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El drama de la vivienda: millones de jóvenes argentinos no logran independizarse
El 37% de las personas de entre 25 y 35 años permanece en su hogar de origen. Según OFAVA, el 46% de ese grupo habita inmuebles deficitarios y Tucumán registra la mayor proporción de quienes todavía no lograron emanciparse.
El acceso a una vivienda propia se convirtió en una dificultad central para millones de argentinos en edad de independizarse. Cerca de 2,5 millones de personas de entre 25 y 35 años permanecen en su hogar de origen porque no pueden acceder a una propiedad ni sostener de manera estable el costo de un alquiler.
La cifra representa al 37% de la población de esa franja etaria y surge de un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA), elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El problema no se limita a la imposibilidad de formar un hogar independiente. El mismo relevamiento muestra que una parte considerable de quienes continúan viviendo con sus familias también enfrenta condiciones habitacionales deficitarias.
El 46% de los jóvenes que no se emanciparon vive en viviendas deficitarias
Entre las personas de 25 a 35 años que todavía permanecen en el hogar de origen, alrededor de 1,2 millones viven en viviendas que presentan algún tipo de déficit habitacional.
Ese universo representa el 46% de los jóvenes que no lograron emanciparse.
De esta manera, las dificultades para acceder a una vivienda independiente se superponen con problemas dentro del propio hogar familiar. La falta de una solución habitacional no solo posterga la posibilidad de vivir de manera autónoma, sino que también puede mantener a las nuevas generaciones en viviendas que requieren mejoras, ampliaciones o soluciones vinculadas con sus condiciones de habitabilidad.
Los hogares encabezados por personas de 25 a 34 años tienen el mayor déficit
La situación también queda reflejada al analizar el déficit habitacional según la edad de quien encabeza cada hogar.
Los hogares con jefes de entre 25 y 34 años registran un déficit habitacional del 52%, el nivel más elevado entre las franjas relevadas por el OFAVA. El promedio nacional se ubica en el 40%.
Entre los hogares encabezados por personas de 18 a 24 años, el indicador alcanza el 46%. En el grupo de 35 a 44 años se ubica en el 44%, mientras que entre los mayores de 65 años desciende al 31%.
Los datos muestran una mayor incidencia del problema habitacional entre las generaciones más jóvenes.
El allegamiento obliga a distintos hogares a compartir una misma vivienda
Otro indicador utilizado para analizar la situación es el denominado “allegamiento”, que identifica aquellos casos en los que más de un hogar comparte una misma vivienda.
El fenómeno alcanza al 13% de los hogares encabezados por personas de entre 18 y 24 años y disminuye progresivamente a medida que aumenta la edad.
Entre los mayores de 65 años, el indicador llega al 1%.
En los hogares encabezados por personas de 25 a 34 años también tienen un peso importante las viviendas que podrían recuperarse mediante mejoras y las situaciones de hacinamiento. Este último componente alcanza al 29%, el nivel más elevado entre las edades analizadas.
Tucumán tiene la mayor proporción de jóvenes que no lograron independizarse
La posibilidad de abandonar el hogar familiar también presenta diferencias marcadas según la provincia.
Tucumán encabeza el ranking de personas de entre 25 y 35 años que todavía no lograron emanciparse, con el 56%. Le siguen Santiago del Estero y Jujuy, ambas con el 53%.
Luego aparecen Salta, con el 52%, y Catamarca, con el 49%.
En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde la proporción de personas de esa edad que continúa en su hogar de origen baja al 24%.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de jóvenes no emancipados
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires reúne poco más de un millón de jóvenes que todavía no se independizaron.
La cifra representa cerca del 40% del total nacional de personas de esa franja etaria que permanecen en su hogar de origen.
El peso de la provincia de Buenos Aires está relacionado, a su vez, con la elevada proporción de la población argentina que reside en ese territorio.
El dato permite observar una diferencia entre la incidencia relativa del fenómeno en cada provincia y la cantidad total de personas afectadas.
Casi 6 millones de hogares presentan algún tipo de déficit habitacional
La situación de las generaciones más jóvenes se inscribe dentro de un problema habitacional que alcanza a una parte importante de los hogares del país.
De acuerdo con el relevamiento del OFAVA, 5.983.241 hogares presentan al menos una dimensión de déficit habitacional. El número equivale al 40,3% del total.
Dentro de ese universo, alrededor de 2 millones de hogares necesitan una vivienda nueva.
Otros más de 4 millones podrían resolver o mejorar su situación mediante refacciones, ampliaciones o la incorporación de conexiones adecuadas a servicios básicos.
Argentina necesita aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas
El relevamiento estima que el país necesita aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas.
La cifra contempla unas 1,5 millones de unidades destinadas a resolver el déficit cuantitativo, alrededor de 430.000 vinculadas con situaciones de allegamiento y, como mínimo, otras 500.000 destinadas a atender la demanda potencial de jóvenes que todavía no lograron independizarse.
El cálculo incorpora así no solamente a los hogares que ya presentan una necesidad habitacional, sino también a quienes permanecen en sus viviendas de origen y podrían formar un nuevo hogar si contaran con condiciones para hacerlo.
El déficit habitacional bajó respecto de 2016, pero volvió a crecer
El escenario actual representa una mejora respecto de 2016, cuando el déficit habitacional alcanzaba al 43,8% de los hogares.
El indicador descendió al 41,5% en 2019 y volvió a subir hasta el 43,1% durante la pandemia. Posteriormente llegó a un piso del 39,3% en 2023.
Desde entonces, el porcentaje volvió a incrementarse hasta alcanzar el 40,3% registrado en el relevamiento actual.
Los datos muestran que la evolución del déficit habitacional no fue lineal y que las dificultades de acceso a la vivienda continúan teniendo una incidencia significativa entre los hogares más jóvenes.
La falta de vivienda independiente también modifica la forma de construir un hogar
El problema del acceso a la vivienda excede la posibilidad de comprar una propiedad.
Para millones de personas, la dificultad habitacional implica permanecer durante más tiempo en el hogar familiar, compartir una vivienda con otros hogares o continuar viviendo en espacios que presentan condiciones deficitarias.
En el caso de las generaciones más jóvenes, los datos del OFAVA muestran que la falta de emancipación y el déficit habitacional aparecen estrechamente vinculados: una parte importante de quienes todavía no pudieron formar un hogar independiente también vive en viviendas que requieren algún tipo de solución habitacional.
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Vialidad Nacional: Milei profundiza el vaciamiento del Estado con una nueva ola de retiros voluntarios
El Gobierno activó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 1220/2026. La primera fase, que previó 900 adhesiones, cerró con 609. Ahora el esquema suma planes de pago en hasta 8 cuotas y una prohibición de cinco años para reingresar al Estado.
Con 609 agentes desvinculados en la primera vuelta y la promesa de una planta «acorde a las necesidades funcionales», el Gobierno de Javier Milei lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo que históricamente garantizó la planificación y ejecución de la infraestructura vial del país. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, da continuidad a un proceso de achicamiento del Estado que, en este caso, apunta a uno de los organismos técnicos más sensibles para el desarrollo territorial argentino.
La nueva fase amplía el esquema iniciado mediante la Resolución 118/2026. El estimado inicial era de 900 adhesiones para aquella primera etapa; la cifra real quedó en 609, lo que indica que el organismo ya perdió más de dos tercios de su objetivo original de reducción, y el Gobierno insiste con una segunda convocatoria para seguir vaciando la estructura técnica de Vialidad.
Un retiro que excluye pero también condiciona a los que se quedan
La normativa fija condiciones de exclusión amplias: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 64 años y quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Esta última cláusula es particularmente significativa: el Estado condiciona el acceso al beneficio económico a que el trabajador abandone cualquier reclamo judicial previo, lo que equivale a presionar sobre derechos adquiridos como requisito para cobrar una indemnización.
En el mismo sentido, los empleados con mandatos sindicales vigentes deben renunciar a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherirse. El esquema penaliza, en la práctica, la organización sindical y el ejercicio del derecho a reclamar, dos pilares del derecho laboral que la administración libertaria viene erosionando de manera sistemática desde diciembre de 2023.
Las tres opciones y la lógica de la cuota
La gratificación extraordinaria de egreso se calcula sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen ofrece tres alternativas. La Opción 1 otorga el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un tope de 24 años. La Opción 2 baja la alícuota al 85% pero suma un monto equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social, apuntando a quienes priorizan la cobertura médica durante la transición. La Opción 3 es exclusiva para personal de 64 años o más sin los aportes jubilatorios necesarios y aplica el cálculo de la primera opción, con un tope reducido a 12 años de antigüedad.
El pago de la gratificación se escalona según el monto total: hasta 10 millones de pesos en una cuota única; entre 10 y 20 millones, en 3 cuotas; entre 20 y 30 millones, en 5 cuotas; y por encima de 30 millones, en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El esquema de cuotas, en un contexto inflacionario, implica que los montos más altos se licúan en términos reales con el paso de los meses, lo que en los hechos penaliza a los trabajadores de mayor antigüedad, que son precisamente quienes percibirían las gratificaciones más elevadas.
Cinco años fuera del Estado: la firma de la desvinculación
Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación que incluye una prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La medida apunta a que la reducción de la planta sea irreversible en el corto y mediano plazo, independientemente de quién gobierne. Se trata, en términos concretos, de un mecanismo diseñado para consolidar el desguace institucional más allá del ciclo electoral, blindando la reducción de la estructura estatal contra eventuales cambios de gestión.
El Gobierno justificó la medida argumentando que «dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos». Sin embargo, la experiencia internacional y la historia argentina demuestran que la reducción abrupta de personal técnico especializado en organismos viales genera consecuencias de largo plazo sobre la capacidad estatal de planificar obras, controlar contratistas y mantener la infraestructura existente, un costo que habitualmente no aparece en los balances del ajuste pero sí en las rutas rotas y los puentes sin mantenimiento.
Lo que tenés que saber:
- El Gobierno lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en Vialidad Nacional mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2026.
- La primera fase (Resolución 118/2026) registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.
- El régimen prevé pagos en hasta 8 cuotas, lo que en contexto inflacionario erosiona el valor real de la gratificación para los agentes de mayor antigüedad.
- Los trabajadores deben renunciar a litigios laborales previos y, si tienen mandato sindical, también a su cargo gremial para poder adherirse.
- Quienes se acojan quedan inhabilitados para reingresar al Estado Nacional por cinco años.
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