Judiciales ⚖️
Otro revés judicial para el líder de Los Copitos
Rechazaron la recusación del juez que condenó a Carrizo a fines de 2023 a un año de prisión en suspenso por tener «ilegítimamente dos documentos nacionales de identidad ajenos, bajo su esfera de custodia».
El jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, Gabriel Carrizo, detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, sufrió un nuevo revés judicial, esta vez en la causa en la que fue condenado por la tenencia de dos DNI ajenos.
Carrizo fue condenado a fines de 2023 a un año de prisión en suspenso por tener «ilegítimamente dos documentos nacionales de identidad ajenos, bajo su esfera de custodia».
Pero su abogado, Gastón Marano, había pedido antes de que se iniciara el juicio que le fuera concedida una probation para, de esa manera, evitar la condena.
El juez del Tribunal Oral Federal de San Martín Matías Alejandro Mancini inició igualmente el juicio oral y Carrizo terminó condenado.
Entonces el abogado Marano lo recusó argumentando que había resuelto seguir con el juicio cuando estaba pendiente el pedido de probation que, en caso de ser denegado, tenía dos instancias de apelación por delante: la Casación y la Corte Suprema.
El juez Mancini rechazó la recusación y la Casación, en un fallo unipersonal de Javier Carbajo, lo respaldó: “las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia”.
El abogado de Carrizo había invocado su “temor fundado de parcialidad- del magistrado interviniente, en virtud de que antes del inicio del debate, la parte había sido amonestada por el presidente de ese tribunal por no haber notificado a los testigos de su citación que habían sido calificados como de concepto”, añade el fallo.
Marano, en rigor, explicó que como había pedido la probation, eso impedía que se realizara el debate oral y por esa razón no convocó a los testigos “de concepto” que debían declarar en el juicio.
El tribunal lo retó públicamente porque “había incumplido una función que se le había delegado”, lo que acrecentó en la defensa del “copito” el temor de parcialidad.
Pero la Casación le respondió que “la actuación del juez en el marco de su competencia específica no es causal de apartamiento por el simple hecho de estar en desacuerdo con lo resuelto, sino que aquel se configura en un caso de arbitrariedad, en que existe un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación”.
“No se vislumbran circunstancias que autoricen a excepcionar las reglas generales en la materia que ya señalé, por verificarse una cuestión federal atendible que habilite la intervención de esta instancia casatoria”, resolvió el juez Carbajo.
Educación
Universidades: Solano denunció a Milei y Caputo por desobedecer al juez Cormick
El dirigente del Partido Obrero los acusa de «desobediencia y abuso de autoridad» por no aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pese a la medida cautelar que ordena aplicarla.
La pelea por la universidad pública llegó al fuero penal. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados por «desobediencia y abuso de autoridad» por no cumplir la orden judicial que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La denuncia la presentó Gabriel Solano, legislador porteño, dirigente del Partido Obrero (PO) y referente del Frente de Izquierda, que lo anunció en su cuenta de X: «Presenté una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por desobediencia y abuso de autoridad». Y agregó: «El Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo estas resoluciones y profundizando el ahogo presupuestario de las universidades públicas».
Una ley vetada, insistida y congelada
La Ley 27.795 actualiza los salarios y los fondos del sistema universitario en la misma proporción que la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según el escrito, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso la ratificó con mayoría calificada y el Gobierno igual eludió su aplicación: al promulgarla, la suspendió en el mismo acto mediante el Decreto 759/2025 «hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere».
El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa disposición del decreto y ordenó cumplir la ley de inmediato. El Gobierno apeló y el juez concedió el recurso, lo que suspendió esa sentencia, aunque no la obligación de pagar que fija la medida cautelar dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en marzo. La denuncia de Solano, radicada en el Juzgado Federal 4, pide investigar a Milei, a Caputo y a cualquier otro funcionario que haya intervenido en el presunto incumplimiento de esa medida cautelar.
La calle, el jueves
La presentación judicial llega en la previa de una nueva movilización: el jueves 15, el movimiento estudiantil marchará al Congreso por el financiamiento universitario, el mismo día en que la oposición busca sesionar en Diputados para derogar el DNU 70/2023. Mientras el Gobierno litiga para no pagar, docentes y no docentes siguen esperando la recomposición que la ley y la Justicia les reconocen.
Lo que tenés que saber:
- Gabriel Solano (PO) denunció penalmente a Milei y Caputo por «desobediencia y abuso de autoridad».
- El motivo es el incumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
- El Gobierno había suspendido la ley con el Decreto 759/2025 al promulgarla.
- El 6 de octubre el juez Martín Cormick declaró inconstitucional esa suspensión; el Gobierno apeló.
- El jueves 15 es la Quinta Marcha Federal Universitaria al Congreso.
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