La ciudad de Necochea amaneció conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Laura Estigarribia, policía bonaerense en actividad, y Juan Manuel Gentil, ex agente retirado. Ambos fueron encontrados sin vida en una vivienda de la calle 104 bis, con heridas de arma de fuego que, según las primeras pericias, datan de al menos dos días.

El fiscal Carlos Larrarte, a cargo de la Fiscalía N°20, confirmó que la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio. Según los testimonios de vecinos, la pareja habría mantenido una fuerte discusión antes de que Estigarribia utilizara su arma reglamentaria para disparar contra Gentil y luego quitarse la vida.

Un contexto de violencia y silencio

Los vecinos de la zona relataron que la pareja era conocida por sus conflictos. «Escuchamos gritos y una pelea fuerte hace unos días, pero después no supimos más nada», declaró uno de ellos. Fue precisamente la ausencia de movimiento en la vivienda lo que los llevó a alertar a la policía.

Estigarribia, de 36 años, prestaba servicio en una dependencia de Vivoratá, en el partido de Mar Chiquita, mientras que Gentil, de 40, había trabajado como policía en Quequén antes de retirarse. Aunque no se han reportado denuncias previas de violencia de género, el caso reabre el debate sobre el acceso a armas reglamentarias en contextos de conflictos personales y la falta de contención psicológica en las fuerzas de seguridad.

Las armas reglamentarias y la violencia intrafamiliar

Este caso no es un hecho aislado. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2022, el 15% de los femicidios en Argentina fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y en la mayoría de los casos se utilizó el arma reglamentaria. Estas cifras exponen una problemática estructural: la falta de protocolos efectivos para prevenir el uso indebido de estas armas en situaciones de violencia intrafamiliar.

Además, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado la necesidad de reforzar los controles psicológicos y emocionales en los agentes de seguridad, especialmente en contextos de estrés laboral y conflictos personales. «El acceso a un arma no puede ser un privilegio sin control, especialmente cuando hay indicios de inestabilidad emocional», advirtió un informe reciente de la organización.

Un llamado a la reflexión

La tragedia de Necochea pone en evidencia la urgencia de abordar la violencia de género y la salud mental en las fuerzas de seguridad. Mientras, las autoridades avanzan en la investigación, el caso deja preguntas abiertas sobre las fallas en los sistemas de prevención y la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad tanto de los agentes como de sus entornos familiares.

Finalmente, cabe destacar que es necesaria la capacitación de las fuerzas de seguridad en perspectiva de género, con acceso a redes de apoyo psicológico y la revisión de los protocolos de uso de armas reglamentarias y no reglamentarias a las que tienen acceso.