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Judiciales ⚖️

Mendoza: atacó a una fiscal en plena audiencia

Fue en el Polo Penal Judicial de Mendoza atacó con un arma blanca a una fiscal en plena audiencia y tomó como escudo humano a una estudiante a quien hirió en el cuello, aunque finalmente fue reducido cuando la representante del ministerio público le arrojó gas pimienta en el rostro.

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Un preso de máxima peligrosidad que estaba siendo sometido a un juicio oral por un homicidio en el Polo Penal Judicial de Mendoza atacó con un arma blanca a una fiscal en plena audiencia y tomó como escudo humano a una estudiante a quien hirió en el cuello, aunque finalmente fue reducido cuando la representante del ministerio público le arrojó gas pimienta en el rostro, informaron este miércoles fuentes judiciales y policiales.

El preso fue identificado como Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33), quien cumple una condena a prisión perpetua por dos homicidios y ahora estaba siendo sometido a juicio junto a otros dos cómplices llamados Jorge Darío Bracamonte Contreras y Lucas Gabriel Garro Ibáñez, por el asesinato de un preso en el penal Almafuerte.

En tanto, la fiscal atacada es la titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Ríos, quien entre otros casos llevó a juicio oral al israelí Gilad Pereg, acusado de asesinar a su madre y a su tía, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en su casa de la ciudad de Guaymallén en enero de 2019, mientras que la joven herida en el cuello es una estudiante que se hallaba presenciando el debate entre el público y fue trasladada a un centro asistencial.

El procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, detalló esta tarde en una conferencia de prensa realizada en la puerta del Polo Judicial de la Corte mendocina que el hecho se produjo en un cuarto intermedio de un juicio que se desarrollaba en la sala 15, cuando uno de los presos juzgados pidió sacarse una campera y se abalanzó con un arma blanca de fabricación casera, tipo «chuza», contra «el cuello de la fiscal» que atinó a echarse para atrás.

«Era una audiencia de tres imputados, uno de los cuales tenía como antecedentes una perpetua, otro a 12 años y otro estaba purgando una condena de 5 años. En un cuarto intermedio, uno de ellos, el que tenía la perpetua, se abalanza con un arma blanca sobre la fiscal Claudia Ríos, quien alcanza a correrse», relató Guille.

Tras ello, prosiguió, «el hombre salió corriendo y lo redujeron, pero antes tomó del cuello a una pasante que estaba observando el juicio y que resultó con una lesión en el cuello».

«La fiscal está bien -añadió el funcionario judicial-; ella tenía entre sus prendas un gas pimienta y le arrojó en el rostro a esta persona que la agredió«.

Consultado sobre el arma que llevaba el recluso procedente del penal de Almafuerte, Gullé dijo «era una ‘chuza’, suponemos que se les ha pasado a los guardias, de alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias y eso está en investigación».

Al respecto, explicó que los presos ingresan al Polo Judicial por el edificio Estrada y por un túnel, que es el ducto de traslados, y «se supone que ahí los revisan».

Finalmente, Gullé dijo que no hubo «ningún tipo de amenaza» previa del preso hacia la fiscal, sino que directamente le «arrojó una puñalada a la altura del cuello», y al respecto explicó que a los detenidos se les quitan las esposas cuando comparecen ante un tribunal.

Según los investigadores, al momento del ataque a la fiscal Ríos, en la sala de audiencia se hallaban cinco agentes penitenciarios custodiando a los presos.

El caso ahora es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien le tomó declaración a su colega Ríos y a la estudiante de abogacía herida.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, informó hoy que siete penitenciarios fueron pasados a disponibilidad mientras se investiga la responsabilidad que tuvieron en el traslado y la requisa del preso que atacó a la fiscal.

«Siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados”, confirmó hoy Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el Servicio Penitenciario de Mendoza se encuentra trabajando en las actuaciones correspondientes y en el análisis de las filmaciones del traslado y del momento en el que se produjo el hecho.

Según explicaron las fuentes, el preso Arredondo Suárez ya había sido condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.

Ese segundo homicidio tuvo como víctima a Nicolás Lozano, un preso que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.

Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.

En tanto, Bracamonte Contreras, otro de los presos que estaba siendo sometido a juicio hoy, tiene una condena de 12 años de prisión por un homicidio con arma de fuego en grado de tentativa, mientras que Garro Ibáñez cumple de 5 años de prisión por robo.

La fiscal de Homicidios atacada hoy llevó adelante algunas de las causas más relevante en la provincia de Mendoza de los últimos años, entre ellas la desaparición de Viviana Luna, quien fue vista por última en diciembre de 2016 cuando fue a una entrevista de trabajo y no se la volvió a ver y cuyos hijos aún reclaman justicia y juntaron casi 40 mil firmas en una petición que elaboraron a través de la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorVivianaLuna).

También tuvo a su cargo el expediente por el crimen de León Burela (64), un hombre asesinado en abril 2019, en el interior de su vivienda del departamento de Las Heras por el que fueron a juicio la viuda y una amiga de ésta.

Asimismo, la fiscal Ríos fue quien estuvo al frente de la investigación del doble homicidio de las israelíes Pyrhia Saroussy (63) y Lily Pereg (54) en enero de 2019, en la localidad mendocina de Guaymallén por el cual fue imputado y condenado Gilad Pereg, hijo y sobrino de las víctimas.

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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