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Una vieja estafa con un barrio en Lujan complica al intendente Botto
El sueño de la casa propia puede convertirse en una pesadilla. El anhelo de tierra y techo es aprovechado por estafadores.
Por Néstor Llidó
Allá por 2011, ante la promoción de un loteo para la construcción de un futuro barrio, un grupo de 130 familias se embarcó en el siempre ansiado sueño de la casa propia en terrenos de la periferia de la ciudad bonaerense de Luján. Muchos de ellos invirtieron sus ahorros, otros hicieron el esfuerzo de abonar ese dinero y a poco de iniciarse el proyecto, prometido por una reconocida inmobiliaria, surgieron los problemas, tales como que ese lugar no contaba con autorización para el desarrollo de viviendas, entre otros inconvenientes.
Hoy, pasada más de una década, todo se transformó en lo que estas personas no dudan en calificar como “una estafa”, ya que “perdieron toda la plata” que fueron abonando en las cuotas que ahora pretenden recuperar en la demanda civil. Al mismo tiempo reclaman que la causa por “defraudación” se caratule como “asociación ilícita” en el reclamo en el ámbito penal contra la Inmobiliaria Badino.
El cartel del barrio San Ignacio, aquel loteo que presuntamente se inició para la construcción
de 130 viviendas quedó en la nada. En el medio, hubo cientos de gestiones ante la Justicia y la Municipalidad de Luján, decenas de protestas contra los supuestos desarrolladores inmobiliarios y en definitiva, esas familias estafadas, desilusionadas y ya muchas de ellas, “cansadas de reclamar”, bajando los brazos en sus reclamos.
No obstante, una mayoría sigue adelante, con la pretensión de conseguir la posesión de esos terrenos y que se reactive el plan de viviendas, inclusive bajo un proyecto cooperativo.
Mientras siguen de cerca la denuncia en lo civil, donde las mediaciones con los responsables de la Inmobiliaria Badino nunca arrojaron resultados concretos en relación a poder recuperar el dinero invertido.
Y también el expediente penal, solicitando a la Fiscalía General de Mercedes que los empresarios queden imputados por el delito de “asociación ilícita”, luego de una causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 9 Descentralizada de Luján (a cargo de la fiscal Mariana Suárez) por “defraudación”, que nunca prosperó.
“Nunca cumplieron con nada de lo prometido. Son unos estafadores, empezaron con que no se podía hacer la subdivisión, tampoco las escrituras y las 130 familias perdieron todo. Nunca dejamos de reclamar judicialmente, la Municipalidad hizo gestiones logrando que pueda quedar contemplada por el Código de Ordenamiento Urbano y aún seguimos esperando”, señalaron los damnificados, en la última marcha denunciando a la inmobiliaria.
Esos “compradores de buena fe”, hoy ven que esas tierras (lindantes a un arroyo, cercanas a la traza de la ruta 192 y detrás del barrio San Pedro), en esa zona de Luján nunca se transformaron en su “lugar para vivir, que tanto deseamos”.
“Muchas ya dan por perdida la batalla, pero la mayoría, a pesar de la incertidumbre, seguimos adelante. Reclamamos solo lo justo, que nos den los lotes por los que pagamos y ahora que está aprobado por la Municipalidad que se puede urbanizar, que se haga un plan de viviendas. Ni más, ni menos”, sostienen desde el grupo de damnificados por esta maniobra que adjudican a la inmobiliaria Badino, que contaría con antecedentes similares de incumplimientos en barrios cerrados de la zona y también en el partido de General Rodríguez.
En todo este tiempo de reclamos, por la intendencia de Luján pasaron Graciela Rosso del peronismo, Oscar Luciani por Cambiemos y el actual jefe comunal Leonardo Botto del Frente de Todos. Hubo gestiones con el gobierno provincial, a los efectos de lograr que esos terrenos contaran con servicios para su urbanización, hasta que el código de planeamiento logró resolver la cuestión, pero quien prometió el desarrollo inmobiliario “nunca se hizo cargo de la situación y sigue paseándose por la ciudad, como si nada hubiera pasado”.
Judiciales ⚖️
La casta judicial se perpetúa: Milei nombró juez federal al hijo de Horacio Rosatti
El Gobierno oficializó la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La movida consolida un fenómeno que la propia Corte intenta maquillar: la reproducción endogámica del poder judicial a través de lazos familiares y operaciones discrecionales en el Consejo de la Magistratura.
El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La movida consolida un fenómeno que la propia Corte intenta maquillar: la reproducción endogámica del poder judicial a través de lazos familiares y operaciones discrecionales en el Consejo de la Magistratura.
El Decreto 445/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, estableció que se nombra juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe al doctor Emilio Rosatti. La designación se concretó luego de que el Senado aprobara la semana pasada un paquete de 74 pliegos judiciales en una sesión signada por negociaciones de último momento.
En el mismo lote santafesino, el Decreto 446/2026 designó al doctor Walter Alberto Rodríguez al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe, y el Decreto 447/2026 nombró al doctor Santiago Joaquín Saux titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela. Los tres decretos llevan las firmas de Milei y Mahiques.
El camino de la terna: cómo el hijo de Rosatti quedó primero sin tener la nota más alta
La designación de Emilio Rosatti no es un dato administrativo menor. El concurso para el cargo en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe dejó al descubierto la mecánica de la llamada familia judicial. Según datos del propio Consejo de la Magistratura, el orden de mérito provisional ubicó a Emilio Rosatti en el tercer o cuarto puesto de las distintas instancias evaluadas. Sin embargo, el paso decisivo fue la entrevista personal con la subcomisión de consejeros, que lo trasladó al primer lugar de la terna vinculante que el Consejo envió al Poder Ejecutivo.
El dato de contexto resulta contundente: el mismo día en que el ministerio de Mahiques firmaba los pliegos que incluían a Rosatti hijo, los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaban un proyecto de reforma para eliminar la discrecionalidad de esa misma instancia de las entrevistas personales. Lorenzetti, en un acto reciente, advirtió que es «muy difícil explicar los cambios que a veces se observan en las listas de concursantes sólo basados en una entrevista». El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se excusó de firmar esa iniciativa porque preside también el Consejo de la Magistratura, y optó por correrse del plenario donde se votó la terna de su hijo, que salió aprobada por unanimidad con 19 consejeros.
La trayectoria del designado y el debate sobre la idoneidad
Emilio Rosatti inició su carrera en el fuero federal en 2007 como auxiliar del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe. A lo largo de casi dos décadas escaló posiciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. La carrera interna en el fuero donde su padre construyó su trayectoria política y judicial no impidió que los cuestionamientos sobre la discrecionalidad de su ascenso al primer puesto de la terna dominaran el debate público durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado en mayo pasado.
En esa instancia, el candidato sostuvo que se postuló «con el concurso vigente» y evitó pronunciarse sobre la iniciativa de reforma de Rosenkrantz y Lorenzetti. Ante la consulta del senador Martín Soria (PJ), respondió que desconoce qué postura tomará el Consejo ante el eventual cambio de reglamento. Los interrogantes sobre el impacto que su apellido podría tener en sus futuras decisiones también estuvieron presentes, y los descartó.
Mahiques y las paradojas del «partido judicial»
La firma del decreto corresponde al ministro Juan Bautista Mahiques, figura central del denominado Partido Judicial y cuyo padre, el camarista Carlos Mahiques, transita en paralelo su propio proceso de prórroga en la Cámara Federal de Casación Penal. El episodio consolida un patrón que atraviesa distintas gestiones: los lazos familiares como articuladores del poder judicial federal, con el nepotismo como práctica estructural antes que como excepción.
En paralelo, el Ministerio de Justicia también resolvió postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Córdoba, prevista para el 15 de junio próximo. A través de la Resolución 274/2026, Mahiques fijó como nueva fecha el 8 de marzo de 2027, argumentando la necesidad de completar obras de infraestructura y recursos humanos para la implementación del sistema acusatorio.
La renuncia de Parrilli y el tablero judicial
En el mismo paquete de decretos, el Decreto 444/2026 formalizó la aceptación de la renuncia del doctor Roberto Parrilli al cargo de vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2026. El movimiento suma una vacante más al ya sobrecargado mapa de cargos pendientes en la justicia federal.
El conjunto de designaciones se produce en el marco del intento del Gobierno de cubrir más de 300 vacantes judiciales acumuladas desde el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, un proceso que Milei demoró más de dos años en iniciar y que ahora avanza a través de un Senado que aprueba ternas en sesiones cargadas de negociaciones cruzadas.
Puntos clave
- El Decreto 445/2026 designó a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe.
- Rosatti hijo encabezó la terna gracias a la instancia de entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, tras no haber obtenido las notas más altas en los exámenes escritos y de antecedentes.
- El mismo día en que se firmó su pliego, los ministros de la Corte Rosenkrantz y Lorenzetti presentaron un proyecto para limitar esa discrecionalidad.
- El padre del designado, Horacio Rosatti, se excusó de firmar la reforma y se corrió de la votación de la terna en el Consejo que preside.
- El paquete de decretos también incluyó la designación de otros dos jueces federales en Santa Fe y la aceptación de la renuncia de un camarista civil.
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