Zona Destacada
Una vieja estafa con un barrio en Lujan complica al intendente Botto
El sueño de la casa propia puede convertirse en una pesadilla. El anhelo de tierra y techo es aprovechado por estafadores.
Por Néstor Llidó
Allá por 2011, ante la promoción de un loteo para la construcción de un futuro barrio, un grupo de 130 familias se embarcó en el siempre ansiado sueño de la casa propia en terrenos de la periferia de la ciudad bonaerense de Luján. Muchos de ellos invirtieron sus ahorros, otros hicieron el esfuerzo de abonar ese dinero y a poco de iniciarse el proyecto, prometido por una reconocida inmobiliaria, surgieron los problemas, tales como que ese lugar no contaba con autorización para el desarrollo de viviendas, entre otros inconvenientes.
Hoy, pasada más de una década, todo se transformó en lo que estas personas no dudan en calificar como “una estafa”, ya que “perdieron toda la plata” que fueron abonando en las cuotas que ahora pretenden recuperar en la demanda civil. Al mismo tiempo reclaman que la causa por “defraudación” se caratule como “asociación ilícita” en el reclamo en el ámbito penal contra la Inmobiliaria Badino.
El cartel del barrio San Ignacio, aquel loteo que presuntamente se inició para la construcción
de 130 viviendas quedó en la nada. En el medio, hubo cientos de gestiones ante la Justicia y la Municipalidad de Luján, decenas de protestas contra los supuestos desarrolladores inmobiliarios y en definitiva, esas familias estafadas, desilusionadas y ya muchas de ellas, “cansadas de reclamar”, bajando los brazos en sus reclamos.
No obstante, una mayoría sigue adelante, con la pretensión de conseguir la posesión de esos terrenos y que se reactive el plan de viviendas, inclusive bajo un proyecto cooperativo.
Mientras siguen de cerca la denuncia en lo civil, donde las mediaciones con los responsables de la Inmobiliaria Badino nunca arrojaron resultados concretos en relación a poder recuperar el dinero invertido.
Y también el expediente penal, solicitando a la Fiscalía General de Mercedes que los empresarios queden imputados por el delito de “asociación ilícita”, luego de una causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 9 Descentralizada de Luján (a cargo de la fiscal Mariana Suárez) por “defraudación”, que nunca prosperó.
“Nunca cumplieron con nada de lo prometido. Son unos estafadores, empezaron con que no se podía hacer la subdivisión, tampoco las escrituras y las 130 familias perdieron todo. Nunca dejamos de reclamar judicialmente, la Municipalidad hizo gestiones logrando que pueda quedar contemplada por el Código de Ordenamiento Urbano y aún seguimos esperando”, señalaron los damnificados, en la última marcha denunciando a la inmobiliaria.
Esos “compradores de buena fe”, hoy ven que esas tierras (lindantes a un arroyo, cercanas a la traza de la ruta 192 y detrás del barrio San Pedro), en esa zona de Luján nunca se transformaron en su “lugar para vivir, que tanto deseamos”.
“Muchas ya dan por perdida la batalla, pero la mayoría, a pesar de la incertidumbre, seguimos adelante. Reclamamos solo lo justo, que nos den los lotes por los que pagamos y ahora que está aprobado por la Municipalidad que se puede urbanizar, que se haga un plan de viviendas. Ni más, ni menos”, sostienen desde el grupo de damnificados por esta maniobra que adjudican a la inmobiliaria Badino, que contaría con antecedentes similares de incumplimientos en barrios cerrados de la zona y también en el partido de General Rodríguez.
En todo este tiempo de reclamos, por la intendencia de Luján pasaron Graciela Rosso del peronismo, Oscar Luciani por Cambiemos y el actual jefe comunal Leonardo Botto del Frente de Todos. Hubo gestiones con el gobierno provincial, a los efectos de lograr que esos terrenos contaran con servicios para su urbanización, hasta que el código de planeamiento logró resolver la cuestión, pero quien prometió el desarrollo inmobiliario “nunca se hizo cargo de la situación y sigue paseándose por la ciudad, como si nada hubiera pasado”.
Geopolítica 🌎
Milei denunció a petroleras que operan en Malvinas y ordenó sumar una Base Naval al Presupuesto 2027
El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas, violando la Ley 26.659. En simultáneo, Milei instruyó a Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027, que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas fueron denunciadas penalmente por el Estado argentino. La presentación judicial apunta a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas ellas con actuación en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, en abierta violación de la legislación argentina vigente.
La acción fue impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente. La denuncia alcanza también a los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.
La denuncia y la Ley 26.659
Según precisó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno consideró que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
La denuncia se extiende también a los accionistas de esas firmas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., como parte de una estrategia judicial que busca abarcar toda la cadena de responsabilidades corporativas involucradas en las actividades denunciadas.
«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes», señaló la Oficina del Presidente. El Ejecutivo afirmó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos del país.
El Presupuesto 2027 y la Base Naval Integrada
En paralelo con la denuncia judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre. El Gobierno presentó ambas medidas como parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país, aunque el anuncio se produce en un contexto donde el ajuste presupuestario sobre las fuerzas armadas y la infraestructura de defensa ha sido una constante de la gestión libertaria desde diciembre de 2023.
El respaldo inesperado de Israel y la lectura política
Un giro geopolítico sorpresivo acompañó los anuncios del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu «reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas» e «imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa», según publicó en su cuenta de X.
«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», sostuvo Ben Gvir. El funcionario israelí añadió que «los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino».
El respaldo de Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí con fuerte alineamiento ideológico al gobierno de Milei, suma una voz internacional al reclamo soberano argentino, aunque la posición oficial del Estado de Israel no ha cambiado ni Netanyahu respondió públicamente al pedido de su ministro.
En la arena local, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, reaccionó en X con un escueto «Prepárense», en alusión a la declaración del ministro israelí.
Una jugada soberana en año electoral
La acumulación de gestos soberanistas en un mismo día no es casual. Con el proyecto de presupuesto a días de su presentación ante el Congreso y el calendario electoral de 2027 ya condicionando la agenda del Ejecutivo, la denuncia judicial y la instrucción sobre la Base Naval le permiten al Gobierno construir un relato de firmeza frente al Reino Unido. Sin embargo, la decisión de avanzar por esta vía recién ahora, cuando la Ley 26.659 lleva más de quince años vigente, abre interrogantes sobre los criterios que guiaron la política exterior argentina con las Islas durante los primeros años de la gestión libertaria, marcados más por el alineamiento con potencias occidentales que por cualquier confrontación con Londres.
Puntos clave
- El Gobierno denunció penalmente a cinco empresas, entre ellas Navitas Petroleum y Eco Atlantic, por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas.
- La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador Sebastián Amerio y se ampara en la Ley 26.659.
- Milei instruyó al ministro Caputo para priorizar la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviarse al Congreso el 15 de septiembre.
- El ministro israelí Itamar Ben Gvir pidió públicamente a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas e imponer sanciones al Reino Unido.
- La acumulación de gestos soberanistas se produce con el calendario electoral de 2027 ya gravitando sobre la agenda del Ejecutivo.
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