La Fiscalía de Bolivia, por un lado, y la defensa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, por el otro, anunciaron que apelarán el fallo que condenó a 10 años de cárcel a la exsenadora por su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.

Apenas tres días después de que la Justicia sentenciara a Áñez, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que la dependencia –que había pedido 15 años de cárcel para la ex mandataria y los ex jefes del Ejército y la Policía que también fueron juzgados- recurrirá la decisión.

«Nosotros nos hemos abocado a establecer que no hubo una sucesión conforme manda la Constitución y las leyes. Hubo un quebrantamiento a la sucesión constitucional y, de tal manera, se ha acreditado que se ha vulnerado la Constitución y las leyes», insistió Lanchipa, según medios locales.

La apelación del Ministerio Público igualmente deberá esperar hasta el miércoles porque recién entonces se conocerán los fundamentos del fallo del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

«Queremos saber los fundamentos que expresa la sentencia, pero la apelación va a ser presentada una vez que se conozca el texto íntegro del fallo», detalló el fiscal general del Estado, quien aclaró que el fallo no afectará a los demás procesos abiertos contra la ex mandataria de facto.

En prisión preventiva desde marzo de 2021, Áñez fue castigada con diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Morales fue forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció posibles irregularidades.

Pero también el equipo legal que la defiende adelantó que apelará la sentencia del llamado «caso golpe de Estado II» y, más aún, ratificó que también irá a instancias internacionales para revertir este fallo.

«Se va a apelar como corresponde y después se irá a la vía internacional, donde no hay partidos políticos, ni injerencia, ni amiguitos que intervengan en el sistema judicial», dijo Carolina Ribera, hija de la ex mandataria.

Para Ribera, «este juicio es un mensaje: que nadie se anime a hacer algo en contra del Gobierno porque les va a pasar lo mismo que a Jeanine Áñez».

El abogado Alaín de Canedo aseveró que antes de acudir a instancias internacionales se deben agotar las instancias internas.

«Nosotros tenemos, en todo caso, que agotar las instancias internas; así lo exigen los tribunales internacionales. El Gobierno ya ha anunciado que va a apelar esta sentencia; (entonces) imagínense (…) si ellos apelan, van a pedir una sentencia mayor y nosotros no», dijo De Canedo.

Ribera consideró que solo en espacios internacionales su madre podrá «tener justicia» y «salir victoriosa, porque ella es inocente».

«Todos los bolivianos sabemos y somos testigos de la inocencia de mi madre; éste ha sido un proceso ilegal de principio a fin; le han negado todos los derechos a mi madre», manifestó.

«El único acusado de incumplimiento de deberes y delitos en contra de la Constitución está libre haciendo política, pero por más de que él, de forma descarada y cínica, quiera condenar a 100 años a mi madre, nadie le va a quitar lo cobarde, nadie le va a quitar que fue prófugo, que convulsionó el país y huyó llorando; esa es la realidad de Evo Morales», indicó.

También el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció el fin de semana que accionaría a nivel internacional, principalmente de la Unión Europea (UE), Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Áñez –que hoy cumple 55 años- fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, acciones que ejecutó cuando era senadora y previo a su asunción como presidenta de facto.

También fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán y el exjefe de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el «caso Golpe de Estado I», por sus actos como presidenta, y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.