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Chaco

Volvió la obra pública, de la mano de Luis Caputo: ¿inversión o estrategia electoral?

El ministro de Economía y el gobernador de Chaco firmaron el financiamiento con Fonplata por US$ 33,4 M para obras en la Ruta Provincial 13. Sospechas sobre el uso político del proyecto y críticas por el endeudamiento provincial.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, firmó hoy en el Palacio de Hacienda un acuerdo con Fonplata para financiar obras en la provincia. El crédito, de US$ 33,4 millones, se destinará a la mejora de la conectividad, transitabilidad y seguridad de la Ruta Provincial 13. La inversión incluye obras de infraestructura vial y aportes complementarios de la provincia. Sin embargo, detrás del anuncio técnico, surgen preguntas sobre la utilización de la obra pública con fines políticos.

El financiamiento y las obras proyectadas

El acuerdo con Fonplata contempla la intervención en la Sección 2 de la Ruta Provincial 13, que conecta Cote Lai con Charadai, además del empalme con la Ruta Provincial 7. Según se detalló, las obras abarcarán:

  • Construcción de puentes y obras de arte.
  • Señalización e iluminación vial.
  • Corrimiento de servicios públicos.
  • Mejoras en el acceso urbano a Charadai.

El proyecto, que forma parte de una estrategia de conectividad más amplia, complementará el tramo ya finalizado entre el Empalme Ruta Nacional 11 y el acceso a Colonia Baranda. Este primer tramo fue financiado previamente por Fonplata con un préstamo de US$ 37,21 millones. Además, el gobierno provincial aportará US$ 7,13 millones para esta segunda etapa.

Durante la firma del acuerdo, el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Matías Mana, subrayó que estas inversiones contribuirán “al desarrollo económico, social y la integración territorial del país”. Además, el gobernador Zdero destacó la importancia de reducir los costos vehiculares, prevenir accidentes y mejorar la conectividad de las localidades involucradas.

El trasfondo político de la obra pública

El anuncio del financiamiento se da en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes críticas por los recortes en áreas sensibles, mientras refuerza su apuesta por la obra pública como herramienta política. En este caso, el protagonismo de Luis Caputo genera interrogantes. El exbanquero, señalado como uno de los artífices del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, reaparece como gestor de fondos internacionales.

En paralelo, la alianza de Zdero con el gobierno nacional marca una estrategia de alineamiento entre el Ejecutivo chaqueño y la administración central, similar a la postura adoptada por otros gobernadores peronistas. Estas alianzas, cuestionadas por sectores opositores, reavivan el debate sobre la utilización de recursos públicos para asegurar apoyo político en las provincias.

Un modelo de financiamiento recurrente

Fonplata, el organismo que otorgó el préstamo, se ha consolidado como una fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura en Argentina. Aunque su enfoque en conectividad y desarrollo resulta positivo, los costos de endeudamiento para las provincias y el impacto a largo plazo de estas inversiones generan dudas. Según especialistas, depender de organismos internacionales para sostener obras prioritarias expone al país a una mayor vulnerabilidad económica.

En Chaco, la estrategia de combinar préstamos internacionales con aportes provinciales busca equilibrar las finanzas locales. Sin embargo, la presión fiscal que ello supone podría profundizar desigualdades en otras áreas clave, como salud y educación, afectadas por los recientes recortes.

Puntos clave sobre el plan de Caputo y Zdero:

  • Luis Caputo y Leandro Zdero firmaron el financiamiento con Fonplata por US$ 33,4 millones para obras en la Ruta Provincial 13.
  • El proyecto busca mejorar la conectividad, reducir costos vehiculares y prevenir accidentes.
  • Fonplata financió también la primera etapa del tramo con un préstamo de US$ 37,21 millones.
  • Críticas apuntan al uso político de la obra pública en el contexto actual y al endeudamiento provincial.
  • La provincia aportará US$ 7,13 millones con fondos propios como parte del acuerdo.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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