Judiciales ⚖️
Crimen de Lucas: una policía acusada de encubrir el hecho pidió excarcelación
Se trata de Micaela Fariña, a quien se le atribuyen los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, amenazas, y odio racial.
Una de las policías de la Ciudad detenida como acusada de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza por efectivos de esa fuerza cuando se trasladaba con amigos por el barrio porteño de Barracas, pidió ser excarcelada, aunque la fiscalía dictaminó en contra y ahora el juez debe resolver la petición, informaron este jueves fuentes judiciales.
El pedido fue presentado en el juzgado a cargo de Martín Del Viso por la oficial Micaela Fariña, una de las nueve policías de la fuerza de seguridad porteña a la que se le atribuyen los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, amenazas y odio racial.
El fiscal que instruye la causa, Leonel Gómez Barbella, dictaminó en contra de otorgarle la excarcelación a la policía y ahora el juez Del Viso debe resolver.

Fariña fue la oficial que, junto a su compañera Lorena Miño, interceptó a los cuatro amigos a bordo del Volkswagen Surán Azul en el cruce de Alvarado y Perdriel.
Hasta ahí Lucas -ya baleado en la cabeza- y los otros tres adolescentes llegaron tras escapar de los policías de la Brigada de la Comuna 4 porteña que, a bordo de un auto sin identificar y sin uniformes, los interceptaron y les dispararon cuando ellos escaparon al creerlos ladrones.
Si bien Fariña y Miño aseguraron que su rol se limitó a pedir una ambulancia para el herido y asegurar en el lugar a dos amigos de Lucas -ya que el tercero se fue-, para el Ministerio Público ambas deben responder por los delitos atribuidos, ya que fueron las primeras en llegar al sitio donde se montó la escena de un supuesto tiroteo en el que se «plantó» un arma para hacer pasar a los jóvenes como delincuentes.
Junto a Fariña y Miño están acusados el comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; el comisario Fabián Du Santos y el principal Héctor Cuevas, de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.
En tanto por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio agravado de sus amigos, están detenidos los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, integrantes de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Cuidad, a quienes se les atribuye haber interceptado con un auto sin identificar y luego baleado a los cuatro jóvenes de 17 años que acababan de salir de entrenar del club Baracas Central, el 17 de noviembre pasado.
Investigación 🔎
ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo
Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.
Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.
La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.
$158.717 millones que nadie puede explicar
El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.
Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.
Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»
La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.
El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas
La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.
La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.
Lo que tenés que saber
- La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
- Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
- Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
- El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
- La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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