Salta
Piden anular imputación a médica que cumplió la ILE
«Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro», subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir realizó hoy un «chaquetazo» frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica salteña, Miranda Ruiz, quien fue imputada el año pasado por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a una mujer de 21 años, práctica contemplada en la legislación argentina.
«Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro», subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Talcahuano y Tucumán después de las 17, destacaron que el «aborto es claramente un problema de salud pública y justicia social y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas».
Advirtieron que esos grupos «en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para disciplinar a quienes garantizamos el acceso al aborto seguro».
«Garantizar derechos no es delito», sostuvieron y alertaron que para «impedir el cumplimiento de la ley 27.610, disciplinar y desinformar, imputan a Miranda».
En diálogo, la médica generalista e integrante de la Red, Julieta Bazán, señaló que Ruiz «está realizando ahora sus actividades normalmente» y que luego de lo que le sucedió , «empezó recibir más casos» lo que demuestra que la ILE «es una demanda que esta invisibilizada en Salta».
«Estamos esperando la respuesta del pedido de nulidad de la causa», agregó.
Ante la prensa, observaron que «este hecho es un gravísimo atentado no sólo contra ella, sino también contra los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas y atenta contra las leyes vigentes».
Recordaron que el «hecho por la cual se la acusa se enmarca en la atención realizada desde el consultorio donde Miranda junto al equipo de salud, atendieron a una paciente que requirió una interrupción legal del embarazo».
«El hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma», remarcaron y añadieron que continúan «luchando para que la ley de educación sexual integral se implemente en todas las instituciones educativas».
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño“.
Adhirieron al «chaquetazo» la Federación Argentina Medicina General (FAMG), profesionales del Hospital Zonal de Esquel, Chubut, del Hospital Evita de la ciudad bonaerense de Lanús, Hospital Laura Bonaparte de CABA, Centros de salud 9, 10 y 16 (CABA), el equipo de Salud Sexual del CIC Sanguinetti de Paso del Rey, y el equipo de adolescencia del Centro de Salud 32 de Salta, Centro De Salud Mauricio Casal de Rosario, entre otros.
Investigación 🔎
La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte
El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.
Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.
La indagatoria del impostor
Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.
De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.
La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.
Cobros a un comerciante
La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.
En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.
Dos condenas firmes y una causa pendiente
No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.
Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.
El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
- Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
- Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
- Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
- La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️3 díasLlega el clásico Argentina-Uruguay: el primero sin Messi
-
CABA2 díasEl Papa le habló a los presos de Devoto de una segunda oportunidad que el sistema debe garantizar
-
Actualidad7 díasMisa del Papa en Palermo: horarios, accesos y qué se puede llevar el lunes 9
-
Fútbol & Goles!5 díasPlayoffs del fútbol argentino: los 16 clasificados, todos los cruces y las fechas
-
El clima 🌤3 díasCambio de clima en Buenos Aires: llegan tormentas y la temperatura será de 13 grados
-
Géneros 🟣5 díasIcardi quedó eximido de prisión y allanaron su casa de Nordelta
-
Espectáculos 🎭6 díasDolor en la televisión argentina: murió Gabriel González Abat, el inolvidable Canuto de Señorita maestra
-
Elecciones6 díasMendoza 2027: Petri lidera las encuestas y Cornejo busca cerrarle el paso
