Salta
Piden anular imputación a médica que cumplió la ILE
«Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro», subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir realizó hoy un «chaquetazo» frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica salteña, Miranda Ruiz, quien fue imputada el año pasado por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a una mujer de 21 años, práctica contemplada en la legislación argentina.
«Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro», subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Talcahuano y Tucumán después de las 17, destacaron que el «aborto es claramente un problema de salud pública y justicia social y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas».
Advirtieron que esos grupos «en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para disciplinar a quienes garantizamos el acceso al aborto seguro».
«Garantizar derechos no es delito», sostuvieron y alertaron que para «impedir el cumplimiento de la ley 27.610, disciplinar y desinformar, imputan a Miranda».
En diálogo, la médica generalista e integrante de la Red, Julieta Bazán, señaló que Ruiz «está realizando ahora sus actividades normalmente» y que luego de lo que le sucedió , «empezó recibir más casos» lo que demuestra que la ILE «es una demanda que esta invisibilizada en Salta».
«Estamos esperando la respuesta del pedido de nulidad de la causa», agregó.
Ante la prensa, observaron que «este hecho es un gravísimo atentado no sólo contra ella, sino también contra los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas y atenta contra las leyes vigentes».
Recordaron que el «hecho por la cual se la acusa se enmarca en la atención realizada desde el consultorio donde Miranda junto al equipo de salud, atendieron a una paciente que requirió una interrupción legal del embarazo».
«El hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma», remarcaron y añadieron que continúan «luchando para que la ley de educación sexual integral se implemente en todas las instituciones educativas».
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño“.
Adhirieron al «chaquetazo» la Federación Argentina Medicina General (FAMG), profesionales del Hospital Zonal de Esquel, Chubut, del Hospital Evita de la ciudad bonaerense de Lanús, Hospital Laura Bonaparte de CABA, Centros de salud 9, 10 y 16 (CABA), el equipo de Salud Sexual del CIC Sanguinetti de Paso del Rey, y el equipo de adolescencia del Centro de Salud 32 de Salta, Centro De Salud Mauricio Casal de Rosario, entre otros.
Catamarca
El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos
Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.
El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
Un triángulo del litio que beneficia al exterior
Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.
La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.
5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto
El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.
Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos
La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.
POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.
Lo que tenés que saber
- La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
- Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
- Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
- El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
- El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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