Los datos negativos de la economía encendieron alarmas dentro del gobierno de Javier Milei y abrieron una disputa interna sobre si corresponde o no adoptar nuevas medidas. La inquietud llegó al nivel de los principales funcionarios del gabinete económico, que debaten en privado los márgenes de maniobra disponibles en una coyuntura marcada por la caída del consumo, el enfriamiento de la actividad y la suba del riesgo país por encima de los 600 puntos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo económico del Poder Ejecutivo afrontan una acumulación de señales preocupantes: caída de la actividad medida por el EMAE, retroceso del consumo privado y crecimiento del desempleo, en un cuadro que la Universidad Torcuato Di Tella y otros centros de análisis identificaron como compatible con una recesión, según la nota publicada por El Argentino Diario el 26 de septiembre. El propio presidente Milei sostuvo públicamente que el rumbo no se modificará, pero la discusión interna desmentía esa certeza.

Los números que generan la alarma

El EMAE, indicador mensual de actividad económica que elabora el INDEC, mostró una desaceleración en los meses previos al cierre del tercer trimestre de 2026. A eso se sumó una caída de la industria y del comercio interior. Un análisis citado por la prensa local en septiembre identificó que los salarios reales, aunque parcialmente recuperados respecto del piso de 2024, no lograron compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde que Milei asumió. La morosidad de las familias, impulsada por el endeudamiento en cuotas para sostener el consumo básico, se convirtió en otro indicador que la oposición llevó al Congreso para forzar debates legislativos.

El vocero presidencial Adrián Ravier salió a relativizar las críticas en sucesivas conferencias de prensa a lo largo de septiembre. El funcionario descartó hablar de crisis y reiteró que los datos de superávit fiscal son la prueba de que el programa económico está en marcha. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya había expresado reparos al Gobierno sobre el impacto del tipo de cambio y las tasas sobre la producción, críticas que el Ejecutivo minimizó públicamente.

La oposición presiona y el debate llega al Congreso

Bloques opositores en la Cámara de Diputados forzaron el tratamiento legislativo de dos crisis que el Gobierno prefería mantener fuera del centro de la escena: la morosidad familiar y la atención a personas con discapacidad. Ambas cuestiones habían escalado durante el segundo semestre de 2026 y comprometían a organismos como el PAMI y el ANDIS. Esa presión parlamentaria reflejó que el consenso social en torno al ajuste mostraba fisuras, incluso en sectores que habían acompañado el voto libertario en 2023.

El economista Martín Tetaz, entre otros especialistas, cuestionó públicamente lo que describió como un error de diagnóstico en la política monetaria, en particular sobre el cepo cambiario. El cruce con economistas del oficialismo se produjo en medios y foros académicos durante la tercera semana de septiembre, y dio visibilidad al debate que al mismo tiempo se desarrollaba en el interior del propio gobierno.

Lo que tenés que saber

• Los datos negativos de la economía generaron un debate interno en el gobierno sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas.
• Indicadores de actividad (EMAE), consumo, industria y empleo mostraron señales de desaceleración o caída durante el tercer trimestre de 2026.
• El riesgo país superó los 600 puntos básicos en la misma semana, profundizando la presión sobre el programa económico.
• La oposición forzó el tratamiento legislativo de las crisis de morosidad familiar y atención a la discapacidad.
• La UIA expresó reparos al Gobierno y economistas de distintos espacios cuestionaron aspectos clave del rumbo económico.