La provincia de Buenos Aires le puso fin al convenio de colaboración que mantenía con el Estado nacional para calcular, liquidar y distribuir las compensaciones tarifarias del transporte público automotor de pasajeros. La decisión del gobierno de Axel Kicillof quedó oficializada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y dejó bajo control bonaerense el sistema destinado a las líneas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El convenio que se clausura databa del 21 de diciembre de 2018, surgido del Consenso Fiscal acordado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Ese pacto había establecido que, desde 2019, cada jurisdicción debía definir las compensaciones y los subsidios dentro de su territorio. Buenos Aires conservó la responsabilidad de distribuir los fondos, mientras el Estado nacional aportaba los mecanismos técnicos para calcular y liquidar las sumas mensuales. El acuerdo fue prorrogado en diez oportunidades; la última adenda extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Un cierre que formaliza lo que ya era un hecho

El Decreto 875 aprobó el acta firmada el 7 de marzo pasado, por la cual ambas administraciones declararon cumplidas las obligaciones pendientes y cerraron la cooperación institucional. Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la Provincia había automatizado los pagos y asumido la gestión operativa antes de la firma de esa acta. La participación nacional había quedado reducida a una instancia burocrática que solo generaba demoras en el circuito de pagos.

La medida también alcanza las tareas vinculadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil a precio diferencial. El Ministerio señaló que la Nación había dejado de financiar el Atributo Social antes de este decreto, con lo cual el cierre del convenio no produce cambios inmediatos en ese beneficio.

El nuevo régimen bonaerense y su arquitectura de control

La ruptura administrativa se apoyó en una decisión previa del propio Ejecutivo provincial. Mediante el Decreto 3231/25, la Provincia creó el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que reemplazó la asistencia técnica de la Nación y volvió innecesario el convenio de 2018. El nuevo sistema incorpora un mecanismo de control: exige rendiciones cuatrimestrales y prevé retenciones del 10 por ciento ante la primera falta, del 50 por ciento a los 30 días y del 100 por ciento a los 60 días.

El Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, estimó que el monto involucrado ronda los 72 mil millones de pesos. Las compensaciones seguirán determinadas por los datos de los GPS instalados en los colectivos, los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados. La negociación con las cinco cámaras empresarias del sector definirá qué parte del costo absorbe el Estado, cuánto cubren las empresas y qué proporción se traslada a la tarifa.

Boleto con actualización mensual y dos revisiones anuales

El esquema tarifario mantiene actualizaciones mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor nacional, más dos puntos porcentuales para cubrir variaciones en el gasoil, los neumáticos, las carrocerías y otros insumos. También contempla dos revisiones anuales, habitualmente en febrero y noviembre. Ante el aumento del 25 por ciento en el gasoil registrado este año, la Provincia aplicó una suba extraordinaria del 14 por ciento para absorber parte del impacto sin trasladar la totalidad al boleto de una sola vez.

El gobierno bonaerense afirma que ese mecanismo busca preservar recorridos y frecuencias. El paso institucional llegó luego de meses de coordinación con las cámaras empresarias que comenzó en febrero de 2025. El último conflicto protagonizado por las empresas contra la gobernación se ubica a fines de 2024, cuando colectivos fueron estacionados frente a la sede provincial en reclamo por las demoras en los pagos nacionales.

La disputa de fondo: Nación vs. Provincia en el mapa del ajuste

La medida se inscribe en la disputa sostenida entre Kicillof y el gobierno de Javier Milei por los fondos que la Nación dejó de transferir a la Provincia. La reducción de aportes federales obligó a la administración bonaerense a cubrir gastos crecientes para sostener servicios cuyos costos suben por encima de la capacidad de pago de usuarios y empresas. El decreto, en ese contexto, no solo es un ajuste administrativo, sino también un posicionamiento político: la Provincia resuelve con sus propios recursos lo que la Nación dejó de garantizar.

La situación resulta más crítica fuera del AMBA. Cortes de servicios en el interior provincial por el aumento del combustible y del mantenimiento dejaron en evidencia que el control administrativo de los subsidios no resuelve el problema de fondo: se necesitan recursos concretos para sostener líneas con pocos pasajeros y largas distancias. Uno de los casos documentados fue la suspensión del recorrido entre Junín y General Arenales, que afectó a seis localidades.

En paralelo, el Ministerio firmó este lunes convenios para garantizar tres corredores interurbanos. Plusmar quedó a cargo de las líneas 248 C (La Plata; San Vicente; Cañuelas; Lobos; Roque Pérez; Chivilcoy; Bragado; Los Toldos) y 351 (hasta General Pinto, Lincoln y General Villegas, con paso por Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín). También se aseguró la continuidad de la línea 228 D, operada por Vía Rosario, entre Zárate y San Nicolás, a través de Baradero, San Pedro y Ramallo.

Puntos clave

• El Decreto 875/2026 oficializó el cierre del convenio Nación-Provincia que regulaba las compensaciones del transporte del AMBA desde 2018.
• El monto involucrado en el sistema de subsidios ronda los 72 mil millones de pesos mensuales.
• El Decreto provincial 3231/25 ya había creado el nuevo régimen de compensaciones que volvió innecesaria la asistencia técnica nacional.
• El boleto mantiene actualizaciones mensuales por IVA más dos puntos y dos revisiones anuales; este año se aplicó una suba extraordinaria del 14% por el gasoil.
• La disputa con el gobierno de Milei por fondos federales recortados es el telón de fondo de toda la decisión.