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Carlotto sobre el #10D: “Tenemos la democracia más larga de nuestra historia, hay que cuidarla”

La presidenta de Abuelas recordó el retorno a la Democracia, al cumplirse 39 años de aquel 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió como presidente, tras casi 8 años de represión y genocidio.

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El-Argentino-Estela de Carlotto

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, destacó este sábado que la Argentina tiene «en este momento la democracia más larga» de su historia e indicó que por eso «es importante cuidarla» y que «el camino para el cambio está en el Estado». Lo dijo al cumplirse 39 años del 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió como presidente, tras más de 7 años de dictadura genocida.

En esa línea, Carlotto contó que llamó al presidente Alberto Fernández y al vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «para que sepan que los organismos de derechos humanos están con ellos y que estamos dispuestos a levantarnos y caminar para que las cosas se pongan en su lugar, pero depende del pueblo».

«Lo que el gobierno está haciendo ahora con más fuerza es lo correcto. Trato de acompañar para que sepan que los organismos de derechos humanos estamos con ellos. Hay que poner a la justicia en el lugar que tiene que estar», indicó.

«El camino para el cambio está en el Estado y el pueblo acompañando. Tenemos en este momento la democracia más larga de nuestra historia, entonces hay que cuidarla», dijo Carlotto en declaraciones a la radio AM990 en el marco del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos.

En tanto, Carlotto se refirió a la decisión de la Vicepresidenta de no presentarse a elecciones en el 2023 tras la sentencia conocida esta semana del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

«No está defendiéndose para ser presidenta, sino como mujer agraviada. Yo respeto muchísimo a Cristina porque ella decide con el pensamiento, no saben cómo enfrentarla y su interés es defenderse de la infamia», concluyó.

Los organismos de derechos humanos, junto a la secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA para denunciar «la grave situación institucional que está atravesando el país», en el marco del aniversario del Día de la Democracia.

El encuentro, que en principio se iba a realizar hoy pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la ex ESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Horario Pietragalla Corti.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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