DDHH
La Corte IDH condenó a la Argentina por la destitución de Moliné O’Connor
La Corte Interamericana declaró que el juicio político de 2003 violó la independencia judicial del exjuez de la Corte Suprema. Ordenó regularizar su pensión y pagar a sus herederos 600.000 dólares por daño material, 25.000 por daño inmaterial y 30.000 por costas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a la Argentina por violar la independencia judicial al destituir, en 2003, al juez de la Corte Suprema Eduardo José Antonio Moliné O’Connor. La sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto, se notificó este jueves. El tribunal concluyó que el Congreso lo removió con fundamento en el criterio jurídico de decisiones que dictó como juez, por lo que se le atribuyó “mal desempeño”.
En diciembre de 2003, el Senado lo destituyó con 45 votos de 64 en la acusación por dos de los nueve cargos, ambos de la causa “Meller S.A.”, más de los dos tercios exigidos. Moliné O’Connor asumió en la Corte en 1990 y murió en agosto de 2014, a los 76 años, sin que se resolviera el proceso que inició para cuestionar la revocación de su pensión.
Qué declaró el tribunal
La Corte IDH constató que distintas decisiones del juicio político carecieron de la motivación necesaria y que las autoridades que revisaron los recursos de Moliné O’Connor no respondieron a sus agravios. También consideró que la revocación de su pensión vitalicia, dispuesta en 2004, vulneró sus derechos y que el juicio que inició para cuestionarla se prolongó sin justificación por más de una década.
Declaró violadas las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, y reconoció la afectación del proyecto de vida de la víctima. La mayoría de los puntos se votó por unanimidad. La afectación al proyecto de vida se declaró por tres votos a favor y tres parcialmente en contra (los de Ricardo Pérez Manrique, Alberto Borea Odría y Rodrigo Mudrovitsch), y la violación de los derechos al trabajo y a la seguridad social, por cuatro votos contra dos (los de Patricia Pérez Goldberg y Borea Odría). La jueza argentina, Verónica Gómez, no participó del caso.
Reparaciones y cifras
El Estado debe regularizar el régimen de pensión de la Ley 24.018, con efectos desde la muerte del exjuez, en el plazo de un año desde la notificación. Además, debe pagar 600.000 dólares por daño material y 25.000 por daño inmaterial: la mitad a su cónyuge, Susana Rita Almeyra, y la otra mitad, en partes iguales, entre sus cuatro hijos. A los representantes les corresponden 30.000 dólares por costas y gastos. Los pagos tienen el mismo plazo de un año.
Los 600.000 dólares son solo el daño material: de esa suma, 300.000 corresponden a la cónyuge y 75.000 a cada uno de los cuatro hijos. El mismo reparto a mitades se aplica a los 25.000 del daño inmaterial. Los representantes pidieron más de 2,3 millones de dólares en honorarios, además de 60.000 por una pericia contable, y el Estado sostuvo que no documentaron esos gastos; la Corte IDH fijó 30.000 “en equidad”. Allegados al exjuez hablaron de unos 770.000 dólares más la pensión actualizada; la suma de los montos de la sentencia es de 655.000 dólares y la pensión se regulariza por separado.
El Estado también deberá publicar el resumen oficial en el Boletín Oficial y en un medio de circulación nacional, en seis meses, y el texto completo durante un año en los sitios del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la ANSES y el Congreso. La Corte IDH supervisará el cumplimiento y dispuso que las autoridades internas interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución, que regula la acusación en el juicio político, conforme a la Convención Americana y a su jurisprudencia.
El contexto de 2003 y las voces del fallo
El proceso se dio tras un mensaje público del presidente Néstor Kirchner, en junio de 2003, que cuestionó el desempeño de la Corte Suprema e instó al Congreso a separar a uno o varios de sus integrantes. Se apuntaba a la llamada “mayoría automática” de la Corte de la era menemista. Julio Nazareno renunció en junio de 2003; Guillermo López, en octubre de ese año; y Adolfo Vázquez, un año después. Moliné O’Connor fue el primero en llegar al Senado y Antonio Boggiano fue destituido en 2005. En su defensa, Moliné O’Connor planteó que las declaraciones de diputados evidenciaban un plan para desplazar a todos o casi todos los jueces de la Corte.
La sentencia aclara que la única víctima declarada es Moliné O’Connor y que el tribunal limitó su examen al juicio político, la destitución, la revocación de la pensión y las impugnaciones. No cuestiona que el Congreso pueda destituir jueces: en su voto concurrente, el presidente de la Corte IDH, Mudrovitsch, sostuvo que un filtro técnico en la destitución de magistrados de altas cortes “no carece de legitimidad democrática” ni es un “escudo corporativo para los jueces”, y que lo que se impide es que “la divergencia política con sus votos se convierta en una falta”.
Borea Odría, en un voto concurrente y parcialmente disidente, objetó, según el resumen oficial, que se ordenara interpretar el artículo 53 conforme a los estándares de la Corte IDH y que se declarara la violación de los derechos laborales y de seguridad social. Según los análisis publicados, el fallo es un antecedente que podría limitar futuros juicios políticos a jueces de la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias.
Lo que tenés que saber:
- La Corte IDH notificó este jueves la sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto.
- Declaró que la destitución de 2003, por el contenido de sus fallos, violó la independencia judicial y otros derechos de la Convención Americana.
- El Estado debe regularizar la pensión de la Ley 24.018 y pagar 600.000 dólares por daño material, 25.000 por daño inmaterial y 30.000 por costas, en un año.
- La mitad de las indemnizaciones corresponde a la cónyuge y la otra mitad, en partes iguales, a los cuatro hijos del exjuez.
DDHH
Israel bombardeó el hospital Nasser de Gaza en plena tregua: seis muertos, entre ellos un cirujano
El ataque israelí contra el ala quirúrgica de Jan Yunis dejó seis muertos, entre ellos un cirujano y un chico de 13 años. Israel dice que apuntaba a un jefe de Hamás y que avisó; el director del hospital asegura que no hubo advertencia.
Los médicos acababan de terminar su guardia, cerca de las 00:30 del jueves 12 de noviembre, y se preparaban para dormir cuando una explosión sacudió el hospital Nasser, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. El bombardeo israelí contra el edificio quirúrgico del mayor hospital del sur del enclave mató a seis personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, entre ellas un cirujano y un chico de 13 años, y dejó fuera de servicio los quirófanos.
Entre los muertos hay personal médico, pacientes y acompañantes, según el Ministerio; el cirujano fue identificado como Rizq Abu Shaira. Los heridos fueron unos 30 según el Ministerio y 27 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el complejo había unos 800 pacientes internados, según se informó, y el Nasser atiende a casi un millón de personas en el sur de Gaza.
Qué pasó en el edificio quirúrgico
El director del hospital, Ahmed al Fara, dijo en una conferencia de prensa que dos misiles alcanzaron el edificio de cirugía Al Yasin, donde funcionan salas quirúrgicas y de cuidados intensivos, y que uno de ellos no explotó. La OMS informó además daños en las salas de recuperación y en la unidad de cuidados intensivos.
Un cirujano herido, Mohammed Qdeih, contó a medios internacionales que el equipo médico se disponía a dormir cuando se produjo la explosión y que quedó atrapado bajo los escombros. Relató que pacientes de las habitaciones contiguas también murieron.
La versión de Israel y la del hospital
El Ejército israelí y el Shin Bet, el servicio de seguridad interna, informaron en un comunicado conjunto que el blanco era Muhammad Abu Ismail, comandante de la brigada de Jan Yunis de Hamás, junto con otros integrantes del grupo que, según afirmaron, estaban dentro del complejo. Dijeron que el segundo piso del hospital funciona como cuartel de Hamás, que usaron municiones de precisión y vigilancia aérea para reducir el daño a civiles y que dieron avisos previos; difundieron el audio de una supuesta advertencia a un alto funcionario sanitario de Gaza.
Fara sostuvo que el hospital no recibió ninguna advertencia. Hamás calificó de falsa la versión israelí y de crimen de guerra el ataque, y el Ministerio de Salud de Gaza lo condenó como una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales.
Israel no aportó pruebas públicas de que Hamás operara dentro del hospital, según se informó. Hasta el último reporte disponible, la noche del jueves 12, el Ejército no confirmó si Abu Ismail murió: dijo que el resultado seguía en evaluación, y su nombre no figuraba entre los fallecidos identificados por el hospital. Más tarde, la versión israelí sumó que otros dos integrantes de Hamás, uno de ingeniería de combate y otro de comunicaciones de inteligencia, murieron en el mismo ataque; ese dato tampoco pudo verificarse de forma independiente. Israel no permite el ingreso de periodistas internacionales a Gaza, lo que dificulta la verificación.
Qué dicen la ONU y la OMS
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, dijo estar profundamente alarmado y recordó que, según el derecho internacional humanitario, los hospitales no pueden ser atacados ni usados con fines militares. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que las instalaciones de salud de Gaza deben ser protegidas y nunca militarizadas ni atacadas. La OMS documentó 1.056 ataques contra la atención sanitaria en Gaza en tres años, con 1.010 muertos.
Lo que dice el derecho internacional
El Cuarto Convenio de Ginebra establece que los hospitales civiles no pueden ser objeto de ataque y que su protección solo cesa si se los usa para cometer actos dañinos para el enemigo, y aun así únicamente después de una advertencia con un plazo razonable. Aun si fuera cierta la versión israelí, la protección solo se pierde tras una advertencia efectiva, y ese es justamente el punto que enfrenta al Ejército con la dirección del hospital.
Una tregua que no frena los ataques
El bombardeo ocurrió durante el alto el fuego que rige desde el 10 de octubre de 2025. Desde entonces murieron más de 1.620 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud local, cuyas cifras la ONU considera confiables; Israel informó la muerte de seis de sus soldados en ese período. Desde octubre de 2023, el mismo Ministerio contabiliza más de 74.650 muertos.
El Nasser ya fue blanco de ataques antes: según su director, este fue el séptimo, y en agosto de 2025 un doble bombardeo mató a 22 personas, entre ellas periodistas y trabajadores de la salud. Con más de 1.620 muertos desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, la tregua no frenó los bombardeos israelíes en el enclave.
Lo que tenés que saber:
- Un bombardeo israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, mató a seis personas, entre ellas un cirujano y un chico de 13 años, según el Ministerio de Salud de Gaza.
- Hubo unos 30 heridos según el Ministerio y 27 según la OMS, y los quirófanos quedaron fuera de servicio.
- Israel dijo que apuntaba al comandante de Hamás Muhammad Abu Ismail y que avisó antes; el director del hospital dijo que no recibió ninguna advertencia.
- El Ejército israelí no confirmó si Abu Ismail murió y no aportó pruebas públicas de su presencia en el hospital.
- El ataque ocurrió durante la tregua vigente desde el 10 de octubre de 2025, con más de 1.620 muertos en Gaza desde entonces.
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