Actualidad
Amnistía Internacional advirtió sobre la libertad de expresión en Jujuy
La organización lanzó a nivel global una “acción urgente” para que las autoridades de Jujuy retiren las acusaciones que pesan sobre tres ciudadanos de esa provincia imputados por el delito de supresión de identidad de menores y lesiones psicológicas, y reiteró su alarma por las prácticas represivas que se implementan en ese distrito.
La acción urgente es una campaña internacional con la cual Amnistía pretende movilizar a que miles de personas exijan el respeto de los derechos humanos en un determinado lugar mediante el envío de cartas a un determinado funcionario, gobierno o administración.
En esta oportunidad, el destinatario de las misivas de esta iniciativa será el fiscal Diego Funes, quien realizó una imputación contra Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía Gonzáles, bajo el cargo de ocasionar un daño psicológico y emocional a Tulia Snopek y a su hija de dos años, por mensajes que publicaron en redes sociales y servicios de mensajería online.
Tulia Snopek es la esposa del exgobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, y los tres ciudadanos enfrentan la posibilidad de ser encarcelados un máximo de seis años de prisión, en el contexto de un proceso judicial que se encuentra en curso.
Gerardo Morales Y Tulia Snopek / Foto X@GerardoMorales
La causa judicial que instruye Funes se inició tras publicaciones en las redes Facebook y X (antes conocida como Twitter), que en principio realizó Morandini, profesor universitario, y que luego replicó Villegas.
“Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”, posteó Morandini el pasado 26 de diciembre en su cuenta de Twitter.
Morandini y Villegas fueron detenidos el pasado 4 de enero y el 26 de ese mismo mes, se ordenó la aprehensión de González, quien comentó en un grupo de whatsapp una supuesta infidelidad de Snopek para con Morales.
Arquitecta de profesión, González quedó notificada de los cargos en su contra cuando se encontraba de vacaciones en Uruguay, y volvió a la provincia a fines de febrero, cuando el fiscal suspendió la orden de detención en su contra.
En un comunicado, Amnistía recordó que los representantes legales de los abogados indicaron que “las únicas pruebas aportadas a la investigación son estas publicaciones que no han tenido el efecto ni la intención de alterar la identidad a ninguna persona”.
“Para procesar un delito como el que se les imputa a estas tres personas debe existir alguna materialidad como alteración de un documento público. Acá tenemos nada más que mensajes y por eso creemos que existe una cuestión de amedrentamiento que afecta la libertad de expresión. Quieren dejar una advertencia para otros ciudadanos”, señaló en declaraciones a Somos Télam Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional.
En el marco de esta investigación que sigue en curso, Morandini y Villegas estuvieron 54 días detenidos en la cárcel de Gorriti en San Salvador de Jujuy, y denunciaron haber sufrido malos tratos y vejaciones.
En tanto que González fue acusada por Morales de integrar “la banda de Milagro Sala”, la dirigente social que está detenida desde 2016 en Jujuy.
Otras acciones urgentes interpuestas por AI
Esta no es la primera “acción urgente” que Amnistía Internacional lanza entre sus seguidores en relación a la situación de los derechos humanos que se verifica en Jujuy, pues en julio del año pasado, la organización usó esta estrategia para denunciar la detención del abogado Alberto Nallar.
Letrado vinculado a la defensa de los derechos humanos, Nallar quedó detenido en el contexto de las protestas que se llevaron a cabo en la provincia contra la reforma de la constitución local impulsada por el gobierno de Morales.
Tras permanecer un mes bajo arresto domiciliario, el abogado resultó sentenciado a 42 meses de prisión al ser hallado culpable por la Justicia jujeña por el delito de “instigación a cometer delitos”. Además, se le trabó un embargo y quedó inhabilitado para ejercer su profesión.
“También reflejamos nuestra preocupación por ciertas prácticas represivas que se dieron durante las protestas que se produjeron en Jujuy durante la reforma de la Constitución. Recordemos que un joven perdió un ojo por el accionar de la policía de la provincia”, recordó García Rey.
La dirigente de Amnistía Argentina se refirió al caso de Lian Misael Lamas, un adolescente de 17 años que perdió un ojo en junio pasado como consecuencia de la represión que se produjo en la localidad de Purmamarca.
“Tirar a los ojos de los manifestantes es una modalidad represiva que instrumentaron las fuerzas policiales durante las protestas que hubo en Chile, en 2019. Esperemos que eso no se replique a otros distritos de Argentina”, remarcó García Rey
En un comunicado, Amnistía Internacional subrayó que, con esta campaña, pretende recordar “las obligaciones internacionales del Estado argentino, tanto a nivel provincial como federal, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión”.

¿Qué es una Acción Urgente?
La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Cuando el organismo humanitario se informa que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate. En este caso la AU fue dirigida hacia el Fiscal que lleva adelante la investigación.
Catamarca
El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos
Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.
El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
Un triángulo del litio que beneficia al exterior
Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.
La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.
5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto
El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.
Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos
La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.
POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.
Lo que tenés que saber
- La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
- Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
- Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
- El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
- El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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