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Caso AMIA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino

La sentencia fue dada a conocer este viernes a las 11 (hora argentina) por una demanda impulsada en 1999 por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que integran Memoria Activa, con patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró culpable al Estado argentino de “no haber adoptado medidas razonables para prevenir” el atentado contra la AMIA, de incumplir su deber de investigar eficientemente el ataque perpetrado contra la mutual judía en julio de 1994 y su posterior encubrimiento.    

El organismo regional también instó a Argentina a remover “todos los obstáculos que mantiene la impunidad total” en el caso y exhortó a “iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias” para sancionar a los responsables y llegar a la verdad.

La sentencia fue dada a conocer este viernes a las 11 (hora argentina) por una demanda impulsada en 1999 por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que integran Memoria Activa, con patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La notificación se realizó en una conferencia virtual de las que participaron las partes a días de cumplirse 30 años del atentado en el que murieron 85 personas.

La presidenta del tribunal, Nancy Hernández López, recordó durante la lectura del dictamen que la Argentina “reconoció su responsabilidad internacional” en el 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández.

Al aceptar ese reconocimiento, la Corte (IDH) dispuso la responsabilidad del Estado argentino por “la violación a los derechos a la vida y la integridad personal” de las víctimas del atentado.

Además, el Tribunal interamerica condenó a Argentina por la “violación al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”; por “la violación del derecho de acceso a la información” y afirmó que el Estado violó “el derecho a la integridad psíquica y moral” de las familias de las víctimas.

La Corte IDH instó además al Estado argentino a remover “todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso”.

La instancia internacional pidió también “iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos” para establecer “la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable”.

“El Estado proseguirá con la tramitación de los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado en un plazo razonable, con el fin de aplicar, si es el caso, las sanciones correspondientes a quienes fueron encontrados responsables”, solicitó el Tribunal que pidió también “reglamentar las solicitudes de desclasificación de los documentos”

En esa línea, el fallo insiste en que se le otorgue “pleno acceso a las víctimas, a sus representantes y a los querellantes de los distintos procesos judiciales a todas las investigaciones, expedientes judiciales y administrativos, así como todos los legajos e información vinculada directa o indirectamente con el atentado y su encubrimiento que estén en manos del Poder Ejecutivo o de la UFI AMIA y que hayan sido desclasificadas”.

También se exhortó a que se tomen medidas normativas “con el fin de regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia a las causas judiciales”.

Además, pidió que se realice un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, que se produzca un documental para difundir el caso y se cree un archivo histórico de acceso público para recopilar “los hechos del atentado, su investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.

El fallo estableció que el Estado pague “por conceptos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos” del proceso judicial.

Argentina contará con un año para presentar un informe ante la Corte (IDH) sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.

La sentencia fue resuelta el 24 de enero por la Corte (IDH) y dada a conocer por un acto de notificación por las redes sociales del organismo.

Participaron de la transmisión integrantes de Memoria Activa; la directora ejecutiva del Cels, Paula Litvachky, y una delegación argentina, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

En declaraciones a Somos Télam, Litvachky consideró al dictamen de la Corte (IDH) como “histórico” porque reconoce que “no se pudo conocer la verdad, ni que se haya identificado a los responsables del atentado y del encubrimiento por la propia actividad estatal”.

“Empieza a ser también preocupante alguna de las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en relación con la AFI o en relación con el funcionamiento del Ministerio de Seguridad”.Paula Litvachky (Cels)

“Fue el propio Estado con sus acciones el que impidió que las víctimas pudieran tener justicia y que las víctimas pueda tener reconocido el derecho a la verdad”, opinó y afirmó que “todas la discusiones que hubo respecto a si existió o no existió encubrimiento, todas esas discusiones que a lo largo de casi 30 año se fueron dando, quedaron resueltas con la decisión de la Corte Interamericana”.

Sobre las obligaciones que el tribunal le solicita asumir a Argentina, Litvachky opinó que “va a depender de lo que haga el Estado en este contexto en el que está el país ahora”.

“Empieza a ser también preocupante alguna de las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en relación con la AFI o en relación con el funcionamiento del Ministerio de Seguridad”, analizó la abogada y manifestó sus “dudas” sobre lo que “va a pasar con el cumplimiento de la sentencia” pero, dijo, “en cualquier caso el Estado está obligado a hacerlo”. (somos telam)

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Marcha del Orgullo: de las máscaras de 1992 a la resistencia contra el odio en 2026

La 35ª edición sale este sábado 7 bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La primera, en 1992, reunió a unas 300 personas con máscaras por miedo a la persecución; hoy reclama una Ley Integral Trans y el fin del DNU 62/2025.

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Marcha del Orgullo: 35 ediciones de resistencia

La 35ª Marcha del Orgullo se hará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna que condensa el momento: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema lo definió la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), que reúne a organizaciones de distintos sectores y coordina la movilización que volverá a unir la Plaza de Mayo y el Congreso en plena semana de operativo por la visita del papa León XIV. Detrás de una convocatoria que, según la organización, superó el millón de personas en las últimas ediciones hay una historia de más de tres décadas que arrancó con 300 valientes que se tapaban la cara para no perder el trabajo.

El origen: 1992, entre máscaras y miedo

Todo comenzó el 2 de julio de 1992. Aquella primera marcha reunió a unas 300 personas en un contexto hostil que obligó a los manifestantes a cubrirse el rostro con máscaras de cartón, pañuelos o anteojos por miedo a perder sus empleos o sufrir persecución policial. El recorrido, igual que hoy, unía la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación. En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica del mundo, la de 1970 en conmemoración del aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, considerados el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

La segunda movilización llevó demandas muy concretas: la inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, la unión civil para legalizar las parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial. En 1994, bajo el lema “Visibles para ser libres e iguales”, asistieron más de 1.000 personas y comenzó, gradualmente, el fin de las máscaras. Exigían que la prohibición de la discriminación por orientación sexual entrara con rango constitucional en la Carta Magna.

La cobertura mediática de la marcha de 1995 dio relevancia a referentes históricos como Carlos Jáuregui, en una de sus últimas movilizaciones antes de fallecer en 1996; Mariela Muñoz, ícono trans que luchaba por la tenencia de sus hijos adoptivos; Rafael Freda, y la visibilidad de actrices como Cris Miró, que en 1995 revolucionó la escena artística nacional. El año siguiente, 1996, fue el más triste y doloroso: la marcha quedó atravesada por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui, y el reclamo se enfocó en exigir la anulación de los edictos policiales que permitían detener arbitrariamente a homosexuales, travestis y trans solo por su identidad en la vía pública. En ese mismo año consolidó su voz pública la activista trans Lohana Berkins.

Los primeros pasos legales y la conquista de derechos

En 1997 el movimiento consensuó trasladar la marcha principal al primer sábado de noviembre, mes en que se fundó en 1967 Nuestro Mundo, la organización pionera del movimiento de liberación homosexual del país y de América Latina. Esa movilización celebró la derogación de los edictos policiales en la Ciudad: por primera vez en décadas, vestirse con ropa del género opuesto o ser homosexual dejó de ser motivo legal para terminar detenido en la calle. Desaparecieron las máscaras de cartón, la convocatoria superó las mil personas y aparecieron los primeros camiones con música y las estéticas coloridas que caracterizan a la marcha actual.

En 1998, bajo el lema “Orgullo de ser, derecho a expresar”, debutó el primer camión carroza con parlantes. Para el 2000 la convocatoria ya era masiva, superó las 2.500 personas y dejó de ser noticia policial para convertirse en un acto político central. En 2001 se pidió “Unión civil, ley antidiscriminatoria y cupo laboral travesti”, a un mes del estallido social de diciembre. Pocas semanas después de la movilización de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, el primer antecedente legal de América Latina que reconoció a las parejas del mismo sexo. En 2003 se celebraron las primeras bodas bajo esa ley, la primera vez que el Estado argentino entregó una libreta legal a parejas del mismo sexo, aunque sin derechos de adopción ni herencia.

A partir de 2004 el activismo se articuló con la agenda de derechos humanos de Plaza de Mayo. El 6 de noviembre de 2010 se vivió la mayor fiesta: apenas tres meses antes se había sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho. En 2012 ya estaba consolidada la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de ese año, que despatologizó las identidades trans y permitió el cambio de nombre y sexo en el DNI sin cirugías ni diagnósticos. En esa misma marcha surgió el reclamo por el cupo laboral trans de la mano de Berkins, que advirtió que el DNI no bastaba si persistía la exclusión económica. Se congregaron más de 200 mil personas.

La memoria, la calle y la resistencia política

En 2015 la marcha tuvo como eje el brutal asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, ocurrido tres semanas antes. El activismo instaló los conceptos de travesticidio y transfemicidio para que la justicia los tratara como crímenes de odio y no como delitos comunes. En 2016, la movilización denunció el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich por criminalizar la protesta y superó por primera vez las 250.000 personas. De 2017 a 2019 nació la Campaña por el Aborto Legal y el movimiento LGBT unificó fuerzas de manera inédita con el feminismo; en 2019 se congregaron más de 400.000 personas.

En 2020 la marcha se hizo virtual por la pandemia, y en 2021 fue una marea humana de más de 500.000 personas que desbordó el centro porteño, celebrando el Decreto que habilitó la opción “X” en el DNI y la sanción de la Ley Diana Sacayán Lohana Berkins. Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas. En 2022 se reclamó la reglamentación de la Ley de VIH y la aparición con vida de Tehuel de la Torre; en 2023, contra el avance de discursos de extrema derecha, con la consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” y en defensa de la ESI y el cupo laboral trans. Durante 2024 y 2025 se pronunció contra la austeridad y el cierre de organismos de protección contra la discriminación.

La 35ª edición: orgullo frente al odio

Este sábado 7 de noviembre, la marcha llega a su 35ª edición con un doble gesto de resistencia y memoria: la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna “Nunca Más”, y mantuvo firme la fecha pese al operativo por la visita del papa y los rumores de suspensión. “La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha”, enfatizó ante la prensa María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+.

Bajo la consigna “Resistir es insistir”, la convocatoria exigirá una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria, la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual, la separación de las iglesias y el Estado y el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a los tratamientos previstos en esa norma, además del repudio al ataque que una patota de ciclistas cometió el 1° de noviembre contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña condenó por unanimidad. Lo que nació con 300 personas tapadas con cartón para no ser reconocidas se prepara para teñir de nuevo el centro porteño, para demostrar que el orgullo, como la memoria, no se esconde. En 34 ediciones, la Argentina pasó de ocultar la identidad por miedo a la policía a convertir la diversidad en una de las mayores movilizaciones del país.

Una marcha contra el retroceso

La edición 2026 es la tercera bajo el gobierno de Javier Milei. El Presidente cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en 2024 y, en su discurso de Davos de enero de 2025, asoció la homosexualidad con el abuso infantil, una frase que provocó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1 de febrero de ese año. Las organizaciones sostienen que ese clima habilita ataques como el de Palermo y recuerdan el triple lesbicidio de Barracas, de mayo de 2024.

De aquella primera convocatoria que soñaba con el fin de los edictos a este sábado en el que reclama leyes trans e igualdad ante el odio, la marcha sigue escribiendo la historia de un colectivo que aprendió a no pedir permiso. Porque, como dice la consigna de esta edición, cuando el odio avanza, el orgullo en las calles responde.

Lo que tenés que saber:

  • La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, definida por la COMO.
  • La primera marcha fue el 2 de julio de 1992 con unas 300 personas que se cubrieron el rostro por miedo a la persecución policial y laboral.
  • En 2010 se celebró la Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley de Identidad de Género, ambos hitos de vanguardia en América Latina.
  • Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas.
  • La edición 2026 rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria.
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