Cuando el mayor derrame de hidrocarburos en agua dulce de la historia mundial, el producido en 1999 frente a las costas de la localidad bonaerense de Magdalena, cumpla este lunes un cuarto de siglo se habrán cumplido también 25 años «sin justicia ambiental» dado que la petrolera nunca fue multada o condenada a remediar o indemnizar el daño provocado.

«Acá hay un gran ‘debe’ de la justicia que demostró ser incapaz de condenar a grandes empresas multinacionales, pero también de la sociedad que no valoriza estos ecosistemas, lo que se ve también en las dificultades para aprobar la ley de humedales», dijo Alejandro Meitin, referente de la organización Ala Plástica que lideró la denuncia del caso entre 1999 y 2017.

Precisamente «Magdalena, 25 años sin justicia ambiental» es el lema de la actividad que se desarrollará el lunes en esa localidad con Meitin como uno de los oradores, y que incluirá la proyección del documental «La teoría del derrame».

Para el realizador del film, José Luis Meirás, el caso «podría haberse transformado en una escuela de ambientalismo y de cuadros entrenados para discutir con las grandes corporaciones» en lugar de quedar reducido a la búsqueda de una solución económica y en ese sentido fue una oportunidad perdida.

Por su parte, el ex intendente Gonzalo Peluso dijo que el «retardo innecesario de la justicia, terminó desvirtuando el acuerdo» extrajudicial alcanzado en 2009 entre la petrolera y el municipio, que «quedó atado de pies y manos a un juez que no toma ninguna medida».

El llamado «Derrame de Magdalena» se produjo el 15 de enero de 1999 a 20 kilómetros de las costas de esa localidad bonaerense, como consecuencia de la colisión de un portacontenedores y el buque «Estrella Pampeana» de la empresa Shell que transportaba 31.500 metros cúbicos de crudo.

«Es el mayor derrame en aguas dulces porque no son tantos los ríos navegables para buques de este tipo, que en este caso era ‘chatarra flotante'» no admitida en otras latitudes, explicó Meitin que hoy integra Casa Río Lab.

El combustible conformó una mancha de 10 kilómetros cuadrados y la marea negra llegó dos días después a la playa, contaminando 20 kilómetros de costa.

«Ahí conformarnos un equipo de ‘investigación con métodos artísticos’ que después incorporó más científicos, pero que al principio integrábamos el biólogo Marcelo Miranda, el fotógrafo Rafael Santos, y yo que soy artista plástico y abogado», afirmó Meitin.

El activista explicó que se trató de una aproximación «sensible» al desastre, que buscó dar cuenta de lo ocurrido a partir del trabajo en el terreno y el vínculo con comunidades locales -que proporcionaron conocimientos y acceso a lugares clave- y cuyos resultados se siguen difundiendo hoy a través de hechos culturales, como exposiciones, muestras o talleres.

Así pudieron determinar, por ejemplo, que el petróleo ingresó «hasta 400 metros» tierra adentro a través de bañados y arroyos, que el área afectada incluyó a un sector de la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur bajo protección de la UNESCO.

Meitin recordó que «comenzamos a producir informes diarios» dando cuenta de «la destrucción de la base del ecosistema ribereño», que se contraponían con los que difundía el «Comité de Contingencia» integrado por Shell, el municipio, la Prefectura Naval Argentina y la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia.

«Demostramos que el derrame y su impacto eran mucho más grandes, abrimos una pequeña oficina donde empezaron a llegar ONG y municipios de la zona; y se empezó a generar una movilización no sólo de organizaciones populares, sino de representantes no satisfechos con la respuesta de la empresa», recordó.

«Ahí se quiebra el Comité, la municipalidad (de Magdalena) se alía a nuestro equipo, la prensa empieza a prestarnos atención y comienza a generarse un debate que cambia el rumbo de los acontecimientos, demostrando que la sociedad civil organizada puede ser fructífera incluso frente a una gran multinacional», agregó.

Cuando se difunde que el derrame impacta sobre una reserva de biósfera, «empieza a participar el departamento de geografía de la UBA» en representación de Unesco y «empiezan a llegar medios de Holanda e Inglaterra», acotó y remarcó que «Shell quería que el caso quedara circunscripto a un pequeño municipio, pero se trasforma en un evento de impacto en los países de origen de la empresa».

El petróleo no solamente afectó a la flora y la fauna, al punto que las imágenes de aves empetroladas dieron la vuelta al mundo, sino a las microeconomías locales dado que el acceso al agua estuvo vedado tres veranos en el balneario de Magdalena, mientras que los «junqueros» o recolectores de junco y los pescadores artesanales se vieron impedidos de continuar con estas actividades de subsistencia.

A fines de febrero la municipalidad interpuso ante el Juzgado Civil y Comercial Federal de La Plata una demanda contra Shell reclamando que se disponga adecuadamente de los residuos de hidrocarburos generados, que se repare el daño ambiental y que se indemnice a la comunidad.

«Ni (el gobernador de entonces Eduardo) Duhalde ni (el presidente de entonces Carlos) Menem demandaron a la empresa y lo dejaron solo al municipio de Magdalena», sostuvo Peluso.

En noviembre de 2002, el Juzgado Civil y Comercial Federal 4 de La Plata le dio la razón al municipio y condenó a Shell a pagar 35 millones de dólares y un año después, la Cámara confirmó esta decisión.

La multinacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para objetar la competencia de la justicia federal platense y en diciembre en mayo de 2007 el máximo tribunal se pronunció a favor de Shell, estableciendo que el caso debía dirimirse en la justicia federal porteña y declaró nulas las sentencias anteriores.

«En la encrucijada de seguir batallando ante una Justicia hostil y con escasez de recursos para sostener el proceso ante la maquinaria legal de la empresa multinacional, en 2009 la Municipalidad de Magdalena firmó un acuerdo extrajudicial con Shell en condiciones poco honrosas», explicó Meirás.

En virtud de ese convenio, Shell se comprometía a pagar 9,5 millones de dólares y a asesorarla para la construcción de un parque industrial, de un programa de tratamientos de residuos sólidos urbanos y otro de explotación turística.

Y esto a cambio de que el municipio «desista de los procesos iniciados» y «manifieste no tener nada que reclamar en ningún carácter», lamentó.

«Para nosotros ese acuerdo es nulo porque para esa época elaboramos un informe donde demostramos que el impacto seguía existiendo, y la Constitución impide acuerdos (extrajudiciales) de partes en tanto el daño persista», dijo Meitin.

Este acuerdo fue sometido a una consulta popular el 17 de mayo de 2009, en el que sólo votó el 30% del padrón, ganando el «Sí» por el 77% de los sufragios emitidos.

Aprobado también por el Concejo Deliberante local, el acuerdo fue presentado para su homologación a la justicia federal porteña que aún no se pronunció al respecto, incluso tras haberse finalizado todas las pericias solicitadas.

Por otro lado, el derrame aceleró los tiempos para la ratificación por parte de Argentina de dos tratados internacionales relacionados con el daño ocasionado por el vertido de combustibles fósiles: la Convención sobre la Responsabilidad Civil por los Daños Derivados de la Contaminación por Hidrocarburos y la Convención de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización para estos casos.

«En Argentina, el conflicto se convirtió en un leading case porque se fue resolviendo con legislación internacional que la Argentina todavía no había incorporado a sus plexo normativo», dijo Peluso.

Al documentalista Meirás -que supo del caso hace 5 años cuando se mudó a Magdalena- «le llamó la atención» que el hecho no se hiciera presente cada año a través de una conmemoración y comenzó a activar con su colectivo Magdalena 318 para que eso ocurriera, preocupado por «qué hacíamos con los más jóvenes que no habían nacido cuando ocurrió y qué hacíamos con las escuelas» para fortalecer la memoria colectiva, un camino que, entre otros frutos, ya dio un documental.