerdo a la investigación.
El trabajo de la justicia sostuvo que el dinero obtenido de la explotación de las personas, ingresaría al circuito legal mediante inmobiliarias y una escribanía que posee la organización en Argentina, y a distintas fundaciones creadas en los Estados Unidos.
Ese movimiento generaría un flujo constante de divisas extranjeras para la organización, «siendo su cara pública y lega para dichas finalidades la empresa BA Group», de acuerdo a la investigación.
También se informó que la organización captaba alumnos desde el 2004 y en la actualidad contaba con alrededor de 170 alumnos en sus distintas sedes, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también contaba con ramificaciones en Las Vegas, Chicago y Nueva York.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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