El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes 12 de junio a través de su cuenta en la red social X que, a partir del próximo viernes 19 de junio, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar con el 100% de descuento en colectivos y trenes de jurisdicción nacional utilizando únicamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el certificado físico ante choferes o inspectores.

La medida implica una digitalización del acceso al beneficio ya vigente, no su creación. Las personas con CUD activo tenían garantizado el derecho a la gratuidad en el transporte público desde antes de esta gestión; lo que cambia ahora es el mecanismo de acreditación.

La base normativa de este paso fue la Resolución 415/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo pasado, que autorizó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir convenios con el área de Transporte para integrar el beneficio directamente en la tarjeta SUBE.

Cómo funciona la vinculación

Para acceder a la nueva modalidad, los beneficiarios deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y asociarla al CUD a través del sitio web oficial del sistema. La Secretaría de Transporte informó que la funcionalidad estará disponible desde el 16 de junio, tres días antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema. Una vez realizada la vinculación, el beneficio deberá activarse mediante una terminal automática SUBE, la aplicación oficial para dispositivos con tecnología NFC o directamente en las validadoras de los colectivos.

Según explicó la Secretaría de Transporte, el objetivo de la medida es agilizar los viajes, proteger los datos personales de los usuarios y reducir posibilidades de fraude vinculadas a la exhibición de documentación física. En todos los casos en que el titular viaje con un acompañante habilitado por su CUD, deberá repetir el procedimiento de validación para acreditar ese beneficio adicional.

La nueva modalidad coexistirá con el sistema actual: quienes lo prefieran podrán continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico. En una primera instancia, la implementación será progresiva y comenzará únicamente en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo declarado de extenderse luego al resto del país.

El contexto que el anuncio no menciona

El anuncio de Adorni llega en un momento de profunda contradicción institucional. Mientras la Jefatura de Gabinete presenta este ajuste técnico como un avance en materia de accesibilidad, la misma gestión acumula un historial de recortes y escándalos que golpearon duramente al colectivo de personas con discapacidad.

Según datos de Chequeado, entre 2023 y 2025 los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cayeron un 18,2% en términos reales, mientras los montos asignados a las pensiones por invalidez perdieron un 17,7% de su valor. En agosto de 2025 se difundieron audios atribuidos al entonces titular del organismo en los que se denunciaba un presunto sistema de coimas con proveedores de medicamentos, caso que tramita en la Justicia Federal con varios imputados, entre ellos el exfuncionario.

En diciembre de 2025, el Gobierno disolvió directamente la ANDIS en medio de ese escándalo, decisión que generó fuertes críticas de organizaciones del sector, legisladores de la oposición y especialistas en derechos de las personas con discapacidad.

El ajuste también se plasmó en el presupuesto: el proyecto para 2026 prevé la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El Gobierno argumentó que la reducción responde a auditorías destinadas a eliminar beneficiarios que no cumplen los requisitos, pero organizaciones como la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim) lograron una medida cautelar judicial que ordenó restablecer la totalidad de las pensiones suspendidas, al considerar que la normativa que habilitaba esas bajas era inconstitucional.

A ese cuadro se sumó, en mayo de 2026, la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó al Estado nacional regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud. La resolución, surgida de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra en representación del colectivo Defendamos Córdoba, señaló que el Estado se encuentra «en mora» y advirtió sobre las «demoras crónicas» en los pagos. El Gobierno apeló la cautelar, aunque esta se mantuvo vigente.

Tampoco puede soslayarse que en mayo de 2026 el propio Gobierno, a través de la Resolución 28/2026, eliminó la compensación económica que percibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. Esa medida motivó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para anular la normativa.

La brecha entre el relato y los números

La Secretaría de Transporte sostuvo que la digitalización del beneficio busca también «mejorar las condiciones de viaje para las personas con discapacidad y para los conductores y operadores del sistema». Sin embargo, los propios antecedentes de la gestión revelan una brecha entre el discurso de modernización y las políticas concretas aplicadas al sector durante los últimos dos años y medio.

La medida de digitalización es, en sí misma, un avance técnico que muchas organizaciones de derechos venían reclamando desde hace tiempo, ya que la exhibición del CUD en cada viaje generaba situaciones de demora, discriminación y exposición innecesaria de datos personales. Que sea el mismo gobierno que desguazó institucionalmente el área de discapacidad el que anuncia este avance agrega una dimensión política que el comunicado oficial deliberadamente omite.

Puntos clave:

• Desde el 19 de junio, las personas con CUD podrán viajar en transporte público nacional usando solo la tarjeta SUBE, vinculada digitalmente a su certificado.
• La Resolución 415/2026, publicada en marzo, fue la base normativa del cambio; el trámite de vinculación estará disponible desde el 16 de junio.
• La gestión Milei recortó en términos reales un 18,2% los fondos de la ANDIS y proyecta eliminar 155.000 pensiones por invalidez en 2026.
• La ANDIS fue disuelta en diciembre de 2025 en medio de un escándalo de presuntas coimas con proveedores de medicamentos investigado por la Justicia Federal.
• En mayo, el Gobierno eliminó mediante la Resolución 28/2026 los subsidios a empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.