El proyecto del Súper RIGI, uno de los pilares de la estrategia de atracción de inversiones del gobierno de Javier Milei, ingresó este miércoles a un plenario de comisiones del Senado con dos cambios que el oficialismo se vio obligado a aceptar para destrabar su avance legislativo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en esa cámara, Patricia Bullrich, cedió ante reclamos de la UCR, el PRO y bloques provinciales en dos puntos que el Poder Ejecutivo había intentado sostener sin modificaciones: la protección a la industria nacional y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

La concesión tiene un costo político evidente. Al aceptar cambios sobre el texto aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto deberá regresar a ese cuerpo, una alternativa que el Gobierno había buscado esquivar con insistencia hasta último momento. La sesión en el Senado está prevista para el 10 de septiembre, fecha en la que también se incluirán otras iniciativas impulsadas por los bloques aliados.

El debate en comisiones y la presión de la UCR y los bloques provinciales

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General se reunió desde las 13 horas del miércoles, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA) respectivamente. Las negociaciones previas habían dejado en claro que sin modificaciones no habría dictamen favorable.

Uno de los ejes del debate fue el alcance de la obligación de contratar proveedores locales. El texto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deben contemplar un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente al 20% del monto destinado a ese rubro, condicionado a que exista oferta local en términos de precio y calidad. Los bloques aliados exigieron que esa protección quede circunscripta exclusivamente a bienes producidos en el territorio argentino, cerrando la puerta a que el porcentaje sea cubierto por importaciones reexportadas o intermediadas.

En la reunión de comisión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, fue explícito: «Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente». La frase sintetizó la posición de un sector industrial que ve con recelo un régimen de incentivos que, en su diseño original, podía beneficiar a grandes inversores sin generar encadenamientos productivos internos.

Energía para la IA: quién paga la infraestructura que necesita el capital

El segundo punto de fricción apunta al corazón del modelo de negocios que el Súper RIGI busca atraer: los megacentros de datos para inteligencia artificial. Los bloques provinciales plantearon que los inversores electrointensivos deberán contar con sistemas propios de generación eléctrica, de manera que el aumento de la demanda no recaiga sobre las redes existentes ni sobre el bolsillo de los usuarios residenciales.

La preocupación de los gobernadores no es abstracta. Un megacentro de datos para IA puede consumir en pocas horas la misma energía que miles de hogares durante un mes. Si esa demanda se incorpora a las redes provinciales sin infraestructura adicional, las consecuencias las pagan los vecinos a través de cortes, sobrecargas o tarifas más altas, en un contexto en que, según datos del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios y transporte acumula una suba superior al 525% desde diciembre de 2023.

El Gobierno, en cambio, argumentó que imponer esa exigencia resta atractivo al régimen y puede desalentar precisamente las inversiones que el Súper RIGI pretende captar. Es la tensión de fondo de todo el debate: hasta dónde los beneficios extraordinarios que el Estado otorga al gran capital implican también la transferencia de costos al Estado y a la población.

Qué ofrece el régimen a los grandes inversores

El Súper RIGI es una extensión y profundización del RIGI original, orientada a proyectos de mayor escala en sectores como tecnología, inteligencia artificial y minerales críticos. El paquete de incentivos incluye una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, con amortización acelerada del 60% durante el primer año y del 20% en los dos siguientes; certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota del 10%; deducción de quebrantos sin límite temporal; exención de derechos de importación y exportación; y disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.

A esos beneficios se suma una garantía de estabilidad regulatoria que blinda a los inversores frente a cambios en la legislación aplicable durante un período extendido. El régimen es, en síntesis, una cesión de soberanía fiscal y regulatoria en favor del capital extranjero de gran escala, con la promesa de que los derrames hacia la economía local compensarán lo cedido. Una promesa que, en el caso del RIGI original, ya mostró en sus primeros meses de vigencia una brecha considerable entre lo anunciado y lo efectivamente concretado.

El regreso a Diputados y el costo de los acuerdos

Con los cambios que el bloque oficialista aceptó en el Senado, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que resolver si aceptan las modificaciones o insisten en el texto original. Esa vuelta al cuerpo de origen implica un trámite adicional que el Gobierno había intentado evitar y que dilata los plazos para la entrada en vigor del régimen.

El episodio ilustra la fragilidad de la coalición parlamentaria oficialista: LLA no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y depende de alianzas que, como quedó demostrado esta semana, tienen un precio político en términos de concesiones sobre el contenido de las iniciativas. El Gobierno celebrará el avance del dictamen, pero el Súper RIGI que eventualmente se convierta en ley no será exactamente el que salió de la Casa Rosada.

Puntos clave

• LLA aceptó modificaciones al Súper RIGI para asegurar un dictamen en el Senado, pese al rechazo inicial del Ejecutivo a los cambios.
• Los bloques aliados exigieron que el 20% de contratación con proveedores locales se limite a bienes producidos en Argentina.
• Los bloques provinciales requieren que los megacentros de datos para IA cuenten con generación propia de energía, sin impacto sobre las redes existentes.
• Con las modificaciones aceptadas, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva instancia de votación.
• La sesión en el Senado está prevista para el 10 de septiembre; el régimen ofrece, entre otros beneficios, una tasa de Ganancias del 15% y disponibilidad plena de divisas a partir del tercer año.