DDHH
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudió dichos de Gerardo Morales y lo acusó de «amenazas»
Tras la intimidación de la policía Jujeña a docentes universitarios y la intromisión en el rectorado de la Universidad de Jujuy.
La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repudió hoy de forma «enérgica» unas recientes declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre los trabajadores del Centro Universitario Tilcara (CUT) de esa institución universitaria y lo acusó de emitir «amenazas persecutorias».

A través de un comunicado, la facultad cuestionó los dichos que Morales pronunció el lunes pasado durante una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, en la que el mandatario provincial acusó a «los empleados» del CUT de «incentivar el corte (de ruta) en Tilcara» y aseguró «tener la identificación» de todos ellos.
Además, la institución de la UBA objetó que el precandidato a vicepresidente haya advertido sobre la posibilidad de «expropiar» las instalaciones del CUT, una sede de esa facultad que cuenta con varios inmuebles, espacios y predios de relevancia histórica, entre ellos el sitio arqueológico ‘Pucará de Tilcara’.
En su respuesta a Morales, desde Filosofía y Letras subrayaron que «las acciones de los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario Tilcara señaladas por Morales» promueven por el contrario «la misión social» de la universidad, que está contemplada «en el título 3 del estatuto universitario» y «en particular en su artículo 76».
También detallaron que el artículo 76 del estatuto establece que una de las funciones de la universidad es «estimular actividades que contribuyan al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia».
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno de Jujuy confisque propiedades de la UBA, desde Filosofía y Letras alertaron que «las palabras esgrimidas por el señor gobernador (por Morales) respecto a una posible expropiación de las instalaciones del CUT atentan contra el principio de autonomía universitaria».
Y recordaron que ese principio está protegido por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución, donde al enumerar las atribuciones del Congreso se establece que el Parlamento debe garantizar, entre otras cuestiones, «la autonomía y autarquía de las universidades nacionales».
En otro tramo de la declaración, la entidad universitaria citó algunas de las frases pronunciadas por Morales en la entrevista televisiva y las catalogó como «amenazas persecutorias» dirigidas a los trabajadores del CUT como también a la propia institución.
Entre esos dichos, según reprodujo la facultad, el gobernador declaró que si la UBA no contestaba un planteo hecho por él sobre «los (empleados) de la Universidad de Buenos Aires que están acá en Tilcara», en alusión al CUT, «vamos a expropiar».
«Esos (por los trabajadores del centro universitario de esa localidad de la Quebrada de Humahuaca) son los que incentivan los cortes. No todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Ponían las camionetas de la Universidad para llevar (gente al corte)», señaló Morales en esa entrevista.
En esa oportunidad, según el comunicado de la facultad, el mandatario también manifestó: «Todos esos (por los empleados del CUT) están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de imponer el orden».
Finalmente, en el pronunciamiento de la institución académica recordaron que a 40 años de la recuperación democrática el «deber» de la UBA pero también del «Gobierno Provincial de Jujuy» es «promover el respeto por la libertad de expresión, los derechos humanos de la sociedad en general y de sus trabajadores en particular».
DDHH
Murió Patricia Walsh, la diputada que impulsó anular las “leyes de impunidad”
Hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, tenía 74 años. Su proyecto abrió el camino a la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida y permitió reabrir los juicios por crímenes de la dictadura.
Patricia Walsh, la exdiputada que presentó el proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, murió este jueves a los 74 años. Estaba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido operada de una afección pulmonar; según la información difundida, su cuadro se complicó con una neumonía. Sus allegados no informaron todavía dónde será despedida.
Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, y hermana de María Victoria “Vicky” Walsh, asesinada en el operativo de la calle Corro, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta sus últimos meses fue querellante en el juicio por la muerte de su hermana.
La ley que reabrió los juicios
Walsh llegó a la Cámara de Diputados en 2001, electa por la Ciudad de Buenos Aires al frente de la lista de Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó el primer proyecto para declarar nulas las leyes de impunidad, que no consiguió quórum hasta agosto de 2003, cuando Néstor Kirchner ordenó al bloque justicialista habilitar el tratamiento.
El 12 de agosto de 2003 Diputados aprobó la nulidad y el 21 de agosto el Senado sancionó la Ley 25.779, que declaró “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521. Kirchner la promulgó el 2 de septiembre y, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y validó su nulidad, lo que permitió reabrir los juicios a cientos de represores.
En su paso por Diputados presentó 23 proyectos. El último, en septiembre de 2005, buscó declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por “su responsabilidad en el sufrimiento que padece el pueblo de Irak”.
Una militancia que empezó en los 70
Nacida en Buenos Aires en 1952, estudió en la Universidad Nacional de La Plata durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y militó en la Juventud Trabajadora Peronista y la Agrupación Evita. Trabajó como periodista desde los 17 años y, tras el triunfo de Héctor Cámpora, se sumó al diario Noticias, ligado a Montoneros, donde su padre dirigía la sección Policiales.
Después del cierre de ese diario trabajó en el área de prensa del INTI, donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y fue reincorporada en 1984. El 29 de septiembre de 1976, su hermana Vicky murió en el operativo de la calle Corro, en Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros. En marzo de 1977, un día después de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas de la ESMA y permanece desaparecido.
Con la democracia denunció ante la Conadep la desaparición de su padre y se involucró en la causa ESMA, de cuya megacausa fue querellante. En los años 90 se sumó a la agrupación HIJOS.
Candidata y legisladora
En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida y en 2000 se postuló a jefa de Gobierno porteño. En 2007 fue electa legisladora de la Ciudad y ejerció el cargo hasta 2010; más tarde integró Proyecto Sur y el Frente Camino Popular.
Su último testimonio
El juicio por la masacre de la calle Corro empezó el 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7, con seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército como acusados. En mayo, Walsh declaró ante el tribunal. Según su testimonio difundido por la prensa, dijo: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo. No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”.
“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida. Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, agregó. Y cerró: “Un país sin justicia, es un país sin futuro”.
Lo que tenés que saber:
- Patricia Walsh murió a los 74 años en la clínica Suizo Argentina.
- Presentó el proyecto que derivó en la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida.
- Diputados aprobó la nulidad el 12 de agosto de 2003 y el Senado la sancionó el 21 de agosto.
- Era hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, asesinada en la calle Corro en 1976.
- En mayo declaró como querellante en el juicio por la masacre de la calle Corro.
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