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Crimen en Mariano Acosta: se negó a declarar el segundo detenido

Se trata de uno de los adolescentes que participaron del crimen de Nicolás Cernadas.

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El joven de 17 años detenido el pasado miércoles acusado de haber participado del crimen de Nicolás Alexander Cernadas, el chico de 13 que fue apuñalado y quemado vivo en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, se negó a declarar y seguirá preso, mientras que su señalado cómplice, un adolescente de 14 a quien su madre entregó en una comisaría, fue sobreseído por inimputable debido a su edad y será alojado en un instituto de menores, informaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, los restos de Cernadas fueron inhumados esta mañana en el cementerio Santa Mónica, de Merlo, tras el velatorio que se realizó en la cochería municipal de ese partido bonaerense.

Los voceros judiciales detallaron a Télam que, en el marco de la causa, el adolescente de 17 años, tras negarse a declarar, permanecerá alojado en centro de detención cerrado de Mariano Acosta, a disposición de la jueza de Garantías del Joven 3 de Morón, Karina de Luca, y de la fiscal de la causa, Aldana Zingg, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 del mismo departamento judicial.

La misma magistrada dictó el sobreseimiento por inimputabilidad por minoridad del acusado de 14 años, a quien, no obstante, le impuso una medida de seguridad restrictiva de la libertad, por lo que será enviado a un hogar de menores, agregaron los informantes.

La investigación está centrada ahora en los peritajes de los dos teléfonos celulares encontrados en el allanamiento donde se detuvo al imputado de 17 años, como también al análisis de otras pruebas obtenidas en la causa y los testimonios de familiares de Nicolás, agregaron las fuentes.

Si bien inicialmente se pensó que podía haber un tercer adolescente involucrado en el crimen, un vocero judicial aclaró a Télam que, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el trayecto que realizaron los agresores con la víctima y otros datos incorporados al expediente, «las únicas dos personas relacionadas con el crimen son el chico de 17 y el de 14 que se había entregado».

Según los investigadores, la clave para esclarecer el caso fue el análisis de las redes sociales y los distintos teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, en los que se estableció que los atacantes planearon la agresión de Cernadas, a quien conocían del barrio y le tenían «bronca y odio».

El resultado preliminar de la autopsia que recibieron en las últimas horas los investigadores determinó que la muerte de Cernadas se produjo unas 24 horas antes de que su cuerpo fuera hallado el lunes último en un descampado.

Según el estudio forense, el chico murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por lesión alveolar difusa y por energía calórica, es decir que murió por puñaladas y tras ser prendido fuego aún con vida.

El cuerpo fue descubierto el lunes último por la tarde en un campo ubicado entre las calles Ancaste y Gavilán, de Mariano Acosta, por un vecino que lo encontró boca abajo y parcialmente quemado en el rostro, el pelo, la espalda y ambos brazos.

Tras su identificación y un primer análisis de las redes sociales se pudo establecer que la víctima mantuvo diálogos con tres jóvenes, también adolescentes, y, en esas comunicaciones, se descubrieron detalles macabros.

De esos contactos surgió que uno de los involucrados filmó a su víctima en el momento del ataque y, luego, pretendía regresar a la escena del crimen para registrar con su teléfono el estado en el que había quedado el cadáver.

Apenas se conoció el hecho, intervino el fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, quien ordenó a los investigadores policiales una serie de medidas para orientar la pesquisa, pero, al determinarse que los involucrados eran menores de edad, la causa pasó a su colega Zingg del Fuero Penal Juvenil.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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