Seguridad social
ANSES: Casi 3 millones de trabajadores perderan asignaciones familiares
La actualización de septiembre de las prestaciones deja afuera del subsidio al 22% de los remunerados en blanco, generalmente de clase media alta y alta. Directivos, supervisores y especialistas en IT quedan excluidos de cobrar entre $12.340 y $408.616, según el tipo de prestación.
El límite que excluyó a millones
⬛ Desde octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un tope individual de $2.403.613 brutos mensuales para acceder a las asignaciones familiares, según la Resolución 318/25. Quien supere este ingreso —o cuyo grupo familiar supere los $4.807.226 en conjunto— pierde automáticamente el derecho a estas prestaciones.
Del total de 13 millones de trabajadores registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino, casi 3 millones se encuentran por encima de esos límites. La medida deja excluido al 22% de los trabajadores en relación de dependencia.
La exclusión afecta de manera desproporcionada a cargos directivos, supervisores, especialistas en informática, marketing y gran parte del escalafón bancario y de fintech. Estos sectores, además de perder las prestaciones familiares, están sujetos a retención de impuesto a las ganancias.
Los montos que se pierden
Los trabajadores que quedaron fuera del programa dejaban de percibir en octubre:
- $14.223 por cónyuge
- $12.340 por hijo (en el tramo máximo)
- $68.341 por nacimiento
- $408.616 por adopción
- $102.330 por matrimonio
Para quienes permanecen dentro del tope, los montos se escalonan según el nivel salarial. Un trabajador que gana entre $1.537.111 y $4.807.226 cobra $12.340 por hijo; quien gana hasta $907.793 recibe $58.631 por cada menor.
La brecha entre límites y salarios reales
La tensión entre los topes establecidos y la realidad salarial es evidente. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se ubicaba en $1.510.680,81 a julio, prácticamente alineada con estimaciones privadas de consultoras especializadas en mercado laboral.
Aun considerando un incremento trimestral promedio del 5%, que sumaría alrededor de $75 mil, los salarios regularizados llegarían a aproximadamente $1.600.000 a octubre. Es decir, unos $800 mil por debajo del tope individual fijado por ANSES para acceder a las prestaciones.
Sin embargo, la variabilidad es significativa: cargos gerenciales, técnicos especializados y profesionales en fintech habitualmente superan esos límites individuales, quedando fuera del sistema de asignaciones.
Cómo verificar el derecho
ANSES permite consultar de manera individual si se mantiene activa la prestación. El procedimiento requiere acceder al sitio oficial con número de CUIL y datos personales. El sistema informa el estado de la prestación y las fechas de cobro disponibles.
Puntos clave
- Casi 3 millones de trabajadores quedaron excluidos de las asignaciones familiares por superar el tope de $2.403.613 brutos mensuales
- La exclusión representa el 22% de los remunerados en blanco, principalmente de ingresos medio-altos y altos
- Los montos oscilan entre $12.340 y $408.616 según el tipo de prestación, escalonados por nivel salarial
- Directivos, supervisores y especialistas en IT son los sectores más afectados
- La RIPTE se ubicaba en $1.510.680,81 a julio, muy por debajo del límite establecido para la mayoría de los trabajadores
Economía 💲
Presupuesto por DNU: Milei suma $15,6 billones y habilita más endeudamiento
El Decreto 1391/2026 amplió el gasto un 10,2%, recortó unos $7,5 billones el superávit previsto y elevó en $78,7 billones el tope para tomar deuda. Es el tercer DNU presupuestario del año y el PAMI y los intereses de la deuda se llevan la mayor tajada.
El Gobierno que hizo del superávit fiscal su bandera tuvo que admitir, por decreto, que los números de su propio Presupuesto no cerraban: amplió el gasto en $15,6 billones, resignó unos $7,5 billones del excedente previsto para fin de año y elevó en $78,7 billones la autorización para endeudarse.
La modificación llegó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, publicado este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete, en acuerdo general de ministros. La norma altera los créditos de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y, según sus considerandos, busca evitar que «peligre la prestación de ciertos servicios esenciales» a cargo del Estado nacional. Para evitar el trámite parlamentario, el Ejecutivo invocó «la naturaleza excepcional de la situación».
La inflación que no estaba en los planes
El aumento equivale al 10,2% del crédito vigente, estimado en $152,47 billones. Del otro lado, los recursos crecen unos $8,1 billones, lejos de cubrir el nuevo gasto. Según los cálculos realizados sobre las planillas anexas, de 564 folios, el superávit proyectado para 2026 bajaría de unos $26,4 billones a alrededor de $18,9 billones.
La explicación de fondo es una inflación muy por encima de la pauta con la que el Ministerio de Economía armó el Presupuesto, que dejó cortas las partidas de salarios, jubilaciones y gastos corrientes. Se trata del tercer DNU presupuestario del año, después del 594 de julio y del 867 de septiembre. Sumados a las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete, los cambios a la ley ya elevaron la autorización de gasto en unos $20 billones.
PAMI e intereses, los grandes destinos
La partida más abultada corresponde al PAMI, con unos $10 billones adicionales. Le siguen los servicios de la deuda pública, con cerca de $3,9 billones más para intereses y comisiones; el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría, con unos $0,8 billones, y la Gendarmería, con alrededor de $0,2 billones para investigación de delitos complejos y operaciones antidrogas. El mayor recorte cae sobre Servicios Económicos, con unos $2,3 billones menos.
El decreto también refuerza a la ANSES para la movilidad previsional, el bono de $70.000 para las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares; las prestaciones por desempleo, ajustadas por la suba del salario mínimo; el Plan 1000 Días, las pensiones no contributivas y las deudas con prestadores de Incluir Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Además, fija $543.205.555.376 para cancelar sentencias previsionales firmes y embargos sobre las cajas de retiros de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas.
Empresas públicas y avales
La paradoja es elocuente: un Gobierno que hizo del desguace de las empresas estatales un eje de su discurso tuvo que girarles refuerzos para que sigan funcionando. La readecuación incluye transferencias a COVIARA, FAdeA, TANDANOR, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos, Educ.ar, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ACUMAR.
El Tesoro, a su vez, cambia el destino de un aval de hasta US$100 millones a Córdoba, que pasa de «Economía Circular» a «Infraestructura Hídrica y de Saneamiento», e incorpora otro de hasta US$25 millones para Santa Fe, destinado a obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.
Más deuda, sin pasar por el Congreso
El artículo 3 eleva en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días. No se trata de deuda ya contraída sino de un techo de autorización; aun así, el decreto amplía el margen del Ejecutivo para endeudarse sin un nuevo debate parlamentario. Por tratarse de un DNU, la norma deberá pasar por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y solo perdería vigencia si la rechazan ambas cámaras.
Lo que tenés que saber
- El DNU 1391/2026 amplió el Presupuesto 2026 en $15,6 billones, un 10,2% del crédito vigente.
- Los recursos suben unos $8,1 billones y el superávit previsto cae de $26,4 a $18,9 billones.
- El PAMI recibe unos $10 billones y los intereses de la deuda, cerca de $3,9 billones.
- El tope para operaciones de crédito público sube $78,7 billones.
- Es el tercer DNU presupuestario del año y deberá pasar por la Bicameral.
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