Movimientos Sociales
Marcha de jubilados con sindicatos y organizaciones sociales: pese a los amparos, Bullrich vuelve a militarizar las calles
El fuerte operativo represivo y los principales cortes de tránsito.
Este miércoles 9 de abril, miles de jubilados y jubiladas volvieron a movilizarse al Congreso Nacional para reclamar mejoras en sus haberes, el acceso pleno a medicamentos y el cese del ajuste económico. Desde las 15, la plaza frente al palacio legislativo se colmó de manifestantes convocados por organizaciones de jubilados, sindicatos, partidos de izquierda, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. El acto central se desarrolló alrededor de las 17, en un clima de tensión marcado por el despliegue de las Fuerzas Federales, habilitado por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
La movilización de los miércoles se volvió masiva
Como ocurre cada semana, la protesta de los sectores previsionales ganó respaldo político y sindical. En esta ocasión, participaron gremios de peso como la CGT, las dos CTA, La Bancaria, Camioneros, Sanidad, SMATA y la UOM, entre otros. La jornada también fue vista como una antesala al tercer paro general nacional, convocado para este jueves 10 de abril por las principales centrales obreras.
Los reclamos se centraron en:
- Un aumento urgente de los haberes jubilatorios.
- La restitución del 100% de descuento en medicamentos del PAMI.
- La defensa de la moratoria previsional.
- El rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público.
Despliegue policial y protocolo represivo
Desde temprano, se montó un fuerte operativo de seguridad con vallas perimetrales alrededor del Congreso. El despliegue incluyó camionetas de Gendarmería, camiones hidrantes, efectivos de la Policía Federal, Prefectura, PSA y Policía de la Ciudad. El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, ordenó la aplicación del protocolo antipiquetes, que implica un control estricto sobre el desarrollo de la protesta y la intervención de las fuerzas federales en caso de cortes totales.
“Van a estar trabajando todas las Fuerzas Federales de este lado de la valla, y no del otro lado, donde la competencia es de la Policía de la Ciudad”.
Cortes, columnas y cronograma
El cronograma de la marcha se inició al mediodía, cuando las primeras columnas sindicales comenzaron a llegar desde Hipólito Yrigoyen y Solís hacia el Congreso. Las agrupaciones de jubilados concentraron desde las 15 sobre Av. Rivadavia, entre Callao y Combate de los Pozos. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y ATE marcharon desde Avenida Rivadavia y Montevideo.
Los principales cortes de tránsito afectarán:
- Bartolomé Mitre
- Presidente Sáenz Peña
- Adolfo Alsina
- Ayacucho
Un conflicto en ascenso
La nueva movilización jubilada se produce en un contexto de creciente tensión social. Este martes más de 30 jueces porteños rechazaron la denuncia de Bullrich contra el juez Gallardo, quien había limitado la aplicación del protocolo de seguridad en protestas. Mientras tanto, desde el oficialismo nacional se sostiene la narrativa de que los piquetes son utilizados como forma de “extorsión”, en tanto las organizaciones sociales denuncian una criminalización creciente de la protesta.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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