El gobierno de Javier Milei avanzará en una nueva reforma del esquema de subsidios energéticos que impactará de lleno en la clase media. El cambio, previsto para antes de fin de año, buscará recortar el gasto público y desregular el sistema de tarifas. La iniciativa forma parte del nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y responde a una de las metas fiscales acordadas con el organismo multilateral.

Fin de la segmentación por ingresos

Desde la Secretaría de Energía, que encabeza María Carmen Tettamanti, confirmaron que el nuevo esquema reemplazará la actual segmentación de usuarios en tres niveles —según ingresos— por un modelo más restrictivo: solo recibirán asistencia los hogares vulnerables.

El cambio afectará a unos 3 millones de usuarios del Nivel 3, la categoría que incluye a sectores de ingresos medios. Estos usuarios dejarán de contar con subsidios en sus facturas de electricidad y gas y deberán afrontar el precio pleno de la energía. Según estimaciones oficiales, se trata del segmento que comenzará a pagar tarifas más elevadas de manera inmediata.

La reestructuración será progresiva. En los últimos meses, el Gobierno aplicó una reducción paulatina de los descuentos que se otorgaban sobre el precio mayorista de la energía. En paralelo, el Ejecutivo eliminó los topes que limitaban los incrementos de tarifas para la clase media.

El peso de los subsidios y la meta fiscal

La reforma energética se inscribe en la política de ajuste fiscal impulsada por el oficialismo. Según el FMI, el gasto en subsidios a la energía representó el 1,1% del PBI en 2024, y se espera que caiga al 0,5% en 2025.

Los datos oficiales indican que hasta diciembre del año pasado había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifas subsidiadas. De ese total, 6,3 millones pertenecían al Nivel 2 (bajos ingresos) y 3,2 millones al Nivel 3 (ingresos medios). En el caso del gas, los beneficiarios alcanzaban los 5,3 millones, con una proporción similar: 3,1 millones del Nivel 2 y 2,2 millones del Nivel 3.

Desde la asunción del gobierno libertario, las tarifas de electricidad aumentaron un 264%, mientras que las de gas subieron un 622%, de acuerdo con cifras del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.

Libre contratación en el mercado eléctrico mayorista

Otra de las exigencias incluidas en el acuerdo con el FMI consiste en reformar el mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025. El objetivo es fomentar la competencia entre empresas y reducir la dependencia del Estado en la administración de los pagos.

En esa línea, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las generadoras y grandes usuarios a pactar contratos sin la intermediación de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Con esta medida, el gobierno busca avanzar hacia un sistema de libre contratación similar al que rigió en la década del noventa.