Una fiscal del juicio que se le sigue a un policía provincial acusado de realizar una amenaza de bomba a la Secretaría de Trabajo de Tucumán en julio del año pasado aseguró hoy en el inicio del debate oral que el acusado «no solo realizó la llamada» que alertó sobre un artefacto explosivo, sino que también «fingió» querer colaborar con la investigación del caso, y adelantó que solicitarán una pena de cuatro años de prisión.

El juicio está a cargo del tribunal unipersonal que preside Guillermo Taylor y tiene como acusado a Matteo Santiago Galván, de 21 años, acusado del delito de intimidación pública.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, encabezada por Carlos Saltor, quien interviene en el juicio junto a los investigadores Jessie Luz García y Felipe Nacusse.

El fiscal destacó en sus alegatos de apertura que se llegó a juicio oral “con mucha expectativa, porque se trata de una amenaza a la Secretaría de Trabajo y el imputado tiene la característica especial que hace más grave el hecho por ser personal policial”.

“Se trata de una persona a la que se le encomendó la seguridad pública y, sin embargo, atentó contra ella”, consideró.

En tanto, la fiscal auxiliar Luz García, señaló que el imputado “no sólo realizó la llamada, sino que se encontraba a pocos metros de la Secretaría de Trabajo y hasta fingió querer ayudar en este procedimiento”.

La funcionaria adelantó que el pedido de pena por parte de la fiscalía será de cuatro años de prisión.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el 28 de julio de 2023 a las 8 de la mañana, el agente policial se comunicó de forma anónima a la Secretaría de Trabajo, ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez 158, y tras ser atendido por un empleado del lugar le dijo: «Salgan (del edificio) porque acaban de poner una bomba y en 15 minutos no tendría que haber nadie”.

El empleado que atendió la llamada avisó a las autoridades y se activó el operativo de seguridad que implicó el desplazamiento de policías y bomberos y la evacuación del edificio.

Luego los investigadores descubrieron que Galván había realizado la llamada mientras estaba trabajando como Personal Transitorio Policial (TP) en Moreno y Crisóstomo Álvarez, cerca de la Secretaría, y procedieron a su detención.

Esta es la primera causa por amenaza de bombas, de todas las que se abrieron el año pasado, que llega a juicio oral.

Otros expedientes se resolvieron con salidas alternativas cuando las investigaciones llevaban a concluir que quienes habían realizado las amenazas eran estudiantes con los teléfonos de los padres.

“La diferencia con otras causas es que el imputado es un policía y que además llamó durante su horario de trabajo», dijo el fiscal la semana pasada durante una entrevista a los medios locales.

Las audiencias tendrán lugar por las mañanas hasta el próximo viernes y esta previsto que declaren nueve testigos, entre ellos policías que intervinieron en el desalojo del edificio, técnicos que analizaron las llamadas y personal de la Secretaría de Trabajo.

El jefe de Policía Joaquín Girveau dijo que el imputado se encontraba en un «período de prueba que tiene una duración de dos años aproximadamente» y durante ese lapso «no pueden ser imputados por ningún tipo de delito doloso. Si llegaran a cometer uno, inmediatamente se le inicia un sumario que finaliza con su expulsión de la fuerza”.