Cooperativismo 🤝🏼
Fabián Pierucci, de La Litoraleña: ocupar, resistir y producir
La cooperativa de trabajo que fábrica de tapas de empanadas funciona como una empresa recuperada desde 2015. Una vez más, enfrentan el peligro de desalojo. y tras agotar todas las instancias judiciales, presentaron en la Legislatura porteña un pedido para expropiar las instalaciones. Mañana de 10 a 16 horas en Girardot 345 harán una jornada abierta a la comunidad para visibilizar el conflicto.
Ellos, metódicos y ordenados, apilaban los círculos de masa. La empaquetadora hacía el resto en una cinta sin fin mientras el polvo de harina disperso llenaba de magia la fábrica imparable. La cooperativa nació en el 2015, luego de un proceso de vaciamiento y quiebra de la empresa Deconti S.A.
En la asamblea del 27 de octubre de aquel año se decidió la ocupación con retención de actividades.
“Paramos y ocupamos la fábrica, había compañeros a quienes les debían 5 meses de salario. Se comprometieron a pagar y al día siguiente empezaron a llegar los telegramas de despido. Ahí definimos no dejar entrar a la patronal y nunca más se hicieron cargo de absolutamente nada”, contó Fabián Pierucci, economista y trabajador de la cooperativa. “Durante el proceso, hasta que dictaron la quiebra y se agotó el concurso, nosotros constituimos la cooperativa y decidimos producir bajo gestión de los trabajadores. La primera producción se hizo el 6 de noviembre. Este proceso de ocupar, resistir y producir lo hicimos muy rápido y creo que por eso aún estamos acá”, dijo.
¿En plena asunción de Mauricio Macri, con la justicia en contra, recuperaron la fábrica?
Había que ponerse a laburar porque era imprescindible garantizar la subsistencia de los compañeros, nos habían dejado con salarios caídos, estábamos endeudados, con tarjetas reventadas, la vida impaga. Había algo de producción en las cámaras y salimos a vender. Recuperamos clientes, hicimos nuevos y armamos la rueda para no perder el mercado. Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, así que ya corría otro viento y la jueza se amoldó a eso y no nos otorgó la continuidad. Apelamos, y la Cámara nos dio la razón. Teníamos mayoría y una cooperativa constituida que era parte de lo que planteaba la ley de quiebras. Nos dieron un año de permiso de explotación.
¿Y ahora?
Llegamos a la pandemia con los plazos del permiso judicial agotados. Planteamos compensar crédito, habían quedado salarios, vacaciones y cuando se efectiviza una quiebra, cada compañero tiene el derecho de indemnización. Entonces, propusimos aportar esa masa salarial. Compensar crédito significa aportar a la quiebra para comprar bienes y capitalizar la cooperativa. En vez de buscar una salida individual, la decisión fue aportar al fondo colectivo. Esa no es una práctica que dentro de las convenciones del sistema se entienda, así que nos negaron la compensación de crédito y nos mandaron una orden de desalojo. Este año la Cámara falló en contra y confirmó todo lo que nos había negado la jueza Valeria Pérez Casado. Presentamos un recurso extraordinario en la Corte Suprema, lo negaron en menos de diez días. La justicia que tenemos es clasista y racista, no comprende los procesos colectivos.
¿Cuántos trabajadores sostienen la fábrica?
Somos casi 50. Recuperamos todo lo bueno, descartamos lo malo y creamos cosas nuevas. Hacemos un producto de excelente calidad y estamos intentando que toda la cadena de valor sea cooperativa como así también los circuitos de comercialización.
¿Cómo continúa la pelea?
Presentamos un proyecto de ley de expropiación en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo a los distintos bloques, algunos diputados ya adhirieron al proyecto, la mayoría de Unión por la Patria y la izquierda. Estamos tratando de convencer al resto. Sabemos que hace muchos años que no hay experiencias de ley de expropiación, pero hay grandes antecedentes. La discusión tiene que ver con el impacto fiscal que se atenúa en caso de declararse utilidad pública sujeta a expropiación, porque estamos en capacidad de poder comprar. Es la propuesta que venimos haciendo desde hace siete años. Hoy somos una cooperativa que está manteniendo operativa una fábrica.
Buenos Aires
Palos en la rueda: el INAES suspendió 6.667 cooperativas en plena crisis y la Provincia advierte por el empleo
La Resolución 2076/26 suspende la autorización para funcionar de entidades con documentación asamblearia y balances pendientes. En territorio bonaerense son 1.916 las suspendidas y 299 las intimadas, según el IPAC, que pidió al organismo revisar los padrones.
Seis mil seiscientas sesenta y siete cooperativas suspendidas en todo el país, 1.916 de ellas en territorio bonaerense y otras 299 intimadas: ese es el saldo de la Resolución 2076/26 del INAES que denunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El rechazo lo expresó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el equivalente bonaerense del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La norma suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que no presentaron documentación asamblearia y estados contables.
El alcance de la resolución
El INAES determinó la suspensión de la autorización para funcionar de las cooperativas y mutuales que incumplieron con la presentación de la documentación asamblearia y de los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
Según difundió un medio especializado, la medida alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no cumplieron con las obligaciones previstas en las leyes 20337, de cooperativas, y 20321, de mutuales, y en las normas complementarias del organismo.
Las entidades incluidas en los anexos I a VI de la resolución no podrán realizar trámites ante el INAES hasta que regularicen su situación. Además, el organismo dispuso la instrucción de sumarios administrativos por los incumplimientos detectados.
El rechazo de la Provincia
“Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.
El funcionario bonaerense agregó: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires”.
El reclamo apunta al impacto sobre el empleo en un contexto de crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, sostuvo Onorato.
Finalmente, el titular del IPAC pidió una revisión: “Le pedimos al Inaes que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas”.
Los plazos para regularizar la documentación
La resolución establece plazos diferenciados para las cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante 2023, 2024 y 2025 y que no presentaron la documentación requerida.
Las entidades constituidas en 2023 y 2024 deberán presentar la documentación asamblearia y los estados contables adeudados dentro de los 30 días hábiles administrativos. Las constituidas en 2025 tendrán 60 días hábiles administrativos para cumplir con esa obligación.
La discusión de fondo es cuánto pesa el cumplimiento formal frente a la continuidad de las fuentes de trabajo, el eje del reclamo bonaerense, que pide revisar los padrones antes de sostener la suspensión de miles de entidades.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 2076/26 del INAES suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales con documentación asamblearia y estados contables pendientes.
- El IPAC bonaerense, que conduce Gildo Onorato, denunció la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
- En la provincia de Buenos Aires hay 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas, según Onorato.
- Las entidades de los anexos I a VI no pueden realizar trámites ante el INAES hasta regularizar, y se instruyen sumarios administrativos.
- Las constituidas en 2023 y 2024 tienen 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación; las de 2025, 60.
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