Judiciales ⚖️
Impunidad para Garavano en el caso del hotel de Vandenbroele: Casación dejó firme su sobreseimiento
El fallo lleva la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes tuvieron por desistido el recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del exministro de Justicia Germán Garavano y el resto de los acusados de la causa en la que se investigaba si se cometieron delitos en el marco de la inclusión y permanencia de Alejandro Vandenbroele, testigo central del «Caso Ciccone», en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
El fallo lleva la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes tuvieron por desistido el recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, según surge de la resolución de dos páginas.
El caso había llegado a revisión del máximo tribunal por una apelación formulada por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe, y ya en Casación el fiscal ante ese tribunal Raúl Pleé «desistió del recurso oportunamente interpuesto por su antecesor», según surge del fallo.
Garavano, el titular del Programa de Protección de Testigos de su gestión Francisco Lagos y el propio Vandenbroele habían sido sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini en un fallo que luego fue confirmado por la Cámara Federal porteña con un fallo firmado por los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
La fiscal que intervino en la causa, Paloma Ochoa, fue la primera en apelar los sobreseimientos y su posición fue sostenida ante la Cámara Federal porteña por Agüero Iturbe y luego desistida en Casación por Pleé.
La causa se inició luego de que trascendiera a través de medios de comunicación que se habían detectado posibles irregularidades vinculadas al legajo de inclusión de Vandenbroele -quien declaró contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone- en el programa protectorio.
Una vez incluido en el programa, Vandenbroele accedió a financiamiento para un proyecto hotelero en Mendoza conocido como «La Masía» y a apoyo para regularizar su situación ante la AFIP.
Del expediente surge, además, que en reiteradas oportunidades el imputado protegido Vandenbroele incurrió en conductas violatorias de las medidas de seguridad del programa protectorio y que aún así no se lo excluyó; y que recibió financiamiento por dos años y tres meses cuando la ley establece un plazo máximo de seis meses.
Cuando opinó en contra de los sobreseimientos, el fiscal Agüero Iturbe expresó que esa decisión produjo sin la debida valoración de elementos probatorios que constan en el expediente y denotarían la «presencia de actos de corrupción».
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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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