La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró culpable al Estado argentino de “no haber adoptado medidas razonables para prevenir” el atentado contra la AMIA, de incumplir su deber de investigar eficientemente el ataque perpetrado contra la mutual judía en julio de 1994 y su posterior encubrimiento.    

El organismo regional también instó a Argentina a remover “todos los obstáculos que mantiene la impunidad total” en el caso y exhortó a “iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias” para sancionar a los responsables y llegar a la verdad.

La sentencia fue dada a conocer este viernes a las 11 (hora argentina) por una demanda impulsada en 1999 por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que integran Memoria Activa, con patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La notificación se realizó en una conferencia virtual de las que participaron las partes a días de cumplirse 30 años del atentado en el que murieron 85 personas.

La presidenta del tribunal, Nancy Hernández López, recordó durante la lectura del dictamen que la Argentina “reconoció su responsabilidad internacional” en el 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández.

Al aceptar ese reconocimiento, la Corte (IDH) dispuso la responsabilidad del Estado argentino por “la violación a los derechos a la vida y la integridad personal” de las víctimas del atentado.

Además, el Tribunal interamerica condenó a Argentina por la “violación al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”; por “la violación del derecho de acceso a la información” y afirmó que el Estado violó “el derecho a la integridad psíquica y moral” de las familias de las víctimas.

La Corte IDH instó además al Estado argentino a remover “todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso”.

La instancia internacional pidió también “iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos” para establecer “la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable”.

“El Estado proseguirá con la tramitación de los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado en un plazo razonable, con el fin de aplicar, si es el caso, las sanciones correspondientes a quienes fueron encontrados responsables”, solicitó el Tribunal que pidió también “reglamentar las solicitudes de desclasificación de los documentos”

En esa línea, el fallo insiste en que se le otorgue “pleno acceso a las víctimas, a sus representantes y a los querellantes de los distintos procesos judiciales a todas las investigaciones, expedientes judiciales y administrativos, así como todos los legajos e información vinculada directa o indirectamente con el atentado y su encubrimiento que estén en manos del Poder Ejecutivo o de la UFI AMIA y que hayan sido desclasificadas”.

También se exhortó a que se tomen medidas normativas “con el fin de regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia a las causas judiciales”.

Además, pidió que se realice un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, que se produzca un documental para difundir el caso y se cree un archivo histórico de acceso público para recopilar “los hechos del atentado, su investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.

El fallo estableció que el Estado pague “por conceptos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos” del proceso judicial.

Argentina contará con un año para presentar un informe ante la Corte (IDH) sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.

La sentencia fue resuelta el 24 de enero por la Corte (IDH) y dada a conocer por un acto de notificación por las redes sociales del organismo.

Participaron de la transmisión integrantes de Memoria Activa; la directora ejecutiva del Cels, Paula Litvachky, y una delegación argentina, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

En declaraciones a Somos Télam, Litvachky consideró al dictamen de la Corte (IDH) como “histórico” porque reconoce que “no se pudo conocer la verdad, ni que se haya identificado a los responsables del atentado y del encubrimiento por la propia actividad estatal”.

“Empieza a ser también preocupante alguna de las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en relación con la AFI o en relación con el funcionamiento del Ministerio de Seguridad”.Paula Litvachky (Cels)

“Fue el propio Estado con sus acciones el que impidió que las víctimas pudieran tener justicia y que las víctimas pueda tener reconocido el derecho a la verdad”, opinó y afirmó que “todas la discusiones que hubo respecto a si existió o no existió encubrimiento, todas esas discusiones que a lo largo de casi 30 año se fueron dando, quedaron resueltas con la decisión de la Corte Interamericana”.

Sobre las obligaciones que el tribunal le solicita asumir a Argentina, Litvachky opinó que “va a depender de lo que haga el Estado en este contexto en el que está el país ahora”.

“Empieza a ser también preocupante alguna de las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en relación con la AFI o en relación con el funcionamiento del Ministerio de Seguridad”, analizó la abogada y manifestó sus “dudas” sobre lo que “va a pasar con el cumplimiento de la sentencia” pero, dijo, “en cualquier caso el Estado está obligado a hacerlo”. (somos telam)