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Amnistía Internacional interviene en la represión de Morales en Jujuy

Lanzó una acción global por la liberación de Alberto Nallar, defensor de DDHH, quien fue detenido en el marco del operativo represivo del gobernador y precandidato a vicepresidente por JxC, Gerardo Morales. La organización llama a sus seguidores de más de 160 países para que puedan enviar una carta al fiscal.

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La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una «acción urgente global» para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar la liberación de Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia esta semana en el marco del «operativo represivo» del gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales (JxC)

En un comunicado, la organización exhortó a Morales a «poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos».

En el texto, advierten que «entre el 11 y 13 de julio, en Jujuy, se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador» y que entre los detenidos se encuentra Nallar, «un defensor de derechos humanos con un rol muy activo durante las protestas en la provincia que vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio». El delito por el que el abogado fue detenido el jueves es el de «sedición».

El pedido de Amnistía se suma al pronunciado el viernes por la Multisectorial Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos que se manifestaron en las adyacencias de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de 12 personas; y al repudio de legisladores de Unión por la Patria (UxP) expresado el viernes en el Congreso Nacional junto a dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos.

Por su parte, Amnistía indicó que «en el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia».

Amnista Internacional exhort a Morales a poner freno de modo urgente a la violencia represin y criminalizacin en la provincia Foto Edgardo Valera
Amnistía Internacional exhortó a Morales a «poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia». / Foto: Edgardo Valera.

Una «acción urgente global»

En ese marco, la organización lanzó lo que denomina una «acción urgente global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez«.

«En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy», sostiene la gacetilla.

Según se explicó, la «acción urgente» es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos.

Además, la organización presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Servicio Paz y Justicia (Serpaj) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy.

La presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas.

El organismo internacional recordó que el pasado 15 de junio, «la Convención Constituyente de Jujuy realizó una reforma constitucional de manera rápida y, según diversos sectores, inconsulta» tras lo cual «se desataron protestas que condujeron a represiones policiales».

«En el accionar de las fuerzas de seguridad se registraron irregularidades y uso excesivo de la fuerza. En la actualidad las protestas continúan», remarca.

Asimismo, refiere que «desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 130 personas y defensores de los derechos humanos» y que a muchos «se les endilgan diversos delitos que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras».

El organismo informó también que junto a más de 70 organizaciones, «Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas».

Sociedad

Discapacidad: sin apoyos, la autonomía adulta depende de cada familia

Un informe de la Red de Asistencia Legal y Social advirtió que no hay políticas públicas suficientes para la vida adulta de personas con altas necesidades de apoyo. Los cuidados recaen sobre las familias, sobre todo las mujeres.

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Público en una sala, con varias personas en sillas de ruedas, durante un encuentro sobre discapacidad

Ir en silla de ruedas al supermercado que está a dos cuadras de su casa es «una batalla imposible, porque las veredas no te lo permiten». Así lo describió Gabriela Bruno, activista en discapacidad del Litoral.

Su testimonio integra un informe de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), titulado «Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina». El trabajo recupera las experiencias de las propias personas y de sus familiares, y concluye que en el país no existen políticas públicas suficientes para el paso a la vida adulta de esta población.

Los cuidados, a cargo de las familias

Según la investigación, la organización de los cuidados y los apoyos depende sobre todo de las familias, de sus recursos económicos, de la cobertura de salud y del lugar de residencia. El informe señala que falta una regulación integral de la figura del asistente personal y que las familias deben gestionar su cobertura ante obras sociales y prepagas, y en muchos casos recurrir a reclamos administrativos o judiciales.

Pablo, de 34 años, con discapacidad motora y residente del Noroeste, contó: «En mi ciudad ni existen los asistentes personales (…) Además, si les pagan, les pagan dos mangos. Y les pagan en seis meses». El estudio suma la escasez de trabajadores capacitados, los pagos insuficientes y las demoras en los reintegros.

Infantilización, empleo y barreras

Uno de los problemas identificados es la infantilización: familiares, profesionales o instituciones hablan en nombre de las personas adultas o no les consultan sobre su propia vida. Alejandro, de 26 años, relató que en una consulta médica el profesional se dirigió a su asistente personal en lugar de atenderlo. «¿No va a verlo?», preguntó el acompañante al dermatólogo, que respondió: «Solo la parte de arriba».

En el empleo, las personas con altas necesidades de apoyo enfrentan barreras actitudinales y falta de oportunidades. Las incompatibilidades entre determinadas pensiones y el trabajo registrado generan temor a perder un ingreso necesario para cubrir tratamientos y apoyos. Ana, de 53 años, dijo: «Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola».

Quiénes cuidan

La carga de los cuidados recae principalmente sobre las mujeres. Según el informe, muchas postergan sus proyectos personales, reducen sus jornadas o abandonan sus empleos para sostener los apoyos. Eugenia, de 63 años, familiar de una persona con discapacidad, dijo que hay que convertirse en «una especie de pulpo» para responder al cuidado, al trabajo y al sostén económico. Cuando quienes cuidan envejecen o se enferman, algunas familias enfrentan la posibilidad de que la institucionalización sea la única opción.

Qué propone RALS

La organización plantea pasar de una «autonomía de supervivencia» a una «autonomía de derecho». Propone construir un sistema integral de cuidados y apoyos, regular y profesionalizar al asistente personal, ampliar la oferta de especialistas en todo el país y facilitar los trámites para acceder a prestaciones de salud. También pide alternativas habitacionales comunitarias, accesibilidad en los espacios públicos, inclusión laboral y revisar las normas que generan incompatibilidades entre el empleo formal y la protección social.

Lo que tenés que saber

  • RALS advirtió que no hay políticas públicas suficientes para la vida adulta de personas con altas necesidades de apoyo.
  • Los cuidados dependen de las familias, de sus recursos, de la cobertura de salud y del lugar de residencia.
  • El informe señala que falta una regulación integral del asistente personal.
  • La carga de cuidados recae principalmente sobre las mujeres.
  • RALS propone un sistema integral de cuidados y apoyos y pasar de una autonomía de supervivencia a una de derecho.
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